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Desarrollo mísero


En días pasados al referirnos al ex Ministro del MIVI, que en forma ilegal y clandestina procedió al cambio de código de zonificación a dos fincas de la calle 54 de la Urbanización Obarrio, comentamos que éste, para justificar su proceder, había declarado que su criterio en materia de desarrollo urbano era que "una inversión millonaria, en cualquier lugar del país, no se debe detener". Semejante discernimiento no confirma otra cosa que el aludido ex ministro del MIVI fue designado en dicho cargo por el ex presidente Pérez Balladares quién sabe por qué motivo, pero no precisamente por conocer de urbanismo.
Pero, además de violar el procedimiento de la ley, cuando cambió el código de zonificación, esta valoración del ex ministro del MIVI va también contra la Constitución Nacional que en su artículo 105 establece textualmente lo siguiente: "Es función del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social." O sea que salud no sólo es la ausencia de enfermedad o su padecimiento, sino también el estado de bienestar físico, mental y social que el ex ministro del MIVI socavó al transgredir el desarrollo armónico del territorio nacional pues su ilegal proceder administrativo aniquiló el equilibrio urbanístico establecido con la zonificación de baja densidad existente en el sector, establecida por ley.
El bienestar general físico, mental y social de que habla la Constitución Nacional no sólo abarca aspectos como el trabajo, la educación y salud, sino también vivienda, la calidad del ambiente como lo es el ruido, la calidad de agua, el aire que inhalamos, el tránsito vehicular, las facilidades del tratamiento de las aguas residuales y los residuos sólidos urbanos, etc.
Es obligación ineludible del Estado resolver los problemas de la ciudad y ello supone mejorar la habitabilidad y con ella, la calidad de vida. La calidad de vida de los ciudadanos depende de factores sociales y económicos y también de las condiciones ambientales y físico-espaciales. Precisamente, la ciudad como lugar de convivencia y de vida, dicen los técnicos en urbanismo y los sociólogos, tiene un papel determinante en la salud de las personas que viven en ella; es en la ciudad donde se desarrollan las actividades que condicionan la vida del individuo: económicas, sociales, culturales, educativas, de ocio, etc. En este sentido, "el entorno urbano como espacio de relaciones y de actividad y el entorno físico como espacio o soporte natural adaptado y modificado por el hombre, marcan unas pautas que habilitan un modo de vida y de utilización del tiempo (ocio, trabajo, obligaciones, necesidades). El trazado de las ciudades y su estética, las pautas en el uso de la tierra, la densidad de la población y de la edificación, la existencia de los equipamientos básicos y un acceso fácil a los servicios públicos y al resto de actividades propias de los sistemas urbanos tienen una importancia capital para la habitabilidad. Por lo tanto, para que se cubran las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos respecto a la habitabilidad de los barrios y la ciudad entera es aconsejable que se respete el diseño, la gestión y el mantenimiento de los sistemas urbanos de modo que se proteja la salud pública.
Es por esta razón que hemos venido insistiendo en que el asunto de la ilegal construcción del multifamiliar The Millenium es un problema de índole nacional pues la ilegal decisión del ex ministro del MIVI trata de sentar un precedente irregular en el que peligra el desarrollo sostenible de nuestra ciudad que no sólo tenemos la obligación de velar por su actual desarrollo adecuado sino que no se comprometa su capacidad de habitabilidad de las generaciones futuras. Es también por esta misma razón que hemos anunciado que si las autoridades nacionales no atienden debidamente nuestra protesta recurriremos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica, pues son muchos los intereses en juego con el irresponsable proceder del anterior gobierno.

101 años de Panamá América

 
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