Descentralización e IBI
La descentralización del Estado y el acercamiento de la gestión gubernamental a las necesidades locales de la población, es un reto inmediato que debe asumir quien lleva las riendas del Estado. La efectividad de los Planes de Modernización, y las Estrategias de Desarrollo Local, tendrá mucho que ver, con la actitud del Gobierno Nacional, hacia las municipalidades. Reformas fiscales, el desarrollo de los servicios públicos y la gestión social de los municipios, pueden verse afectadas por un manejo inadecuado de la problemática municipal. El diseño de una política de descentralización del Estado, que permita el fortalecimiento de las estructuras municipales, es una tarea por resolver.
Hoy se discute la búsqueda de fuentes que generen desarrollo autónomo, y permitan cierta sostenibilidad económica, social, política y ambiental, para lo cual, la estructura de la propiedad, constituye una fuente tradicional, sostenible y accesible para la vida misma de los municipios. Es decir, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Este tema, sensitivo para las administraciones centralistas; llega a veces, como un parto no deseado, desconociendo el fruto de un proceso natural que lleva al desarrollo local de las comunidades y de los Municipios.
Cierta obstinación se deja sentir en quienes aseguran que las municipalidades en Panamá, no están en condiciones de asumir mayores competencias y responsabilidades; por lo débiles de su estructura y la volatilidad política de su gestión. Olvidan que la gobernabilidad local es una instancia de intermediación netamente participativa, que la forma para-estatal de atender a las poblaciones, auscultar problemas y proponer y solucionar directamente necesidades básicas, es una dimensión operativa propia de la localidad comunal y municipal.
Los gobiernos centralistas, han preconizado la debilidad de las municipalidades, porque eso les ha interesado como forma de legitimar una dirección central del Estado y para oxigenar plataformas electorales y económicas de acuerdo a estrategias centrales.
Los gobernantes con mentalidad centralista, deben entender que la descentralización de la gestión del estado, constituye un medio adecuado para aliviar la pobreza. Permite una mejor detección y evaluación de las necesidades sociales, y una creciente participación de los beneficiarios en el diseño y ejecución de los programas. Panamá no es ajena a las corrientes modernas de desarrollo y menos aún, si éstas llegan como un instrumento eficaz para combatir la pobreza urbana y rural. Las garantías del derecho de propiedad sobre la tierra y las viviendas y su consecuente usufructo tributario, se ejercen a través del Estado. Esto implica la aceptación de un régimen centralizado, totalmente impenetrable e insensible a las necesidades y demandas locales.
La incertidumbre de que una política de descentralización de la gestión pública no encuentre a las municipalidades en condiciones de enfrentar los retos de la administración, el control y el ejercicio pleno de su facultad impositiva, frente al IBI, es una falacia que se diluye conforme nuestras municipalidades planifican, ejecutan y evalúan sus presupuestos conforme a la ley, y los procedimientos administrativos. Donde cada vez crecen las competencias y los servicios que deben asumir las municipalidades.
No es posible, trasladar competencias, servicios y actividades a los municipios, ni pretender un desarrollo sostenido y una autonomía política, dentro de una democracia real y participativa; si ésta no va acompañada de un ofrecimiento de los mecanismos fiscales que permitan ese desarrollo autónomo y sostenido.
La Ley No.32 (16 de octubre de 1997) -vigente- que transfiere todos los ingresos provenientes del impuesto de inmuebles, al presupuesto de inversiones del Municipio de Colón, es apenas una señal, en grado de esperanza.
La propuesta de descentralizar el Impuesto sobre la Propiedad y el Patrimonio, toca tierra panameña como una forma novedosa, de ataque a la pobreza urbana y rural, cuyos ejes de implementación pasan por una reestructuración total de las cargas impositivas, así como una propuesta de modernización de la gestión fiscal en las municipalidades que implica la modernización del catastro municipal.
La descentralización de IBI, debe permitir las iniciativas locales, las cuales contribuirían grandemente al desarrollo de políticas públicas y privadas, en la medida que sus propios recursos les permite inventariar y potenciar sus capacidades, decidir sobre la orientación de sus inversiones, y el establecimiento de una relación directa y cordial con el gobierno central, quien se favorecería con una gestión local autónoma y descentralizada.
Los proyectos de ley, que reforman el Régimen Municipal, deben incorporar los mecanismos que permitan a las municipalidades una verdadera autonomía; de no ser así, se estaría jugando al reformismo vacío, demagogo y falso.
Hoy se discute la búsqueda de fuentes que generen desarrollo autónomo, y permitan cierta sostenibilidad económica, social, política y ambiental, para lo cual, la estructura de la propiedad, constituye una fuente tradicional, sostenible y accesible para la vida misma de los municipios. Es decir, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Este tema, sensitivo para las administraciones centralistas; llega a veces, como un parto no deseado, desconociendo el fruto de un proceso natural que lleva al desarrollo local de las comunidades y de los Municipios.
Cierta obstinación se deja sentir en quienes aseguran que las municipalidades en Panamá, no están en condiciones de asumir mayores competencias y responsabilidades; por lo débiles de su estructura y la volatilidad política de su gestión. Olvidan que la gobernabilidad local es una instancia de intermediación netamente participativa, que la forma para-estatal de atender a las poblaciones, auscultar problemas y proponer y solucionar directamente necesidades básicas, es una dimensión operativa propia de la localidad comunal y municipal.
Los gobiernos centralistas, han preconizado la debilidad de las municipalidades, porque eso les ha interesado como forma de legitimar una dirección central del Estado y para oxigenar plataformas electorales y económicas de acuerdo a estrategias centrales.
Los gobernantes con mentalidad centralista, deben entender que la descentralización de la gestión del estado, constituye un medio adecuado para aliviar la pobreza. Permite una mejor detección y evaluación de las necesidades sociales, y una creciente participación de los beneficiarios en el diseño y ejecución de los programas. Panamá no es ajena a las corrientes modernas de desarrollo y menos aún, si éstas llegan como un instrumento eficaz para combatir la pobreza urbana y rural. Las garantías del derecho de propiedad sobre la tierra y las viviendas y su consecuente usufructo tributario, se ejercen a través del Estado. Esto implica la aceptación de un régimen centralizado, totalmente impenetrable e insensible a las necesidades y demandas locales.
La incertidumbre de que una política de descentralización de la gestión pública no encuentre a las municipalidades en condiciones de enfrentar los retos de la administración, el control y el ejercicio pleno de su facultad impositiva, frente al IBI, es una falacia que se diluye conforme nuestras municipalidades planifican, ejecutan y evalúan sus presupuestos conforme a la ley, y los procedimientos administrativos. Donde cada vez crecen las competencias y los servicios que deben asumir las municipalidades.
No es posible, trasladar competencias, servicios y actividades a los municipios, ni pretender un desarrollo sostenido y una autonomía política, dentro de una democracia real y participativa; si ésta no va acompañada de un ofrecimiento de los mecanismos fiscales que permitan ese desarrollo autónomo y sostenido.
La Ley No.32 (16 de octubre de 1997) -vigente- que transfiere todos los ingresos provenientes del impuesto de inmuebles, al presupuesto de inversiones del Municipio de Colón, es apenas una señal, en grado de esperanza.
La propuesta de descentralizar el Impuesto sobre la Propiedad y el Patrimonio, toca tierra panameña como una forma novedosa, de ataque a la pobreza urbana y rural, cuyos ejes de implementación pasan por una reestructuración total de las cargas impositivas, así como una propuesta de modernización de la gestión fiscal en las municipalidades que implica la modernización del catastro municipal.
La descentralización de IBI, debe permitir las iniciativas locales, las cuales contribuirían grandemente al desarrollo de políticas públicas y privadas, en la medida que sus propios recursos les permite inventariar y potenciar sus capacidades, decidir sobre la orientación de sus inversiones, y el establecimiento de una relación directa y cordial con el gobierno central, quien se favorecería con una gestión local autónoma y descentralizada.
Los proyectos de ley, que reforman el Régimen Municipal, deben incorporar los mecanismos que permitan a las municipalidades una verdadera autonomía; de no ser así, se estaría jugando al reformismo vacío, demagogo y falso.
