Desconfianza en la ACP
Eran tantos y grandes los deseos del pueblo panameño de lograr la reversión del Canal y sus áreas adyacentes, que llegó hasta el sacrificio de ofrendar la vida en una lucha permanente, como prueba de amor y entrega a esta patria por tanto tiempo sojuzgada y humillada. Sin embargo, luego de alcanzar el objetivo tan anhelado, observamos, con mucho dolor, que quienes administran este patrimonio de todos los panameños, no están haciendo lo mejor para que sus beneficios lleguen hasta las clases más necesitadas del país. Desde el primer momento en que se inició el proceso de reversión de las áreas canaleras a manos de Panamá, en virtud de los tratados Torrijos-Carter expresamos nuestro temor de que intereses partidistas y ambiciones personales pudieran desvirtuar las aspiraciones de un pueblo que luchó, hasta el sacrificio, para lograr el rescate total de la zona canalera.
Durante la época de la dictadura se concedieron, alegre e irresponsablemente edificios y viviendas a colaboradores allegados al régimen de turno en menoscabo de los intereses de un país que espera que el Canal y sus áreas, contribuyan de manera efectiva a fortalecer la economía nacional y a mejorar las condiciones sociales y económicas de todos.
La administración del Canal de Panamá viene siendo cuestionada por expertos en la materia y por profesionales que aspiran a que esa obra portentosa, patrimonio del pueblo panameño cumpla su función social, política y económica como debe ser; que las decisiones que se tomen en torno a su futuro funcionamiento no serán únicamente conocidas por el grupo que controla su marcha, sino por la mayoría de los nacionales, porque de no ser así, se pierde la confianza y la credibilidad, en quienes tienen en sus manos la responsabilidad de administrarlo, como está ocurriendo.
En un artículo del Dr. Jorge Illueca publicado en El Panamá América bajo el título: "Hacia dónde va la ACP", manifiesta: "Todos sabemos que la Constitución establece que cualquier decisión que tome el Estado panameño sobre la ampliación del Canal debe ser sometida a la voluntad popular mediante la aprobación de la Asamblea Legislativa y la realización de un referéndum nacional. La limitación que tiene la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para decidir sobre el tema mencionado es clara, pero esa limitación no inhibe a la (ACP) para hacer, probablemente, con grandes costos, diligencias sobre las cuales la ciudadanía sólo tiene impresiones vagas, fracturadas, confusas contradicciones y desorientadoras. En otras palabras nuestra ciudadanía está desinformada o ignorante de los pasos que está dando la ACP sobre la ampliación eventual del Canal. Esa ciudadanía ignora hacia dónde va la ACP".
Y termina manifestando el Dr. Jorge Illueca en cuanto a planes de ampliación del Canal: "Los panameños sentimos que algo "suena" en el canal, pero si nos atendemos a las declaraciones de los responsables de la ACP, aún está muy lejos el día en que se anuncie una decisión sobre la ampliación del canal. Entonces la Autoridad del Canal tendrá que rendir cuentas de su comportamiento responder por las acciones y omisiones ante el juicio severo de los órganos del poder público o los aciertos o desaciertos de su manejo del canal, patrimonio inalienable de la nación panameña".
Consideramos que la Administración del Canal necesita de cambios en su personal directivo que propicien el funcionamiento de una vía interoceánica con la certeza de que se está trabajando por los mejores beneficios de la comunidad marítima internacional y para las grandes mayorías nacionales, muy lejos de los intereses personales y partidistas.
La solidaridad internacional de otros congresos latinoamericanos está sumándose a Higuchi, mientras que aquellos congresistas sorprendidos se han retractado al conocer la verdad y la patraña en contra de sus propios derechos y libertades.
*Director Ejecutivo, Unidad Cubana en Pmá.
(unicubanapan@hotmail.com)
Durante la época de la dictadura se concedieron, alegre e irresponsablemente edificios y viviendas a colaboradores allegados al régimen de turno en menoscabo de los intereses de un país que espera que el Canal y sus áreas, contribuyan de manera efectiva a fortalecer la economía nacional y a mejorar las condiciones sociales y económicas de todos.
La administración del Canal de Panamá viene siendo cuestionada por expertos en la materia y por profesionales que aspiran a que esa obra portentosa, patrimonio del pueblo panameño cumpla su función social, política y económica como debe ser; que las decisiones que se tomen en torno a su futuro funcionamiento no serán únicamente conocidas por el grupo que controla su marcha, sino por la mayoría de los nacionales, porque de no ser así, se pierde la confianza y la credibilidad, en quienes tienen en sus manos la responsabilidad de administrarlo, como está ocurriendo.
En un artículo del Dr. Jorge Illueca publicado en El Panamá América bajo el título: "Hacia dónde va la ACP", manifiesta: "Todos sabemos que la Constitución establece que cualquier decisión que tome el Estado panameño sobre la ampliación del Canal debe ser sometida a la voluntad popular mediante la aprobación de la Asamblea Legislativa y la realización de un referéndum nacional. La limitación que tiene la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para decidir sobre el tema mencionado es clara, pero esa limitación no inhibe a la (ACP) para hacer, probablemente, con grandes costos, diligencias sobre las cuales la ciudadanía sólo tiene impresiones vagas, fracturadas, confusas contradicciones y desorientadoras. En otras palabras nuestra ciudadanía está desinformada o ignorante de los pasos que está dando la ACP sobre la ampliación eventual del Canal. Esa ciudadanía ignora hacia dónde va la ACP".
Y termina manifestando el Dr. Jorge Illueca en cuanto a planes de ampliación del Canal: "Los panameños sentimos que algo "suena" en el canal, pero si nos atendemos a las declaraciones de los responsables de la ACP, aún está muy lejos el día en que se anuncie una decisión sobre la ampliación del canal. Entonces la Autoridad del Canal tendrá que rendir cuentas de su comportamiento responder por las acciones y omisiones ante el juicio severo de los órganos del poder público o los aciertos o desaciertos de su manejo del canal, patrimonio inalienable de la nación panameña".
Consideramos que la Administración del Canal necesita de cambios en su personal directivo que propicien el funcionamiento de una vía interoceánica con la certeza de que se está trabajando por los mejores beneficios de la comunidad marítima internacional y para las grandes mayorías nacionales, muy lejos de los intereses personales y partidistas.
La solidaridad internacional de otros congresos latinoamericanos está sumándose a Higuchi, mientras que aquellos congresistas sorprendidos se han retractado al conocer la verdad y la patraña en contra de sus propios derechos y libertades.
*Director Ejecutivo, Unidad Cubana en Pmá.
(unicubanapan@hotmail.com)
