Desde las bananeras: La misteriosa expulsión de los 14
El pasado primero de mayo, día internacional de los trabajadores, como ya es tradición, SITRACHILCO (Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company), realizó una concentración para celebrar esa fecha. En los últimos años, la convocatoria a estos actos ha sido muy pobre. Los trabajadores bananeros, agobiados por la crisis en el sector y por los despidos masivos, no tienen muchos deseos de “celebrar” con discursos repetitivos por parte del Secretario General y sus allegados, ese día. Prefieren irse a jugar o a ver jugar sus deportes favoritos a los distintos cuadros (canchas deportivas) del área o de la cabecera (Puerto Armuelles) e incluso, prefieren tomarse unos tragos en los patios de la casa o en las casetas de la finca.
Así las cosas, con un escuálido público, el Secretario General divagaba en su discurso acerca del futuro de las bananeras, acerca de la empresa explotadora que amenazaba con declararse en quiebra, acerca del futuro de la Cooperativa de 41 miembros (menos dos que renunciaron) y en medio del letargo y de los muy pocos aplausos que arrancaba, propuso la expulsión de catorce (14) trabajadores (la mayoría, representantes sindicales de sus centros de trabajo, dicho sea de paso, con fuero sindical). “¡Que levanten las manos los que están de acuerdo con la expulsión de estos traidores al sindicato!”
Entre confusión, asombro e indiferencia, varias personas presentes en el acto, la mayoría, ni siquiera trabajadores de la finca, sino curiosos de áreas aledañas, algunos invitados del Secretario General que nada tienen que ver con la producción bananera, levantaron las manos.
El acto-mitin siguió su curso, sobre todo, sin la presencia de los “expulsados”, que más tarde o al día siguiente, se enteraron.
Este Secretario General, que tanto ha luchado por las reivindicaciones salariales y los derechos de los obreros, “se le olvidó” que el sindicato tiene un Estatuto que describe cómo se lleva a cabo un proceso de expulsión de los trabajadores. Entre otras cosas, debía haber reunido a la junta directiva del sindicato para conformar una comisión de disciplina integrada por tres directivos presidida por el secretario de fiscalización o en su defecto, por el secretario de organización o por otro, en el caso que se encuentren impedidos por ser partes afectadas. La Comisión debe recoger los cargos por los cuales se expulsaría al trabajador y debe levantar un expediente. Una copia del mismo debe ser entregada al trabajador investigado y éste dispondrá de un término de 24 horas para preparar su defensa.
El Estatuto de SITRACHILCO dice textualmente en su artículo 54: “...Una vez escuchado el descargo, si hubiere pruebas que practicar se dispondrá de un término de cinco días para practicarlas. Agotado este trámite la comisión al término de dos días rendirá un informe a la Junta Directiva. Si la Junta Directiva estima que procede la expulsión, adoptará por mayoría de votos la decisión de suspender provisionalmente al miembro del Sindicato o al miembro de la Junta Directiva que ha incurrido en causal de pérdida de cargo por incumplimiento de sus funciones, hasta tanto la Asamblea General de acuerdo con el Artículo 360 del Código de Trabajo tome una decisión final. En dicha Asamblea General la Junta Directiva presentará la acusación entregando el expediente levantado en la investigación respectiva.”
Es más, el mismo Código de Trabajo en su artículo 360 describe cómo se expulsa a un trabajador en una Asamblea General: “...
Y en el caso que nos ocupa, para expulsar a estos 14, tendrían que tener el voto de 1866 trabajadores, de los 2800 que son. El Secretario General tiene años que no puede convocar ni 400 trabajadores en Finca Blanco. Cada vez que tiene invitados gubernamentales, tiene que buscar en buses personas fuera de la finca, prometiéndoles chicha y empanadas para que la gente asista. Y no son trabajadores.
¡Caramba! Tantas violaciones juntas al estatuto sindical y al Código de Trabajo es un misterio. A todo esto, los catorce han solicitado al secretario general copia de la resolución donde los expulsa y el secretario no tiene resolución (y si la tiene, debe ser una resolución sumamente misteriosa, ¿de dónde la sacaría, cuándo, cómo?).
Los catorce han ido al Ministerio de Trabajo a solicitar copia de alguna resolución de expulsión y el Ministerio rebusca y rebusca y no encuentra nada. Ni en Puerto Armuelles, ni en David, ni en Panamá. Todo es un misterio. Definitivamente, este Secretario General parece mago, muy misterioso él. Y misteriosamente, los 14 no pueden trabajar porque los tienen “expulsados”.
Tengo la esperanza puesta en el Ministro de Trabajo, para que resuelva el caso de la misteriosa expulsión de los catorce.
También, aseguró, que en las vías de acceso y salida del multicentro existe un carril de desaceleración y uno adicional a los tres paños existentes, de cien metros lineales.
Esta versión es cuestionada por el arquitecto Alberto Arosemena, quien sostiene que este proyecto traerá implicaciones ambientales y del paisaje de la bahía, por que la circulación vial podría ser afectada por agregar un carril para que los autos abandonen las instalaciones del centro comercial.
Desde su punto de vista, en la perspectiva del diseño del paso vehicular no se contemplaron las corrientes marinas y el cuerpo de agua que baja por la corriente del río Matasnillo, que al chocarse con marea alta ocasionará mayor sedimentación, originando contaminación a la salud.
Para Arosemena fue una sorpresa el inicio de la obra, ya que esta semana tenían planeado iniciar algunos contactos para hacer una consulta ciudadana, lo que ve como una jugada de los impulsadores de la obra, adelantar el inicio para así evitar mayores cuestionamientos que lleven a la suspensión definitiva de la obra.
Mientras que el arquitecto Boris Aguilar predijo un “adiós a la bahía”, ya que con este proyecto ya son tres construcciones que se apropian de espacios marinos estatales en detrimento de su ecosistema.
El Colegio de Arquitectos hizo la denuncia de la intención de construir el puente a pesar de no contar con los permisos, lo que los obligó a actuar al margen de la ley.
El alcalde del distrito capital, Juan Carlos Navarro, señaló que “lejos de la realidad”, el municipio no ha autorizado ninguna construcción porque hasta la fecha se estudian los daños que pueden causar.
Dijo que los representantes de la obra no han identificado el número de aprobación de la ANAM, de la Autoridad Marítima de Panamá para llevar a cabo una obra como esta, además de que no tienen la caseta exigida antes de iniciar una obra.
Navarro dijo sentirse avergonzado y burlado por los proponentes de la obra y por las autoridades gubernamentales, por autorizar la obra.
“Cómo es posible que estos señores en contubernio con las autoridades gubernamentales atenten contra el derecho de los ciudadanos de tener una Avenida Balboa libre y al servicio de los usuarios”.
Así las cosas, con un escuálido público, el Secretario General divagaba en su discurso acerca del futuro de las bananeras, acerca de la empresa explotadora que amenazaba con declararse en quiebra, acerca del futuro de la Cooperativa de 41 miembros (menos dos que renunciaron) y en medio del letargo y de los muy pocos aplausos que arrancaba, propuso la expulsión de catorce (14) trabajadores (la mayoría, representantes sindicales de sus centros de trabajo, dicho sea de paso, con fuero sindical). “¡Que levanten las manos los que están de acuerdo con la expulsión de estos traidores al sindicato!”
Entre confusión, asombro e indiferencia, varias personas presentes en el acto, la mayoría, ni siquiera trabajadores de la finca, sino curiosos de áreas aledañas, algunos invitados del Secretario General que nada tienen que ver con la producción bananera, levantaron las manos.
El acto-mitin siguió su curso, sobre todo, sin la presencia de los “expulsados”, que más tarde o al día siguiente, se enteraron.
Este Secretario General, que tanto ha luchado por las reivindicaciones salariales y los derechos de los obreros, “se le olvidó” que el sindicato tiene un Estatuto que describe cómo se lleva a cabo un proceso de expulsión de los trabajadores. Entre otras cosas, debía haber reunido a la junta directiva del sindicato para conformar una comisión de disciplina integrada por tres directivos presidida por el secretario de fiscalización o en su defecto, por el secretario de organización o por otro, en el caso que se encuentren impedidos por ser partes afectadas. La Comisión debe recoger los cargos por los cuales se expulsaría al trabajador y debe levantar un expediente. Una copia del mismo debe ser entregada al trabajador investigado y éste dispondrá de un término de 24 horas para preparar su defensa.
El Estatuto de SITRACHILCO dice textualmente en su artículo 54: “...Una vez escuchado el descargo, si hubiere pruebas que practicar se dispondrá de un término de cinco días para practicarlas. Agotado este trámite la comisión al término de dos días rendirá un informe a la Junta Directiva. Si la Junta Directiva estima que procede la expulsión, adoptará por mayoría de votos la decisión de suspender provisionalmente al miembro del Sindicato o al miembro de la Junta Directiva que ha incurrido en causal de pérdida de cargo por incumplimiento de sus funciones, hasta tanto la Asamblea General de acuerdo con el Artículo 360 del Código de Trabajo tome una decisión final. En dicha Asamblea General la Junta Directiva presentará la acusación entregando el expediente levantado en la investigación respectiva.”
Es más, el mismo Código de Trabajo en su artículo 360 describe cómo se expulsa a un trabajador en una Asamblea General: “...
La Asamblea General, se reunirá mediante convocatoria especial para conocer de la expulsión.
El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos.
La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezca el afectado.
Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito.
La expulsión o remoción deberá ser aprobada por no menos de las dos terceras partes del total de miembros del sindicato. (...)”
Y en el caso que nos ocupa, para expulsar a estos 14, tendrían que tener el voto de 1866 trabajadores, de los 2800 que son. El Secretario General tiene años que no puede convocar ni 400 trabajadores en Finca Blanco. Cada vez que tiene invitados gubernamentales, tiene que buscar en buses personas fuera de la finca, prometiéndoles chicha y empanadas para que la gente asista. Y no son trabajadores.
¡Caramba! Tantas violaciones juntas al estatuto sindical y al Código de Trabajo es un misterio. A todo esto, los catorce han solicitado al secretario general copia de la resolución donde los expulsa y el secretario no tiene resolución (y si la tiene, debe ser una resolución sumamente misteriosa, ¿de dónde la sacaría, cuándo, cómo?).
Los catorce han ido al Ministerio de Trabajo a solicitar copia de alguna resolución de expulsión y el Ministerio rebusca y rebusca y no encuentra nada. Ni en Puerto Armuelles, ni en David, ni en Panamá. Todo es un misterio. Definitivamente, este Secretario General parece mago, muy misterioso él. Y misteriosamente, los 14 no pueden trabajar porque los tienen “expulsados”.
Tengo la esperanza puesta en el Ministro de Trabajo, para que resuelva el caso de la misteriosa expulsión de los catorce.
También, aseguró, que en las vías de acceso y salida del multicentro existe un carril de desaceleración y uno adicional a los tres paños existentes, de cien metros lineales.
Esta versión es cuestionada por el arquitecto Alberto Arosemena, quien sostiene que este proyecto traerá implicaciones ambientales y del paisaje de la bahía, por que la circulación vial podría ser afectada por agregar un carril para que los autos abandonen las instalaciones del centro comercial.
Desde su punto de vista, en la perspectiva del diseño del paso vehicular no se contemplaron las corrientes marinas y el cuerpo de agua que baja por la corriente del río Matasnillo, que al chocarse con marea alta ocasionará mayor sedimentación, originando contaminación a la salud.
Para Arosemena fue una sorpresa el inicio de la obra, ya que esta semana tenían planeado iniciar algunos contactos para hacer una consulta ciudadana, lo que ve como una jugada de los impulsadores de la obra, adelantar el inicio para así evitar mayores cuestionamientos que lleven a la suspensión definitiva de la obra.
Mientras que el arquitecto Boris Aguilar predijo un “adiós a la bahía”, ya que con este proyecto ya son tres construcciones que se apropian de espacios marinos estatales en detrimento de su ecosistema.
El Colegio de Arquitectos hizo la denuncia de la intención de construir el puente a pesar de no contar con los permisos, lo que los obligó a actuar al margen de la ley.
El alcalde del distrito capital, Juan Carlos Navarro, señaló que “lejos de la realidad”, el municipio no ha autorizado ninguna construcción porque hasta la fecha se estudian los daños que pueden causar.
Dijo que los representantes de la obra no han identificado el número de aprobación de la ANAM, de la Autoridad Marítima de Panamá para llevar a cabo una obra como esta, además de que no tienen la caseta exigida antes de iniciar una obra.
Navarro dijo sentirse avergonzado y burlado por los proponentes de la obra y por las autoridades gubernamentales, por autorizar la obra.
“Cómo es posible que estos señores en contubernio con las autoridades gubernamentales atenten contra el derecho de los ciudadanos de tener una Avenida Balboa libre y al servicio de los usuarios”.
