Desde las bananeras: Pobre Mojarra Blanca
El traspaso de los activos de la transnacional bananera Puerto Armuelles Fruit Company a la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR) ha sido un paso trascendental, donde el gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso ha depositado el futuro de esa tan importante actividad agrícola en el área de Puerto Armuelles, en las manos de los trabajadores. Además, la transacción se hace en gran parte con dinero del pueblo panameño, provenientes del Banco Nacional de Panamá y por esta razón, todos y todas debemos estar vigilantes que este negocio salga bien para beneficio de la sociedad en general.
He escuchado con atención desde hace un tiempo al Contralor de la República hablar con mucho entusiasmo de esta nueva experiencia, única en su clase. Yo misma me siento ilusionada con la posibilidad de éxito de esta empresa bananera en la figura de una cooperativa de trabajadores.
Una cooperativa constituida por 41 socios: fulanito, menganito, zutanito, perenzejo, tuliviejo, meterejo; en fin, una serie de allegados/as del secretario general y el socio número 41, el sindicato. Como todos los fulanitos y fulanitas mencionados/as anteriormente también pertenecen al sindicato, pertenecen a la cooperativa doblemente. Y como el sindicato lo conforman los cotizantes, cerca de 2800 trabajadores aproximadamente, esto quiere decir que esa cantidad de trabajadores están representados en la cooperativa en la figura de uno solo. O sea, fulanito representa una voz y un voto en una asamblea de la cooperativa, lo mismo que zutanito y lo mismo que “el sindicato”.
222Allí mismo quedó tendido Mojarra Blanca. Cuan largo era cayó de bruces. Pobre Mojarra Blanca. Diez mil balboas por 40 años de servicio y lealtad suprema al secretario general.
En otras palabras, si al final del año se reparten 41 mil balboas en dividendos, para ser equitativos, debe dividirse entre los 41 miembros que tiene esa cooperativa. Correspondería de esta forma mil balboas a cada miembro. ¿Cómo se haría con el miembro número 41? Pues muy fácil, se divide mil balboas entre 2,800. Saquen la cuenta. No hay duda, esta es una cooperativa muy sui géneris.
Pero los trabajadores no empezaron su trabajo cooperativista con mucho entusiasmo. Tal vez se debió al pago de sus prestaciones. A don Teodoro G. de Finca Jagua, con 25 años de servicio, la empresa le calculó sus prestaciones en junio del año pasado, en B/ 11,000.00. Ahora, cuando fue a buscar su cheque, le salieron con B/6,863.00. Claro, se le subió la presión al pobre. Todavía está lidiando con ese problema de salud.
A don Abundio, de la empacadora de Palo Blanco, con 30 años de servicio, le pagaron B/7,500.00. El señor, que está afectado por los fertilizantes tóxicos con los que trabajó durante años, ahora se siente afectado emocionalmente.
A don Martín C. del departamento de electricidad, hace dos años, la empresa le ofreció, por sus más de 30 años de servicio, una liquidación de 24 mil balboas. Hoy, su fuero sindical y su amistad con el secretario general le sirvieron para que le pagaran uno de los más elevados “mutuo acuerdos” del momento: 17 mil balboas.
Pero no a todos los que tenían fuero sindical les fue así de “bien”. Los adversarios del secretario general tomaron duro. Una se pone a pensar que: ¿Cuál habrá sido el método para calcular estas prestaciones laborales?
Lo que sí es una historia para contar fue lo que le pasó a don “Mojarra Blanca”. Recuerdo que me contaron que este tan mentado Mojarra Blanca de Finca Níspero, es un fanático del secretario general. A tal punto, que en las pasadas elecciones sindicales, según cuentan, le correspondió votar en la mesa de Finca Corredor. Gritaba a boca de jarro, que: “¡El negro es el hombre, carajo!” “¡Aquí está mi voto, miren, papeleta celeste para que les duela!” “¡Aquí hay sindicato pa´rato con este negro!” De tanto estar agitando su voto, se lo mandaron a anular, porque como se sabe, el voto es secreto y no se debe enseñar.
Fue de los primeros en ir a buscar su cheque a la caseta de Finca Corredor. En las gradas de la caseta, algunos trabajadores, sus esposas, niños y niñas se acomodaron como en una butaca de cine, para ver el desfile de los trabajadores cobrando sus cheques de liquidación (que como ya sabemos, eran “mutuos acuerdos”, inconsultos con los trabajadores). Le corresponde el turno a don Mojarra Blanca. Ya el Secretario General había anunciado el pasado primero de mayo, que la incertidumbre que embargaba a los trabajadores se borraría automáticamente al ver esos cheques de 15 mil, 20 mil y más. Serían doblemente felices, porque tendrían su dinero contante y sonante y además, continuarían trabajando en la nueva empresa.
¡Qué más podría aspirar don Mojarra Blanca! Eran 40 años de servicio los que tenía a cuestas. Era el momento supremo. Nunca más se iba a sentir tan feliz, como en ese momento que cobraría su montón de plata por tantos años de servicio y por la fidelidad al secretario general. ¡Viva el negro!, gritaba emocionado al ver que se acercaba su turno en la fila. Tan feliz iba que no se percataba del semblante de asombro y dolor que tenían sus compañeros al mirar sus cheques.
“¿Dónde hay que firmar?”, preguntó. Nada de leer antes de firmar, esas son las instrucciones y hay que cumplirlas. El sabe seguir instrucciones. Su disciplina sindical le ha valido contar con la confianza del secretario general. Cambio y fuera. Firmar y recibir el cheque.
Allí mismo quedó tendido Mojarra Blanca. Cuan largo era cayó de bruces. Pobre Mojarra Blanca. Diez mil balboas por 40 años de servicio y lealtad suprema al secretario general. Por un momento, el silencio atrapó, como a un pez en el agua, a toda la caseta de Finca Corredor. De pronto, no se sabe de dónde, se escuchó un grito, que despertó del silencio a todos los presentes: “¡El negro es el hombre, carajo!”
Indica que el hecho es que muchas veces la PTJ realiza investigaciones o mantiene detenciones mayores a las 24 horas, incumpliendo con el debido proceso establecido en la Constitución Política, o sin poner en conocimiento al Ministerio Público. Situación similar ocurre con la Policía Nacional, sobre todo con los miembros de la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP).
El experto señala que no cabe duda que muchas investigaciones no llegan a su final, porque las víctimas no aportan las pruebas, desisten de la denuncia o bien porque recuperaron el bien robado o hurtado, o en los casos de homicidios, muchos por temor a que le hagan algún daño no quieren ser testigos y brindar una declaración jurada para vincular al sospechoso con el hecho.
Agrega que Panamá como país chico en territorio y subdesarrollado no cuenta como, por ejemplo, Estados Unidos con un gran presupuesto en materia judicial para cambiarle la identidad a los testigos y mandarlos lejos del radio de acción donde ocurrió el crimen, manifestó Carrasquilla.
Para James Innis no hay una política de seguimiento a los delincuentes cuando éstos salen de las prisiones ni tampoco se estudia el modus operandi de cómo se cometen los más sonados crímenes en Panamá.
Indica que en caso de las pandillas no se les da un seguimiento ni se investigan sus modos operandi, adiestramiento y formas de vestir de sus adeptos. Las autoridades siempre se limitan a informar la cantidad de pandillas que existen en el país, dijo Innis.
En cuanto a la actuación del Organo Judicial en la lucha contra el crimen, Carrasquilla destaca que esta corporación debe ser "despolitizada" o de lo contrario el común de la gente seguirá pensando que el que está preso es aquel que no tiene influencia en el Organo Judicial.
El experto señala que una de las grandes interrogantes que deben hacerse las autoridades de la Corte Suprema de Justicia es cómo, a pesar de haberse creado más juzgados penales y civiles, no aumentan los casos resueltos y tampoco disminuye la población penal.
Innis recomienda que para mejorar la situación existente, las autoridades deben de inmediato buscar dos asesores en materia de criminalidad de probada ejecutoria y capacidad para comenzar a resolver estos homicidios difíciles.
También recomienda, a mediano plazo, que estos nuevos funcionarios adiestren en forma intensiva en un período de un mes a todos los detectives de la PTJ en materia de criminalidad.
Por su parte, Carrasquilla propone que para que se resuelvan más ágilmente los casos, producto de la criminalidad y la delincuencia en general en Panamá, debe existir un reglamento de escalafón en la PTJ para que las personas que realicen las investigaciones sean las más idóneas al momento de investigar un hecho criminal.
Deben consolidarse esfuerzos para conseguir ayuda o cooperación tanto en equipo como en adiestramiento en materia de investigación criminal, con los países desarrollados con que Panamá guarda buenas relaciones, y se vea reflejado en el funcionamiento de la P.T.J, recomienda el experto.
También señala que debe existir una coordinación constante entre todos los estamentos de investigación, administración de justicia y los sistemas penitenciarios para agilizar el trabajo al momento de investigar los delitos.
Propone modificar el sistema para escoger a los jueces y magistrados del Organo Judicial, para que de esta manera sean seleccionados por su historial académico, profesional y experiencia en el campo jurídico, para que realmente sean jueces y magistrados idóneos en sus cargos.
"Todo esto se logrará cuando exista una Dirección de Política Criminal que diagnostique, coordine y presente propuestas coherentes y efectivas en nuestros estamentos de investigación, administración de justicia y tratamiento del delincuente", aseguró Carrasquilla.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, a pesar de haber transcurrido trece años desde su creación, la PTJ no logra el grado de profesionalización y capacitación adecuado para enfrentar la criminalidad en Panamá.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
He escuchado con atención desde hace un tiempo al Contralor de la República hablar con mucho entusiasmo de esta nueva experiencia, única en su clase. Yo misma me siento ilusionada con la posibilidad de éxito de esta empresa bananera en la figura de una cooperativa de trabajadores.
Una cooperativa constituida por 41 socios: fulanito, menganito, zutanito, perenzejo, tuliviejo, meterejo; en fin, una serie de allegados/as del secretario general y el socio número 41, el sindicato. Como todos los fulanitos y fulanitas mencionados/as anteriormente también pertenecen al sindicato, pertenecen a la cooperativa doblemente. Y como el sindicato lo conforman los cotizantes, cerca de 2800 trabajadores aproximadamente, esto quiere decir que esa cantidad de trabajadores están representados en la cooperativa en la figura de uno solo. O sea, fulanito representa una voz y un voto en una asamblea de la cooperativa, lo mismo que zutanito y lo mismo que “el sindicato”.
222Allí mismo quedó tendido Mojarra Blanca. Cuan largo era cayó de bruces. Pobre Mojarra Blanca. Diez mil balboas por 40 años de servicio y lealtad suprema al secretario general.
En otras palabras, si al final del año se reparten 41 mil balboas en dividendos, para ser equitativos, debe dividirse entre los 41 miembros que tiene esa cooperativa. Correspondería de esta forma mil balboas a cada miembro. ¿Cómo se haría con el miembro número 41? Pues muy fácil, se divide mil balboas entre 2,800. Saquen la cuenta. No hay duda, esta es una cooperativa muy sui géneris.
Pero los trabajadores no empezaron su trabajo cooperativista con mucho entusiasmo. Tal vez se debió al pago de sus prestaciones. A don Teodoro G. de Finca Jagua, con 25 años de servicio, la empresa le calculó sus prestaciones en junio del año pasado, en B/ 11,000.00. Ahora, cuando fue a buscar su cheque, le salieron con B/6,863.00. Claro, se le subió la presión al pobre. Todavía está lidiando con ese problema de salud.
A don Abundio, de la empacadora de Palo Blanco, con 30 años de servicio, le pagaron B/7,500.00. El señor, que está afectado por los fertilizantes tóxicos con los que trabajó durante años, ahora se siente afectado emocionalmente.
A don Martín C. del departamento de electricidad, hace dos años, la empresa le ofreció, por sus más de 30 años de servicio, una liquidación de 24 mil balboas. Hoy, su fuero sindical y su amistad con el secretario general le sirvieron para que le pagaran uno de los más elevados “mutuo acuerdos” del momento: 17 mil balboas.
Pero no a todos los que tenían fuero sindical les fue así de “bien”. Los adversarios del secretario general tomaron duro. Una se pone a pensar que: ¿Cuál habrá sido el método para calcular estas prestaciones laborales?
Lo que sí es una historia para contar fue lo que le pasó a don “Mojarra Blanca”. Recuerdo que me contaron que este tan mentado Mojarra Blanca de Finca Níspero, es un fanático del secretario general. A tal punto, que en las pasadas elecciones sindicales, según cuentan, le correspondió votar en la mesa de Finca Corredor. Gritaba a boca de jarro, que: “¡El negro es el hombre, carajo!” “¡Aquí está mi voto, miren, papeleta celeste para que les duela!” “¡Aquí hay sindicato pa´rato con este negro!” De tanto estar agitando su voto, se lo mandaron a anular, porque como se sabe, el voto es secreto y no se debe enseñar.
Fue de los primeros en ir a buscar su cheque a la caseta de Finca Corredor. En las gradas de la caseta, algunos trabajadores, sus esposas, niños y niñas se acomodaron como en una butaca de cine, para ver el desfile de los trabajadores cobrando sus cheques de liquidación (que como ya sabemos, eran “mutuos acuerdos”, inconsultos con los trabajadores). Le corresponde el turno a don Mojarra Blanca. Ya el Secretario General había anunciado el pasado primero de mayo, que la incertidumbre que embargaba a los trabajadores se borraría automáticamente al ver esos cheques de 15 mil, 20 mil y más. Serían doblemente felices, porque tendrían su dinero contante y sonante y además, continuarían trabajando en la nueva empresa.
¡Qué más podría aspirar don Mojarra Blanca! Eran 40 años de servicio los que tenía a cuestas. Era el momento supremo. Nunca más se iba a sentir tan feliz, como en ese momento que cobraría su montón de plata por tantos años de servicio y por la fidelidad al secretario general. ¡Viva el negro!, gritaba emocionado al ver que se acercaba su turno en la fila. Tan feliz iba que no se percataba del semblante de asombro y dolor que tenían sus compañeros al mirar sus cheques.
“¿Dónde hay que firmar?”, preguntó. Nada de leer antes de firmar, esas son las instrucciones y hay que cumplirlas. El sabe seguir instrucciones. Su disciplina sindical le ha valido contar con la confianza del secretario general. Cambio y fuera. Firmar y recibir el cheque.
Allí mismo quedó tendido Mojarra Blanca. Cuan largo era cayó de bruces. Pobre Mojarra Blanca. Diez mil balboas por 40 años de servicio y lealtad suprema al secretario general. Por un momento, el silencio atrapó, como a un pez en el agua, a toda la caseta de Finca Corredor. De pronto, no se sabe de dónde, se escuchó un grito, que despertó del silencio a todos los presentes: “¡El negro es el hombre, carajo!”
Indica que el hecho es que muchas veces la PTJ realiza investigaciones o mantiene detenciones mayores a las 24 horas, incumpliendo con el debido proceso establecido en la Constitución Política, o sin poner en conocimiento al Ministerio Público. Situación similar ocurre con la Policía Nacional, sobre todo con los miembros de la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP).
El experto señala que no cabe duda que muchas investigaciones no llegan a su final, porque las víctimas no aportan las pruebas, desisten de la denuncia o bien porque recuperaron el bien robado o hurtado, o en los casos de homicidios, muchos por temor a que le hagan algún daño no quieren ser testigos y brindar una declaración jurada para vincular al sospechoso con el hecho.
Agrega que Panamá como país chico en territorio y subdesarrollado no cuenta como, por ejemplo, Estados Unidos con un gran presupuesto en materia judicial para cambiarle la identidad a los testigos y mandarlos lejos del radio de acción donde ocurrió el crimen, manifestó Carrasquilla.
Para James Innis no hay una política de seguimiento a los delincuentes cuando éstos salen de las prisiones ni tampoco se estudia el modus operandi de cómo se cometen los más sonados crímenes en Panamá.
Indica que en caso de las pandillas no se les da un seguimiento ni se investigan sus modos operandi, adiestramiento y formas de vestir de sus adeptos. Las autoridades siempre se limitan a informar la cantidad de pandillas que existen en el país, dijo Innis.
En cuanto a la actuación del Organo Judicial en la lucha contra el crimen, Carrasquilla destaca que esta corporación debe ser "despolitizada" o de lo contrario el común de la gente seguirá pensando que el que está preso es aquel que no tiene influencia en el Organo Judicial.
El experto señala que una de las grandes interrogantes que deben hacerse las autoridades de la Corte Suprema de Justicia es cómo, a pesar de haberse creado más juzgados penales y civiles, no aumentan los casos resueltos y tampoco disminuye la población penal.
Innis recomienda que para mejorar la situación existente, las autoridades deben de inmediato buscar dos asesores en materia de criminalidad de probada ejecutoria y capacidad para comenzar a resolver estos homicidios difíciles.
También recomienda, a mediano plazo, que estos nuevos funcionarios adiestren en forma intensiva en un período de un mes a todos los detectives de la PTJ en materia de criminalidad.
Por su parte, Carrasquilla propone que para que se resuelvan más ágilmente los casos, producto de la criminalidad y la delincuencia en general en Panamá, debe existir un reglamento de escalafón en la PTJ para que las personas que realicen las investigaciones sean las más idóneas al momento de investigar un hecho criminal.
Deben consolidarse esfuerzos para conseguir ayuda o cooperación tanto en equipo como en adiestramiento en materia de investigación criminal, con los países desarrollados con que Panamá guarda buenas relaciones, y se vea reflejado en el funcionamiento de la P.T.J, recomienda el experto.
También señala que debe existir una coordinación constante entre todos los estamentos de investigación, administración de justicia y los sistemas penitenciarios para agilizar el trabajo al momento de investigar los delitos.
Propone modificar el sistema para escoger a los jueces y magistrados del Organo Judicial, para que de esta manera sean seleccionados por su historial académico, profesional y experiencia en el campo jurídico, para que realmente sean jueces y magistrados idóneos en sus cargos.
"Todo esto se logrará cuando exista una Dirección de Política Criminal que diagnostique, coordine y presente propuestas coherentes y efectivas en nuestros estamentos de investigación, administración de justicia y tratamiento del delincuente", aseguró Carrasquilla.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, a pesar de haber transcurrido trece años desde su creación, la PTJ no logra el grado de profesionalización y capacitación adecuado para enfrentar la criminalidad en Panamá.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
