Desde luego, no son; pero se hacen...
Los "decretos Torrijos", supuestamente destinados a honrar una de las tres promesas principales de su campaña, la de garantizar seguridad, no nacieron en agosto pasado; ellos fueron engendrados en las entretelas de la "patria nueva" muchos meses atrás y son el pretexto para esconder las añoranzas militaristas del PRD.
Los decretos leyes nunca debieron nacer. Nada los justificaba. Y la utilización de "facultades extraordinarias" fue una abierta confesión de los oscuros propósitos de sus gestores. Si Panamá no está en guerra con Colombia, ¿contra qué invasión tenemos que defendernos? Si las FARC no pretenden derrocar al gobierno panameño, pues su lucha es contra el gobierno colombiano, entonces, ¿para qué necesitamos un ejército en la frontera, que nos costará 70 u 80 millones anuales mantener? Si las drogas que ingresan a Panamá, por donde menos pasan es por la frontera con Colombia, ¿para qué servirá estacionar 5,000 soldados a lo largo de los 263,000 metros que recorre la línea fronteriza con ese país? Las respuestas son obvias; y las sabemos todos. Y, desde luego, también las saben quienes gobiernan, que no son, pero se hacen...
La Constitución es clara. Todo decreto ley que el Organo Ejecutivo dicte en uso de facultades extraordinarias, debe ser sometido a la Asamblea para que ésta "legisle" sobre la materia a que éste se refiera. Legisle quiere decir que los discuta como si fueran proyectos de leyes, en tres debates públicos, y decida si deben convertirse en leyes. Y esto, también por mandato de la Constitución, debe hacerlo "en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente".
La legislatura ordinaria inmediatamente siguiente es la que comenzó el pasado 1 de septiembre y termina el 31 de diciembre de 2008. En unos días completará su segundo mes, y la Asamblea, controlada por el PRD, sigue dándole largas a su obligación constitucional; y "los decretos Torrijos" siguen en vigor y, con cargo a ellos se hacen, sin licitación, compras millonarias de equipos para espionaje, armas y muchas otras cosas que no sabemos, pues al ser clasificadas como "asunto de seguridad", Torrijos y su flamante ministro de Gobierno las deciden en secreto.
La iniciativa de demandar la inconstitucionalidad de "los decretos Torrijos" es un paso positivo; pero no es suficiente. El fallo de la Corte Suprema, cuando se produzca, puede ser inocuo si, mientras éste llega, el gobierno sigue utilizándolos para seguir remilitarizando el país. Y, tampoco es suficiente el compromiso hecho por tres de los candidatos presidenciales, excepto la del PRD, por supuesto, de derogar los nefastos decretos Torrijos cuando eventualmente pudieran asumir la presidencia. Lo urgente, lo necesario, es detener su aplicación, y detenerla ya.
Como candidato independiente, propongo que los partidos "de oposición" presenten en la Asamblea una resolución que: 1) de manera inmediata y total, suspenda la aplicación de "los decretos Torrijos", y 2) los declare derogados si para el 31 de diciembre de 2008 la Asamblea "no ha legislado sobre sus contenidos", como lo ordena el párrafo tercero, del numeral 16, del Articulo 159, de la Constitución. Pero no basta con presentarla, debemos exigir su aprobación, utilizando las medidas de presión que sean necesarias. Los del PRD no son tontos, aunque cuando les conviene se hacen. Y si no los forzamos a retroceder, seguirán adelante con su proyecto militarista. ¡O los detenemos a tiempo o después lo lamentaremos!
