Deshonran a la Normal
El primer punto que evacuó la Presidenta Mireya Moscoso en su discurso a propósito de la instalación de la Asamblea Legislativa, fue la controversia sobre la sede de su celebración. Simplemente resaltó “el hecho sin precedentes en nuestra historia, que la instalación de este período legislativo se produce en un sitio revestido de especial relevancia histórica, cultural y social, como lo es la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, de Santiago de Veraguas; alma mater de miles de hombres y mujeres abnegados, que durante décadas han forjado a nuestra juventud por los caminos del trabajo responsable y dedicado, al amor de nuestra patria, a su historia y tradiciones; un sitio que es parte fundamental de nuestra nacionalidad.” Al resaltar algo que indudablemente carece de precedente, ignoró otros conceptos igualmente importantes como lo son la constitucionalidad, la institucionalidad y el respeto a la ley, todos los cuales quedan mancillados producto de una decisión de su gobierno.
El artículo 143 de la Constitución Nacional vigente establece con claridad meridiana, perfectamente inteligible hasta por un niño de tercer grado de la Normal, que las reuniones de la Asamblea tienen que tener lugar “en la capital de la República”: “La Asamblea Legislativa se reunirá por derecho propio, sin previa convocatoria, en la capital de la República, en sesiones que durarán ocho meses en el lapso de un año, dividido en dos legislaturas ordinarias de cuatro meses cada una”. Como bien indica la Presidenta, la instalación de la Asamblea en la Normal es “un hecho sin precedentes”, ya que nunca antes en la República un gobernante se había atrevido a violar la Constitución vigente, toda vez que desde la primera Constitución de la República de 1904 y las del 1941, de 1946 y hasta la que produjo la dictadura militar en 1972, han requerido que las sesiones de la Asamblea, tanto la inaugural como las siguientes, se celebren en la ciudad capital.
Evidentemente, no se está ante una discusión constitucional sobre la conveniencia de la norma. Para que fuere oportuno, ello hubiera sido propicio hace meses y en otro contexto. Tampoco restamos la importancia en la formación de nuestra nacionalidad de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Sin embargo, dotándola de recursos para continuar prestando su servicio educativo hubiera sido más apropiado que desperdiciándolos habilitándola para recibir a los representantes de los tres órganos y de misiones extranjeras en un acto altamente protocolar. Aunque pretendían honrar al centro educativo con el acto ceremonial, la han manchado con este episodio de ingrata recordación, toda vez que será recordado como el sitio donde se celebró una sesión de la Asamblea Legislativa en clara violación de la Constitución Nacional.
Lo que al ciudadano común sí le cabe es que esa violación tuvo lugar de manera que la pingüe concurrencia pudiera cumplir con el acto constitucional e inmediatamente, parafraseando a la Presidenta, pudiera unirse al pueblo “a sólo unos metros de [ese] recinto” para celebrar “la tradicional y folklórica fiesta del Carnaval”, por “cuatro días en los que queda de lado el trabajo, la política, la seriedad.” Pero olvidan que la resaca del Carnaval estará también acompañada de las secuelas de sus actuaciones ilegales.
El artículo 143 de la Constitución Nacional vigente establece con claridad meridiana, perfectamente inteligible hasta por un niño de tercer grado de la Normal, que las reuniones de la Asamblea tienen que tener lugar “en la capital de la República”: “La Asamblea Legislativa se reunirá por derecho propio, sin previa convocatoria, en la capital de la República, en sesiones que durarán ocho meses en el lapso de un año, dividido en dos legislaturas ordinarias de cuatro meses cada una”. Como bien indica la Presidenta, la instalación de la Asamblea en la Normal es “un hecho sin precedentes”, ya que nunca antes en la República un gobernante se había atrevido a violar la Constitución vigente, toda vez que desde la primera Constitución de la República de 1904 y las del 1941, de 1946 y hasta la que produjo la dictadura militar en 1972, han requerido que las sesiones de la Asamblea, tanto la inaugural como las siguientes, se celebren en la ciudad capital.
Evidentemente, no se está ante una discusión constitucional sobre la conveniencia de la norma. Para que fuere oportuno, ello hubiera sido propicio hace meses y en otro contexto. Tampoco restamos la importancia en la formación de nuestra nacionalidad de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Sin embargo, dotándola de recursos para continuar prestando su servicio educativo hubiera sido más apropiado que desperdiciándolos habilitándola para recibir a los representantes de los tres órganos y de misiones extranjeras en un acto altamente protocolar. Aunque pretendían honrar al centro educativo con el acto ceremonial, la han manchado con este episodio de ingrata recordación, toda vez que será recordado como el sitio donde se celebró una sesión de la Asamblea Legislativa en clara violación de la Constitución Nacional.
Lo que al ciudadano común sí le cabe es que esa violación tuvo lugar de manera que la pingüe concurrencia pudiera cumplir con el acto constitucional e inmediatamente, parafraseando a la Presidenta, pudiera unirse al pueblo “a sólo unos metros de [ese] recinto” para celebrar “la tradicional y folklórica fiesta del Carnaval”, por “cuatro días en los que queda de lado el trabajo, la política, la seriedad.” Pero olvidan que la resaca del Carnaval estará también acompañada de las secuelas de sus actuaciones ilegales.
