Designación de magistrados
El 31 de diciembre, vence el período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, José Troyano y Graciela Dixon, por lo que mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del Órgano Judicial, se debe nombrar el reemplazo de éstos, en virtud de lo que establece el Art. 203 de la Constitución.
No obstante, aún no se conoce públicamente quiénes aspiran a ocupar tan distinguidos cargos, contrario a lo que ocurrió en diciembre de 2005, cuando el Ejecutivo hizo una autorregulación mediante Resolución del Consejo de Gabinete No. 91 de 23 de noviembre de 2005, donde ordenaba una convocatoria pública de los aspirantes para que se diera un procedimiento más participativo de designación, y donde ellos se sometieran al escrutinio público para verificar la credibilidad que tienen ante la comunidad por sus valores éticos y morales, idoneidad técnica y jurídica, compromiso con los derechos humanos y la democracia. Todo, en virtud de propuesta que hiciera la Comisión de Estado por la Justicia. En ese procedimiento, las nuevas designaciones recayeron en los actuales magistrados Harley James Mitchell y Víctor Benavides Pinilla. En cuanto a sus suplentes, conforme la última reforma constitucional, sólo pueden ser funcionarios de Carrera Judicial, un avance en excelencia e independencia.
En otro aspecto, por disposición constitucional, ahora los magistrados de la Corte no podrán ser nombrados por quien esté ejerciendo o haya ejercido como Diputado o suplente de Diputado y, cargos de mando y jurisdicción en el Ejecutivo en el período constitucional en curso, por lo que este impedimento es otro avance para garantizar la independencia del Poder Judicial. Aunque hay que reconocer que podría fortalecerse el procedimiento de designación de los magistrados, no sólo con el cumplimiento de los nuevos requisitos constitucionales para ello, sino más bien con la búsqueda de un perfil para el cargo, que podría en un futuro desarrollarse mediante una ley, y que en alguna medida pretendió la autorregulación del Ejecutivo.
Por lo que queda de nuevo en manos del Ejecutivo y la Asamblea Nacional, que el Poder Judicial tenga los profesionales del derecho más idóneos, para que realcen su imagen que ha sido tan cuestionada.
