"Despidos" en Elektra Noreste
El Sindicato de Trabajadores de las Empresas del Sector Eléctrico (antes conocido como SITIRHE o Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación) ha denunciado que Elektra Noreste, S.A., una de las empresas distribuidoras de energía que fueron recientemente privatizadas por el Estado, está realizando despidos masivos de personal. La empresa ha respondido confirmando que no han despedido a nadie y que tan sólo están ejecutando un plan de reducción de personal que implica ofertas de terminación por mutuo acuerdo con beneficios económicos adicionales a lo establecido por ley y pactado en la convención colectiva celebrada con el Sindicado. El conflicto entre en Elektra Noreste tiene relevancia nacional y política ya que es la primera experiencia en que una empresa privatizada desea reducir su planilla como parte de su reestructuración.
En efecto, hasta el momento ninguna empresa privatizada ha reducido personal. En el caso del INTEL, la adquirente, la empresa inglesa Cable & Wireless, no redujo personal alguno. De hecho, han retenido todo el personal, reubicándolo en los casos de redundancia y reentrenándolo para intentar servir mejor a su clientela. Por lo tanto, no se ha cumplido el pronóstico de los sindicatos y opositores al programa de privatización del actual gobierno en el sentido que muchas plazas serían eliminadas y miles de panameños quedarían en las calles por la venta de empresas públicas.
La estrategia de Cable & Wireless y Elektra Noreste es distinta a la de EDE Metro-Oeste y EDE Chiriquí, quienes han optado por iniciar un proceso de evaluación de sus aproximadamente 2,000 trabajadores para posteriormente tomar las acciones que consideren apropiadas. Desde ya, sin embargo, han dicho que no esperan cambios importantes en la composición de su fuerza laboral.
En todo caso, como bien apuntó el exdirector del IRHE y ahora ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, los representantes sindicales de los trabajadores del IRHE sabían que la empresa tenía 30% más del personal necesario cuando negociaron la nueva convención colectiva y por eso acordaron jugosos recargos por terminaciones inmediatamente después de la privatización.
En el fondo, hay que reconocer el derecho de la administración de cualquier empresa de determinar cómo manejar su fuerza laboral. Los trabajadores pueden y deben tener injerencia en las decisiones que se tomen al respecto, la cual necesariamente es canalizada a través de sus representantes sindicales. Si éstos llegan a acuerdos con los cuales los trabajadores están insatisfechos, le corresponde a la dirigencia sindical responder, no a la empresa.
En efecto, hasta el momento ninguna empresa privatizada ha reducido personal. En el caso del INTEL, la adquirente, la empresa inglesa Cable & Wireless, no redujo personal alguno. De hecho, han retenido todo el personal, reubicándolo en los casos de redundancia y reentrenándolo para intentar servir mejor a su clientela. Por lo tanto, no se ha cumplido el pronóstico de los sindicatos y opositores al programa de privatización del actual gobierno en el sentido que muchas plazas serían eliminadas y miles de panameños quedarían en las calles por la venta de empresas públicas.
La estrategia de Cable & Wireless y Elektra Noreste es distinta a la de EDE Metro-Oeste y EDE Chiriquí, quienes han optado por iniciar un proceso de evaluación de sus aproximadamente 2,000 trabajadores para posteriormente tomar las acciones que consideren apropiadas. Desde ya, sin embargo, han dicho que no esperan cambios importantes en la composición de su fuerza laboral.
En todo caso, como bien apuntó el exdirector del IRHE y ahora ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, los representantes sindicales de los trabajadores del IRHE sabían que la empresa tenía 30% más del personal necesario cuando negociaron la nueva convención colectiva y por eso acordaron jugosos recargos por terminaciones inmediatamente después de la privatización.
En el fondo, hay que reconocer el derecho de la administración de cualquier empresa de determinar cómo manejar su fuerza laboral. Los trabajadores pueden y deben tener injerencia en las decisiones que se tomen al respecto, la cual necesariamente es canalizada a través de sus representantes sindicales. Si éstos llegan a acuerdos con los cuales los trabajadores están insatisfechos, le corresponde a la dirigencia sindical responder, no a la empresa.
