Desregulación energética
En California la desregulación tuvo lugar en momentos en que la demanda crecía y la oferta no. Allá se mantuvo estricta regulación del precio al consumidor, pero se liberaron los precios de generación. Cuando la oferta de energía resultó insuficiente para la demanda y subieron los precios de los mayoristas, quedaron estranguladas las distribuidoras ya que no podían pasarle el incremento en el costo a los consumidores. Estos, sin embargo, siguieron consumiendo. Hoy, se utilizan las arcas del Estado de California para salvar al sector. En Inglaterra la experiencia ha sido totalmente diferente. Los precios han bajado significativamente y el servicio es eficiente.
En Panamá, hubo que recurrir a la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) cuando las autoridades cayeron en cuenta que no contaban con la capacidad financiera y técnica para continuar prestando el servicio. Al igual que sus homólogos alrededor del mundo, el IRHE aprovechó su monopolio y el exceso de crédito internacional para realizar grandes obras mientras que prestaba un servicio deficiente que cobraba a unos pocos a un alto costo, no sólo para el consumidor sino para el Estado y el país.
En 1997, se repartieron los activos y actividades del IRHE en ocho empresas: tres para distribución, cuatro para generación y una para transmisión. Las siete empresas de distribución y generación fueron exitosamente privatizadas en 1998, reteniendo el Estado una participación accionaria importante en todas ellas, pero habilitando al comprador para que tuviera absoluto control sobre la administración de cada empresa. La empresa de transmisión permaneció como propiedad absoluta del Estado. Como parte de la privatización, se celebraron contratos de suministro de energía entre las distribuidoras y generadoras y se fijaron las tarifas que las distribuidoras podrían cobrar a sus clientes hasta el 30 de junio de 2003.
Hasta ahora en Panamá no ha ocurrido lo de California debido al exceso de capacidad en el sistema y a un excelente marco jurídico, muy similar al de Inglaterra. Es cierto que las tarifas siguen altas, pero eso es producto de años de deficiencia estatal. También hay que recordar que los compradores de las empresas privatizadas pagaron más de 500 millones de dólares en base a esas tarifas. Ahora, el Ente Regulador de Servicios Públicos debe promover la competencia, primero entre los generadores y eventualmente (cuando venza la exclusividad en 12 años) entre los distribuidores, siempre preservando la continuidad del servicio.
En Panamá, hubo que recurrir a la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) cuando las autoridades cayeron en cuenta que no contaban con la capacidad financiera y técnica para continuar prestando el servicio. Al igual que sus homólogos alrededor del mundo, el IRHE aprovechó su monopolio y el exceso de crédito internacional para realizar grandes obras mientras que prestaba un servicio deficiente que cobraba a unos pocos a un alto costo, no sólo para el consumidor sino para el Estado y el país.
En 1997, se repartieron los activos y actividades del IRHE en ocho empresas: tres para distribución, cuatro para generación y una para transmisión. Las siete empresas de distribución y generación fueron exitosamente privatizadas en 1998, reteniendo el Estado una participación accionaria importante en todas ellas, pero habilitando al comprador para que tuviera absoluto control sobre la administración de cada empresa. La empresa de transmisión permaneció como propiedad absoluta del Estado. Como parte de la privatización, se celebraron contratos de suministro de energía entre las distribuidoras y generadoras y se fijaron las tarifas que las distribuidoras podrían cobrar a sus clientes hasta el 30 de junio de 2003.
Hasta ahora en Panamá no ha ocurrido lo de California debido al exceso de capacidad en el sistema y a un excelente marco jurídico, muy similar al de Inglaterra. Es cierto que las tarifas siguen altas, pero eso es producto de años de deficiencia estatal. También hay que recordar que los compradores de las empresas privatizadas pagaron más de 500 millones de dólares en base a esas tarifas. Ahora, el Ente Regulador de Servicios Públicos debe promover la competencia, primero entre los generadores y eventualmente (cuando venza la exclusividad en 12 años) entre los distribuidores, siempre preservando la continuidad del servicio.
