Deterioro de la educación nacional
El proceso educativo en cada país es observado, vigilado, analizado con cuidado extremo. En Panamá también nos preocupa el desarrollo de la educación, aunque este último quinquenio ha resultado ser el período más nefasto de la educación panameña. Y no puede ser de otro modo frente a un fenómeno de por sí complejo, en el que se entrecruzan muchos factores que van de lo psíquico y frágil -la mente del niño- a lo físico y sólido, esto es, la condición del edificio en donde se educa.
Entre estos dos extremos se yergue el complejo mundo de los factores humanos relativos a los que enseñan, de su calidad, de su número, de su progreso; de los métodos puestos en juego, de las técnicas y procedimientos, objetivos, orientaciones y finalidades de la educación. Por eso, cuando las autoridades desconocen o hacen caso omiso de la importancia de estos factores, y se dedican a otros menesteres contrarios a los fundamentos de la educación (politiquería, nepotismo, nombramientos de personal no idóneo, negligencia, amiguismo, etc.), el proceso educativo sucumbe y el retraso económico del país es más evidente, como lo demuestra la realidad panameña actual.
Conviene referirse a los grandes hitos históricos de nuestra educación, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional, en 1909; la Escuela Normal "Juan Demóstenes Arosemena", en 1939; y la Universidad de Panamá, en 1935. Lo realizado desde entonces ha sido brillante; salvo algunos eclipses provocados por la actividad política, no siempre favorables al mejor desarrollo de la educación nacional (el período 1999-2004 de este desgobierno mireyista, es el peor y más reciente ejemplo negativo).
No obstante, algunas agrupaciones y asociaciones de educadores han manifestado que el sistema educativo debe considerarse como uno de los factores más relevantes en las transformaciones que se proyectan y merece el país. Ellos están conscientes de que cabe dar a la enseñanza una nueva y revolucionaria orientación y modificar y revisar con detenimiento sus métodos. En realidad, tenemos maestros y profesores de aula capaces de trabajar en buenas condiciones con los alumnos, pero en general no tenemos administradores competentes, ni maestros con una adecuada comprensión de lo que significa, para la eficiencia misma de su trabajo con los alumnos, el que esté respaldado por una buena administración.
Con todo, existe en el sector educativo, y en la comunidad nacional, consenso sobre la urgente necesidad de estructurar la administración de un nuevo sistema escolar, de modo que, bajo la autoridad del Ministro (de un buen ministro) y con sus tareas, responsabilidades y relaciones claras y definidas, se establezca la función consultiva, en un Consejo Nacional de Educación, fortaleciendo en su composición y en sus responsabilidades de señalar las grandes líneas de la política educativa; de proponer prioridades y pronunciarse sobre los fines, metas y normas, así como de evaluar de tiempo en tiempo la medida en que se cumple la política para proponer las modificaciones que ésta pueda requerir.
Se ha de tomar en cuenta dos problemas conexos: la supervisión y la evaluación, con respecto de los cuales el sistema educativo presente graves deficiencias que necesitan ser colmadas cuanto antes. Salvo en el actual nivel primario o de educación básica general, y aún en este caso, con grandes limitaciones, los servicios escolares funcionan sin supervisión. No debe quedar duda entre los educadores sobre la urgente necesidad de remediar esta situación.
La evaluación, por otra parte, reducida entre nosotros a la del rendimiento y la personalidad de los alumnos, debe extenderse a todo el personal de los servicios escolares; a la escuela como conjunto en todos los aspectos, desde la planta física hasta las modalidades que en cada una necesita adoptar el programa; a los sistemas escolares locales, para apreciar en qué medida educativo nacional, que nunca hasta ahora ha sido objeto de una evaluación metódica y científica para apreciar si la educación está cumpliendo o no lo que la Nación espera de ella y respondiendo a los esfuerzos y sacrificios que se hacen para mantenerla.
Estas y muchas otras cosas hay que atender con urgencia en el servicio de la educación nacional. El próximo gobierno tiene este formal reto. Cuidar que no se deteriore más el sistema educativo, como lamentablemente lo deja este infortunado desgobierno de la Sra. Moscoso.
Según explicó el artículo 17 de la Ley Orgánica, sólo le da a la Junta Directiva, funciones de vigilancia.
El Panamá América conversó con el ministro de Salud, Fernando Gracia, quien además es miembro de la Junta Directiva, el cual destacó que este es un proceso administrativo de la Caja de Seguro Social y no de la Junta Directiva.
Explicó que la ley faculta a la Junta Directiva de ser vigilante de los procesos administrativos sin tener capacidad de decisión; de allí que se haya sugerido y conformado una comisión externa dentro de la CSS integrada por técnicos de alto nivel del Instituto Oncológico y el Hospital Santo Tomás para vigilar que las cosas se hicieran correctamente.
Ayer en la publicación titulada "Escándalo de tomógrafos desata crisis en la CSS", por un error de levantado de texto se resaltó que Publio Cortés envió una carta a Juan Jované dándole a conocer el informe de Emergency Care Research Institute (ECRI), en el que esta organización señalaba que las características técnicas de los pliegos para la licitación de un cinefluoroangiógrafo favorecían a las distribuidoras de General Electric y Phillips.
El actual viceministro de Economía y Finanzas, Publio Cortés hizo saber que el informe que elaboró ECRI para el MEF, y que tiene fecha de 31 de octubre de 2002, señala en uno de sus puntos que "especificaciones como la 3.1, 5.2 y 6.1 establecen exigencias de factores no relacionados con la función clínica del equipo. Si se exige que el equipo cumpla con esas especificaciones, se eliminan fabricantes importantes tales como General Electric y Phillips".
Por otro lado, señaló Cortés que en otro de los puntos que ECRI menciona a marcas específicas, es cuando hace referencia de la sección 6.1 en la que se requiere un mínimo para la tabla de elevación del paciente de 80 cm. o menos. El informe dice que con esto se excluye a la mayoría de los sistemas de General Electric, que tienen una tabla mínima de elevación del paciente de 85 cm y sugería que por ser una diferencia mínima el requisito sea cambiado a 95 cm.
Según Cortés, el informe también señalaba una serie de cuestinamientos que pusieron en duda la posibilidad de una competencia libre en el acto público, por lo que él procedió a pedir el cese del proceso de licitación del cinefluoroangiógrafo.
Entre estos dos extremos se yergue el complejo mundo de los factores humanos relativos a los que enseñan, de su calidad, de su número, de su progreso; de los métodos puestos en juego, de las técnicas y procedimientos, objetivos, orientaciones y finalidades de la educación. Por eso, cuando las autoridades desconocen o hacen caso omiso de la importancia de estos factores, y se dedican a otros menesteres contrarios a los fundamentos de la educación (politiquería, nepotismo, nombramientos de personal no idóneo, negligencia, amiguismo, etc.), el proceso educativo sucumbe y el retraso económico del país es más evidente, como lo demuestra la realidad panameña actual.
Conviene referirse a los grandes hitos históricos de nuestra educación, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional, en 1909; la Escuela Normal "Juan Demóstenes Arosemena", en 1939; y la Universidad de Panamá, en 1935. Lo realizado desde entonces ha sido brillante; salvo algunos eclipses provocados por la actividad política, no siempre favorables al mejor desarrollo de la educación nacional (el período 1999-2004 de este desgobierno mireyista, es el peor y más reciente ejemplo negativo).
No obstante, algunas agrupaciones y asociaciones de educadores han manifestado que el sistema educativo debe considerarse como uno de los factores más relevantes en las transformaciones que se proyectan y merece el país. Ellos están conscientes de que cabe dar a la enseñanza una nueva y revolucionaria orientación y modificar y revisar con detenimiento sus métodos. En realidad, tenemos maestros y profesores de aula capaces de trabajar en buenas condiciones con los alumnos, pero en general no tenemos administradores competentes, ni maestros con una adecuada comprensión de lo que significa, para la eficiencia misma de su trabajo con los alumnos, el que esté respaldado por una buena administración.
Con todo, existe en el sector educativo, y en la comunidad nacional, consenso sobre la urgente necesidad de estructurar la administración de un nuevo sistema escolar, de modo que, bajo la autoridad del Ministro (de un buen ministro) y con sus tareas, responsabilidades y relaciones claras y definidas, se establezca la función consultiva, en un Consejo Nacional de Educación, fortaleciendo en su composición y en sus responsabilidades de señalar las grandes líneas de la política educativa; de proponer prioridades y pronunciarse sobre los fines, metas y normas, así como de evaluar de tiempo en tiempo la medida en que se cumple la política para proponer las modificaciones que ésta pueda requerir.
Se ha de tomar en cuenta dos problemas conexos: la supervisión y la evaluación, con respecto de los cuales el sistema educativo presente graves deficiencias que necesitan ser colmadas cuanto antes. Salvo en el actual nivel primario o de educación básica general, y aún en este caso, con grandes limitaciones, los servicios escolares funcionan sin supervisión. No debe quedar duda entre los educadores sobre la urgente necesidad de remediar esta situación.
La evaluación, por otra parte, reducida entre nosotros a la del rendimiento y la personalidad de los alumnos, debe extenderse a todo el personal de los servicios escolares; a la escuela como conjunto en todos los aspectos, desde la planta física hasta las modalidades que en cada una necesita adoptar el programa; a los sistemas escolares locales, para apreciar en qué medida educativo nacional, que nunca hasta ahora ha sido objeto de una evaluación metódica y científica para apreciar si la educación está cumpliendo o no lo que la Nación espera de ella y respondiendo a los esfuerzos y sacrificios que se hacen para mantenerla.
Estas y muchas otras cosas hay que atender con urgencia en el servicio de la educación nacional. El próximo gobierno tiene este formal reto. Cuidar que no se deteriore más el sistema educativo, como lamentablemente lo deja este infortunado desgobierno de la Sra. Moscoso.
Según explicó el artículo 17 de la Ley Orgánica, sólo le da a la Junta Directiva, funciones de vigilancia.
El Panamá América conversó con el ministro de Salud, Fernando Gracia, quien además es miembro de la Junta Directiva, el cual destacó que este es un proceso administrativo de la Caja de Seguro Social y no de la Junta Directiva.
Explicó que la ley faculta a la Junta Directiva de ser vigilante de los procesos administrativos sin tener capacidad de decisión; de allí que se haya sugerido y conformado una comisión externa dentro de la CSS integrada por técnicos de alto nivel del Instituto Oncológico y el Hospital Santo Tomás para vigilar que las cosas se hicieran correctamente.
Ayer en la publicación titulada "Escándalo de tomógrafos desata crisis en la CSS", por un error de levantado de texto se resaltó que Publio Cortés envió una carta a Juan Jované dándole a conocer el informe de Emergency Care Research Institute (ECRI), en el que esta organización señalaba que las características técnicas de los pliegos para la licitación de un cinefluoroangiógrafo favorecían a las distribuidoras de General Electric y Phillips.
El actual viceministro de Economía y Finanzas, Publio Cortés hizo saber que el informe que elaboró ECRI para el MEF, y que tiene fecha de 31 de octubre de 2002, señala en uno de sus puntos que "especificaciones como la 3.1, 5.2 y 6.1 establecen exigencias de factores no relacionados con la función clínica del equipo. Si se exige que el equipo cumpla con esas especificaciones, se eliminan fabricantes importantes tales como General Electric y Phillips".
Por otro lado, señaló Cortés que en otro de los puntos que ECRI menciona a marcas específicas, es cuando hace referencia de la sección 6.1 en la que se requiere un mínimo para la tabla de elevación del paciente de 80 cm. o menos. El informe dice que con esto se excluye a la mayoría de los sistemas de General Electric, que tienen una tabla mínima de elevación del paciente de 85 cm y sugería que por ser una diferencia mínima el requisito sea cambiado a 95 cm.
Según Cortés, el informe también señalaba una serie de cuestinamientos que pusieron en duda la posibilidad de una competencia libre en el acto público, por lo que él procedió a pedir el cese del proceso de licitación del cinefluoroangiógrafo.
