Día contra la violencia de género
Uno de los mayores logros de los movimientos de mujeres durante la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993 fue el reconocimiento de la violencia contra las mujeres y las niñas como una violación de derechos humanos, lo que quedó plasmado tanto en la Declaración como en el Plan de Acción de dicha conferencia. Para llegar a este reconocimiento fueron necesarias décadas de acciones y de movilizaciones de todo tipo a nivel mundial.
Las diversas campañas y movilizaciones realizadas desde 1982 por grupos y organizaciones sociales de mujeres, ONG’s y oficinas estatales en América Latina y el Caribe para llamar la atención sobre la violencia de género, han tenido importantes resultados tanto en el ámbito jurídico como en el de sensibilización a la opinión pública sobre este grave flagelo social, al punto que Latinoamérica fue la primera región en promover y aprobar un instrumento jurídico de importancia como es la Convención sobre la Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia en Contra de las Mujeres (Convención de Belem do Para), aprobada en 1994 por la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada y ratificada por más de 23 países miembros, entre ellos Panamá por medio de la Ley 12 de 1995. Ratificar esta convención significó, a lo interno de nuestro país, promover y lograr una ley contra la violencia (Ley 27 de 1995), la cual fue un gran avance jurídico para las féminas y su posterior reforma en el 2001 con la Ley 38 que la hizo más específica y más efectiva en cuanto a sus contenidos, aplicación, medidas y sanciones.
La violencia de género es un problema que afecta el desarrollo de los pueblos, pues sus efectos se relacionan con la educación, la violencia social en general, la salud, la administración de justicia, la seguridad, el mercado laboral, etc. El costo social de la violencia basada en el género causa más muertes e incapacidad entre las mujeres entre 15 y 44 años que el cáncer, la malaria, los accidentes de tránsito y hasta la guerra; produce, además, un alto costo social en jornadas de trabajo perdidas o de descenso en el rendimiento laboral; gastos por los servicios a las víctimas, entre otros.
Es cierto que mundialmente se ha logrado una mayor atención y comprensión de la violencia basada en el género, y se han puesto en ejecución medidas más efectivas para confrontarla. Pero falta aún mucho más por hacer para crear y sostener un ambiente en el que todas las mujeres puedan vivir sus vidas libres de este flagelo; se requieren campañas sostenidas a todo nivel para cambiar las mentalidades que aún hoy ven y toleran como algo natural la violencia contra las mujeres. Por ello, en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tenemos el deber de renovar el compromiso de seguir luchando por la erradicación de la violencia basada en el género.
Para terminar mis reflexiones como “accionista”, yo sólo debo expresar que es un sentimiento actualmente muy generalizado la necesidad que la ACP realice en su manejo los ajustes necesarios que la coloquen a un nivel acorde con la realidad nacional y el sentir de los panameños.
Las diversas campañas y movilizaciones realizadas desde 1982 por grupos y organizaciones sociales de mujeres, ONG’s y oficinas estatales en América Latina y el Caribe para llamar la atención sobre la violencia de género, han tenido importantes resultados tanto en el ámbito jurídico como en el de sensibilización a la opinión pública sobre este grave flagelo social, al punto que Latinoamérica fue la primera región en promover y aprobar un instrumento jurídico de importancia como es la Convención sobre la Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia en Contra de las Mujeres (Convención de Belem do Para), aprobada en 1994 por la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada y ratificada por más de 23 países miembros, entre ellos Panamá por medio de la Ley 12 de 1995. Ratificar esta convención significó, a lo interno de nuestro país, promover y lograr una ley contra la violencia (Ley 27 de 1995), la cual fue un gran avance jurídico para las féminas y su posterior reforma en el 2001 con la Ley 38 que la hizo más específica y más efectiva en cuanto a sus contenidos, aplicación, medidas y sanciones.
La violencia de género es un problema que afecta el desarrollo de los pueblos, pues sus efectos se relacionan con la educación, la violencia social en general, la salud, la administración de justicia, la seguridad, el mercado laboral, etc. El costo social de la violencia basada en el género causa más muertes e incapacidad entre las mujeres entre 15 y 44 años que el cáncer, la malaria, los accidentes de tránsito y hasta la guerra; produce, además, un alto costo social en jornadas de trabajo perdidas o de descenso en el rendimiento laboral; gastos por los servicios a las víctimas, entre otros.
Es cierto que mundialmente se ha logrado una mayor atención y comprensión de la violencia basada en el género, y se han puesto en ejecución medidas más efectivas para confrontarla. Pero falta aún mucho más por hacer para crear y sostener un ambiente en el que todas las mujeres puedan vivir sus vidas libres de este flagelo; se requieren campañas sostenidas a todo nivel para cambiar las mentalidades que aún hoy ven y toleran como algo natural la violencia contra las mujeres. Por ello, en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tenemos el deber de renovar el compromiso de seguir luchando por la erradicación de la violencia basada en el género.
Para terminar mis reflexiones como “accionista”, yo sólo debo expresar que es un sentimiento actualmente muy generalizado la necesidad que la ACP realice en su manejo los ajustes necesarios que la coloquen a un nivel acorde con la realidad nacional y el sentir de los panameños.
