Diablos rojos al abismo, y no se dan cuenta
El transporte colectivo es uno de los tres más graves problemas nacionales. Los otros son la Caja de Seguro Social y la deuda pública. Tienen de común su tremendo impacto colectivo y su inmediatez en el sentido de que no admiten espera. Pero a diferencia de los dos últimos que dependen de la evolución de la crisis económica del país, la solución del primero requiere del coraje y determinación de un buen gobernante para reventar un sistema podrido hasta el tuétano, que parte de la Dirección Nacional del Tránsito y acaba en los dueños de buses, pasando por las concesionarias transportistas, sus miembros y dirigentes, sin excepción. Allí no hay nada ni nadie bueno digno de ser rescatado, salvo que una buena guadaña cercene todo aquello y una retroexcavadora lo arranque de raíces y lo que quede sea reducido a cenizas, porque ni para abono sirve.
¿Por qué los diablos rojos andan matando y atropellando gente? Por su sentido de impunidad. Nadie de aquél aparato, ni conductores ni propietarios, responden por nada y las autoridades llamadas a imponer respeto están bajo sus órdenes y paga. Las leyes del tránsito son para el transporte particular y no el público, hasta el punto que, cuando colisionan entre sí, producto de uno de los tantos choques de vehículos, los del transporten público nunca pagan, ni van a las audiencias. Las pocas veces que son multados o detenidos, siempre llega el padrino presto a dar la exoneración. Y si atropellan, al cabo de un par de días y una pequeña fianza, están pronto de vuelta a las calles. La ley les exige seguro, pero nadie la cumple ni exige su cumplimiento.
La ley de transporte colectivo coloca en manos del gobierno y los gremios transportistas el control de todo aquello. Los usuarios y el resto de la comunidad están excluidas de su junta directiva, compuesta por legisladores transportistas, dueños de buses y pelechadores de Gobierno y Justicia. El otro organismo de mayor poder es la Cámara Nacional de Transporte, formada por buseros, maleantes, dueños y legisladores del sector. No tiene mando ni jurisdicción, pero ni falta le hace pues - cuando quiere - detiene y requisa vehículos y placas para cobrar cuotas sindicales, cancela o niega renovaciones de cupos y esquilma a los de la cola del sistema, a conductores y palancas.
El soborno y abuso de conductores e inversionistas que financian la compra de vehículos para enriquecer a la cúpula es la única regla. Al final los hilos conductores van hacia un puñado de caciques y Gobierno y Justicia, que manejan el botín de piratas. El resultado es la anarquía y el desastre imperante. Pero van a pagarlo caro. Se van a quedar sin nadie que financie la renovación de la flota de 30 mil buses que en sólo cinco años estará reducida a chatarra (ya están quedándose en media calle). Y no habrá entonces - sin garantías para los inversionistas - Banco Nacional que los salve pues, a razón de B/.50 mil cada uno, se requerirá B/.1,500 millones que ni el gobierno ni los maleantes que mandan tienen. Van hacia el abismo y no se dan cuenta.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
¿Por qué los diablos rojos andan matando y atropellando gente? Por su sentido de impunidad. Nadie de aquél aparato, ni conductores ni propietarios, responden por nada y las autoridades llamadas a imponer respeto están bajo sus órdenes y paga. Las leyes del tránsito son para el transporte particular y no el público, hasta el punto que, cuando colisionan entre sí, producto de uno de los tantos choques de vehículos, los del transporten público nunca pagan, ni van a las audiencias. Las pocas veces que son multados o detenidos, siempre llega el padrino presto a dar la exoneración. Y si atropellan, al cabo de un par de días y una pequeña fianza, están pronto de vuelta a las calles. La ley les exige seguro, pero nadie la cumple ni exige su cumplimiento.
La ley de transporte colectivo coloca en manos del gobierno y los gremios transportistas el control de todo aquello. Los usuarios y el resto de la comunidad están excluidas de su junta directiva, compuesta por legisladores transportistas, dueños de buses y pelechadores de Gobierno y Justicia. El otro organismo de mayor poder es la Cámara Nacional de Transporte, formada por buseros, maleantes, dueños y legisladores del sector. No tiene mando ni jurisdicción, pero ni falta le hace pues - cuando quiere - detiene y requisa vehículos y placas para cobrar cuotas sindicales, cancela o niega renovaciones de cupos y esquilma a los de la cola del sistema, a conductores y palancas.
El soborno y abuso de conductores e inversionistas que financian la compra de vehículos para enriquecer a la cúpula es la única regla. Al final los hilos conductores van hacia un puñado de caciques y Gobierno y Justicia, que manejan el botín de piratas. El resultado es la anarquía y el desastre imperante. Pero van a pagarlo caro. Se van a quedar sin nadie que financie la renovación de la flota de 30 mil buses que en sólo cinco años estará reducida a chatarra (ya están quedándose en media calle). Y no habrá entonces - sin garantías para los inversionistas - Banco Nacional que los salve pues, a razón de B/.50 mil cada uno, se requerirá B/.1,500 millones que ni el gobierno ni los maleantes que mandan tienen. Van hacia el abismo y no se dan cuenta.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.
