Diálogo nacional o ingobernabilidad

Abogado

Como en otras ocasiones, insisto en la necesidad de caminar hacia un gran entendimiento nacional que tenga como objetivo prioritario el cómo lograr una economía mucho más agresiva y dinámica, por un lado, y por el otro, el abordaje con resolución de la crisis social, que de no revertirse, seguirá debilitando aún más los cimientos de la institucionalidad y en consecuencia, la propia gobernabilidad. Tengo la impresión de que el gobierno nacional subestima la gravedad del problema económico social que sacude al país. En caso contrario, sino fuese así, es evidente que viene revelando cierto grado de ineptitud para definir reglas claras por donde deben caminar las soluciones a una situación que apunta hacia una pre-crisis, que pudiera terminar en un movimiento explosivo de alto contenido social.
Llamó la atención que ya no solamente protestan los sectores económicos que se articulan a la industria y al sector agropecuario; resulta ahora también que la actividad comercial y crediticia vienen sufriendo el impacto de la contracción en el consumo, en tanto que ya el panameño empresario o no, ha tocado techo en su capacidad de endeudamiento, lo que a mediano plazo, pudiera afectar al sector bancario.
Como si lo anterior fuera poco, y como corolario de esta situación económica, la informalidad y el desempleo siguen creciendo. Las autoridades oficiales nos hablan de un crecimiento del Producto Interno Bruto, sin embargo, su incidencia es casi nula en el desarrollo social.
Todo el escenario arriba descrito, genera un ambiente de alta tensión social. En el país existen zonas poblacionales de alto voltaje que dan forma a lo que hoy pudiéramos denominar, la bomba social panameña.
En ese sentido, estamos viviendo una situación económico-social de alta peligrosidad, donde el gobierno cargará con la mayor cuota de responsabilidad, de tal manera que nos atrevemos a afirmar que pudiera estar amenazada la propia gobernabilidad.
Es por lo anterior que nos ratificamos en la propuesta de que el gobierno tiene el deber y la responsabilidad de convocar un escenario de encuentro de la sociedad civil con el Estado, a fin de reedefinir los términos y los correlatos de la operatividad con que debe funcionar la democracia, que no puede ser otra que la participación de todos los sectores sociales en el diseño del país que deseamos construir. De no existir esa voluntad política por parte de los gobernantes, se deberá, entonces, concertar la mayor cantidad posible de fuerzas sociales, que en el marco de un esfuerzo patriótico, levante una agenda programatica de salvación social y democrática.
Tal como lo señalo arriba, el peligro de la desestabilización es real. Los panameños debemos actuar con mucho cuidado y cautela, porque también las condiciones existentes pudieran abrir perspectivas a opciones de carácter mesiánica con ciertas tentaciones autoritarias que en el pasado no han sido modelos políticos para un buen desempleo democrático.
Finalmente acoto, que si bien todos los panameños estamos comprometidos con la crisis que nos afecta, el gobierno es el que debe dar los pasos iniciales a fin de crear un ambiente propicio para que todos los factores reales de poder, en el marco de un diálogo nacional, podamos encontrar claridad al final de este túnel oscuro que vive la Patria.