Diálogo Nacional y Agenda de Estado
La pasada semana concluía mi artículo señalando tres de los requisitos que considero esenciales para poder avanzar en la construcción de una Agenda de Estado que contribuya a forjar una visión compartida del futuro nacional.
El primero, es que tiene que haber conciencia de que el país necesita contar con una Agenda de Estado; el segundo, es que esa agenda tiene que ser producto de un diálogo nacional, sin sectarismos y al que se concurra pensando primero en el país; y el tercero, es que a la cabeza de la agenda que se acuerde figure, como primera prioridad, la reducción de la pobreza y la marginalidad.
También señalaba que la iniciativa para desencadenar el proceso de construcción de una Agenda de Estado debe partir de quienes tienen la responsabilidad de la conducción política de la nación, o sea, el gobierno.
Durante la semana que ha transcurrido, he visto con satisfacción que voces provenientes de diferentes sectores de nuestra sociedad se expresan demandando la elaboración de una Agenda de Estado, pero no estoy seguro de que todos estemos hablando con igual significado. Por eso, creo conveniente ampliar algunas ideas sobre cómo vislumbro el proceso de construcción de esa agenda y sobre los aspectos que la misma debe comprender.
Una Agenda de Estado no es una propuesta electoral ni tampoco un plan de gobierno. Y mucho menos es un acuerdo para asegurar un entendimiento de las fuerzas políticas hegemónicas, con el propósito de controlar al órgano encargado de aprobar las leyes y el presupuesto nacional.
Una Agenda de Estado es, fundamentalmente, un acuerdo nacional, producto de un amplio consenso, que comprende los grandes temas de interés nacional, en orden de su prioridad, para los que se requiere el diseño y la ejecución de políticas que involucran o afectan a la mayor parte de la sociedad de un Estado, y que trascienden el período de un gobierno.
Es difícil pensar que podamos concretar una Agenda de Estado, mientras no exista una decisión, sincera y mayoritariamente compartida, de dialogar sin cartas escondidas y despojados de propósitos sectarios. También es difícil imaginar que ese diálogo pueda ocurrir, sin que quien está llamado a ser su principal protagonista, o sea, el gobierno, tome la iniciativa de impulsarlo.
Las diferentes alianzas políticas que concurrieron a las pasadas elecciones tenían cada una su presupuesto electoral que, aunque no seguían el mismo orden en el tratamiento de los temas, eran comprensivas de casi todos los principales problemas nacionales. Pero, como resultado de las elecciones, se asume que sólo subsiste la de los vencedores; a las otras, al igual que a las que provienen de los sectores de la sociedad civil, se las relega, sin mayor consideración a los méritos que pudieran tener.
Así como es obvio que la oferta electoral ganadora no se convierta en perfecta, gracias al resultado de las elecciones, tampoco puede considerarse, por ese mismo hecho, que las perdedoras estén absolutamente huérfanas de méritos.
Si el gobierno se decidiera a convocar a un diálogo nacional para estructurar una Agenda de Estado, tendrá que abrirse a la posibilidad de incorporar alternativas propuestas por la oposición política y los sectores de la sociedad civil. De lo contrario, muy poco se avanzaría.
En resumen, para que el diálogo sea fructífero a corto plazo, la iniciativa debe partir del gobierno, y deben ser convocadas a participar todas las fuerzas de oposición y los sectores representativos de la sociedad civil.
En cuanto a la temática que debe comprender la Agenda de Estado, hay que tener cuidado de no caer en una lista interminable de asuntos. Se impone trabajar sobre grandes temas, y dentro de ellos en atención a prioridades. Podríamos comenzar por los dos que requieren de atención más urgentes: 1) la reducción de la pobreza y la marginalidad y 2) la consolidación institucional del Estado panameño.
A partir de dos grandes temas, como los que propongo en el párrafo precedente, tendríamos la posibilidad de descender del marco conceptual más amplio a los problemas más específicos y a la selección de las prioridades, para luego definir las acciones y medidas concretas que se ejecutarían.
Si queremos abarcarlo todo desde el principio, o si no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre una línea maestra de pensamiento unificador que sea punto seguro de partida, sólo estaremos dando palos de ciego.
El primero, es que tiene que haber conciencia de que el país necesita contar con una Agenda de Estado; el segundo, es que esa agenda tiene que ser producto de un diálogo nacional, sin sectarismos y al que se concurra pensando primero en el país; y el tercero, es que a la cabeza de la agenda que se acuerde figure, como primera prioridad, la reducción de la pobreza y la marginalidad.
También señalaba que la iniciativa para desencadenar el proceso de construcción de una Agenda de Estado debe partir de quienes tienen la responsabilidad de la conducción política de la nación, o sea, el gobierno.
Durante la semana que ha transcurrido, he visto con satisfacción que voces provenientes de diferentes sectores de nuestra sociedad se expresan demandando la elaboración de una Agenda de Estado, pero no estoy seguro de que todos estemos hablando con igual significado. Por eso, creo conveniente ampliar algunas ideas sobre cómo vislumbro el proceso de construcción de esa agenda y sobre los aspectos que la misma debe comprender.
Una Agenda de Estado no es una propuesta electoral ni tampoco un plan de gobierno. Y mucho menos es un acuerdo para asegurar un entendimiento de las fuerzas políticas hegemónicas, con el propósito de controlar al órgano encargado de aprobar las leyes y el presupuesto nacional.
Una Agenda de Estado es, fundamentalmente, un acuerdo nacional, producto de un amplio consenso, que comprende los grandes temas de interés nacional, en orden de su prioridad, para los que se requiere el diseño y la ejecución de políticas que involucran o afectan a la mayor parte de la sociedad de un Estado, y que trascienden el período de un gobierno.
Es difícil pensar que podamos concretar una Agenda de Estado, mientras no exista una decisión, sincera y mayoritariamente compartida, de dialogar sin cartas escondidas y despojados de propósitos sectarios. También es difícil imaginar que ese diálogo pueda ocurrir, sin que quien está llamado a ser su principal protagonista, o sea, el gobierno, tome la iniciativa de impulsarlo.
Las diferentes alianzas políticas que concurrieron a las pasadas elecciones tenían cada una su presupuesto electoral que, aunque no seguían el mismo orden en el tratamiento de los temas, eran comprensivas de casi todos los principales problemas nacionales. Pero, como resultado de las elecciones, se asume que sólo subsiste la de los vencedores; a las otras, al igual que a las que provienen de los sectores de la sociedad civil, se las relega, sin mayor consideración a los méritos que pudieran tener.
Así como es obvio que la oferta electoral ganadora no se convierta en perfecta, gracias al resultado de las elecciones, tampoco puede considerarse, por ese mismo hecho, que las perdedoras estén absolutamente huérfanas de méritos.
Si el gobierno se decidiera a convocar a un diálogo nacional para estructurar una Agenda de Estado, tendrá que abrirse a la posibilidad de incorporar alternativas propuestas por la oposición política y los sectores de la sociedad civil. De lo contrario, muy poco se avanzaría.
En resumen, para que el diálogo sea fructífero a corto plazo, la iniciativa debe partir del gobierno, y deben ser convocadas a participar todas las fuerzas de oposición y los sectores representativos de la sociedad civil.
En cuanto a la temática que debe comprender la Agenda de Estado, hay que tener cuidado de no caer en una lista interminable de asuntos. Se impone trabajar sobre grandes temas, y dentro de ellos en atención a prioridades. Podríamos comenzar por los dos que requieren de atención más urgentes: 1) la reducción de la pobreza y la marginalidad y 2) la consolidación institucional del Estado panameño.
A partir de dos grandes temas, como los que propongo en el párrafo precedente, tendríamos la posibilidad de descender del marco conceptual más amplio a los problemas más específicos y a la selección de las prioridades, para luego definir las acciones y medidas concretas que se ejecutarían.
Si queremos abarcarlo todo desde el principio, o si no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre una línea maestra de pensamiento unificador que sea punto seguro de partida, sólo estaremos dando palos de ciego.
