Diálogo político o clientelismo y piñata
Los diálogos políticos propiciatorios de alianzas, compromisos y acuerdos políticos, sean estos parciales o globales: son básicamente de dos clases. El primero, es típico de coyunturas excepcionales o de crisis institucional; por ejemplo, durante procesos electorales, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente o en medio de una crisis profunda de carácter política, económica y social. El segundo se da en tiempos normales.
En el primer caso, debido a las condiciones, se pueden otorgar concesiones o renunciar a intereses partidistas, en aras del bien común o nacional; por el contrario, un diálogo ordinario, sólo es posible en momentos y condiciones aceptables para las partes. Por otro lado, otra cosa muy distinta, son las componendas de trastienda, llevadas a cabo por las jefaturas de los partidos, a objetos de distribuirse lo que eufemísticamente denominan "espacios políticos" y no es otra cuestión que el vulgar reparto del botín político del Estado. Tal es el caso, del llamado y mejor conocido "pacto de La Pintada" o acuerdo legislativo para la gobernabilidad.
De allí que resulta preocupante, por decir lo menos, que la dirección del P.R.D., por medio de sus voceros más perilustres, diera a conocer la voluntad de celebrar conversaciones con la Presidenta de la República, quien también lideriza el gobernante partido arnulfista, para discutir una supuesta agenda legislativa sobre temas de Estado. ¿Dónde está la crisis que nos obliga a conversar a como dé lugar? ¿Cómo pretende el CEN del P.R.D., que su membresía puede estar de acuerdo de platicar con una persona que es a la vez interlocutora y verdugo arnulfista, de algo más de 7000 cabezas de familia?
Con relación a la coyuntura socioeconómica y política, si bien no es la mejor, tampoco podemos calificarla de crítica. Por ejemplo, la primera magistrada del país, Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, posee una envidiable aceptación popular de 68%, según la más reciente encuesta de opinión. Por otro lado, aunque se produjo una leve desaceleración económica en 1999, el PIB creció en un 3%, la pobreza disminuyó en los últimos 5 años de 44% a 37%, el desempleo descendió el último año de 13.7% a 11%, según cifras oficiales, y finalmente, el Presupuesto de Estado para la vigencia fiscal 2000 - 2001 alcanza récord histórico de cinco mil ciento cuarenta y siete millones de balboas (5,147.000.00).
Adicionalmente, no existe ambiente político ni estado de ánimo favorable ni siquiera para un coloquio cupulatorio ordinario. Ello es así, porque la agenda social del gobierno arnulfista está llena de odio y revanchismo, expresión suprema de lo que bien podría catalogarse de populismo reaccionario. Mientras que Pérez Balladares hipotecó el país a las transnacionales y se lo repartió con los comerciantes fenicios y banqueros; la mandona de turno quiere hacerlo extensivo a los terratenientes y vaqueros del oeste.
A eso se reduce el proyecto político de la señora Moscoso, que todos los ricos participen de la piñata y no sólo unos cuantos. Aunque para ello tenga que llevarse en los cachos, ¡perdón! en los pechos, el Estado de Derecho. De esta última afirmación sobran ejemplos.
Aunque en esta ocasión únicamente citaremos el que más atañe a los correligionarios del P.R.D., nos referimos al terrorismo administrativo, aplicado extensiva y intensivamente por el actual gobierno. Efectivamente, en algo más de cien días, la administración panameñista ha despedido, mediante el execrable expediente de coimeros, vagos, corruptos o de "botellas"; a algo más de 7000 (siete mil) funcionarios públicos. Lesionando la estabilidad jurídica del país e irrespetando la estabilidad y los méritos de humildes servidores públicos; todo ello mediante el cuestionable mecanismo de la Resolución de Gabinete número 122 de 27 de octubre de 1999, que deja sin efecto, para los fines legales y prácticos, la Ley de Carrera Administrativa. Es decir, a los miles de hombres y mujeres, en su mayoría militantes del P.R.D., no sólo se les vulnera sus derechos humanos y el derecho al debido proceso, sino también se le lacera su dignidad. ¡Puesto que para este gobierno, con el cual la cúpula del P.R.D. desea cohabitar, todos los servidores públicos son coimeros!.
En síntesis, no es conveniente ni están dadas las condiciones para que Martín Torrijos y los legisladores del P.R.D. promuevan una alianza con el partido oficialista. A menos que el CEN haya decidido suicidarse políticamente. O que la agenda incluya como corolario, el aumento de las partidas circuitales y la aceptable participación en la orgía de nepotismo arnulfista. Desde luego, todo ello a cambio de los votos perredistas en el Organo Legislativo. En tales circunstancias, ni conceptual ni políticamente se estaría hablando de alianza o acuerdo legislativo; porque la lectura política que envía la neófita dirección partidista, sobre todo, a los sectores populares y a los compañeros del P.R.D., al pretender sacar del pantano político en que se encuentran los arnulfistas, no es de agenda social ni nada semejante. Por el contrario, todo parece indicar que han escogido la vía fácil e indolente del clientelismo politiquero y de la piñata pública. ¡Así de sencilla es la cosa!.
En el primer caso, debido a las condiciones, se pueden otorgar concesiones o renunciar a intereses partidistas, en aras del bien común o nacional; por el contrario, un diálogo ordinario, sólo es posible en momentos y condiciones aceptables para las partes. Por otro lado, otra cosa muy distinta, son las componendas de trastienda, llevadas a cabo por las jefaturas de los partidos, a objetos de distribuirse lo que eufemísticamente denominan "espacios políticos" y no es otra cuestión que el vulgar reparto del botín político del Estado. Tal es el caso, del llamado y mejor conocido "pacto de La Pintada" o acuerdo legislativo para la gobernabilidad.
De allí que resulta preocupante, por decir lo menos, que la dirección del P.R.D., por medio de sus voceros más perilustres, diera a conocer la voluntad de celebrar conversaciones con la Presidenta de la República, quien también lideriza el gobernante partido arnulfista, para discutir una supuesta agenda legislativa sobre temas de Estado. ¿Dónde está la crisis que nos obliga a conversar a como dé lugar? ¿Cómo pretende el CEN del P.R.D., que su membresía puede estar de acuerdo de platicar con una persona que es a la vez interlocutora y verdugo arnulfista, de algo más de 7000 cabezas de familia?
Con relación a la coyuntura socioeconómica y política, si bien no es la mejor, tampoco podemos calificarla de crítica. Por ejemplo, la primera magistrada del país, Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, posee una envidiable aceptación popular de 68%, según la más reciente encuesta de opinión. Por otro lado, aunque se produjo una leve desaceleración económica en 1999, el PIB creció en un 3%, la pobreza disminuyó en los últimos 5 años de 44% a 37%, el desempleo descendió el último año de 13.7% a 11%, según cifras oficiales, y finalmente, el Presupuesto de Estado para la vigencia fiscal 2000 - 2001 alcanza récord histórico de cinco mil ciento cuarenta y siete millones de balboas (5,147.000.00).
Adicionalmente, no existe ambiente político ni estado de ánimo favorable ni siquiera para un coloquio cupulatorio ordinario. Ello es así, porque la agenda social del gobierno arnulfista está llena de odio y revanchismo, expresión suprema de lo que bien podría catalogarse de populismo reaccionario. Mientras que Pérez Balladares hipotecó el país a las transnacionales y se lo repartió con los comerciantes fenicios y banqueros; la mandona de turno quiere hacerlo extensivo a los terratenientes y vaqueros del oeste.
A eso se reduce el proyecto político de la señora Moscoso, que todos los ricos participen de la piñata y no sólo unos cuantos. Aunque para ello tenga que llevarse en los cachos, ¡perdón! en los pechos, el Estado de Derecho. De esta última afirmación sobran ejemplos.
Aunque en esta ocasión únicamente citaremos el que más atañe a los correligionarios del P.R.D., nos referimos al terrorismo administrativo, aplicado extensiva y intensivamente por el actual gobierno. Efectivamente, en algo más de cien días, la administración panameñista ha despedido, mediante el execrable expediente de coimeros, vagos, corruptos o de "botellas"; a algo más de 7000 (siete mil) funcionarios públicos. Lesionando la estabilidad jurídica del país e irrespetando la estabilidad y los méritos de humildes servidores públicos; todo ello mediante el cuestionable mecanismo de la Resolución de Gabinete número 122 de 27 de octubre de 1999, que deja sin efecto, para los fines legales y prácticos, la Ley de Carrera Administrativa. Es decir, a los miles de hombres y mujeres, en su mayoría militantes del P.R.D., no sólo se les vulnera sus derechos humanos y el derecho al debido proceso, sino también se le lacera su dignidad. ¡Puesto que para este gobierno, con el cual la cúpula del P.R.D. desea cohabitar, todos los servidores públicos son coimeros!.
En síntesis, no es conveniente ni están dadas las condiciones para que Martín Torrijos y los legisladores del P.R.D. promuevan una alianza con el partido oficialista. A menos que el CEN haya decidido suicidarse políticamente. O que la agenda incluya como corolario, el aumento de las partidas circuitales y la aceptable participación en la orgía de nepotismo arnulfista. Desde luego, todo ello a cambio de los votos perredistas en el Organo Legislativo. En tales circunstancias, ni conceptual ni políticamente se estaría hablando de alianza o acuerdo legislativo; porque la lectura política que envía la neófita dirección partidista, sobre todo, a los sectores populares y a los compañeros del P.R.D., al pretender sacar del pantano político en que se encuentran los arnulfistas, no es de agenda social ni nada semejante. Por el contrario, todo parece indicar que han escogido la vía fácil e indolente del clientelismo politiquero y de la piñata pública. ¡Así de sencilla es la cosa!.
