Diálogo social: el reparto de poder decisorio
Tanto en Europa como en América Latina no se discute la importancia del diálogo social como instrumento de una real democracia social y pluralista. Sin embargo, la propia Organización Internacional de Trabajo(OIT) ha señalado, igualmente, para que el diálogo social sea una herramienta eficaz y eficiente, debe contar con algunos requisitos esenciales, mismos que de acuerdo con Patricia So"Donovan, Directora del programa Infocus del Diálogo Social, OIT, Ginebra, tales componentes son los siguientes: primero, la existencia de instituciones para el diálogo o espacio para desarrollarlo; segundo, actores o interlocutores válidos y representativos y con un mínimo grado de fuerza y capacidad; tercero, la existencia de una agenda acordada.
El establecimiento, de acuerdo con esta funcionaria de la OIT, de una agenda consensuada para el diálogo es un pre-requisito fundamental para la existencia del mismo. En esta misma dirección, el Dr. Jaime Montalvo, Presidente del Consejo Económico y Social de España, en conferencia que diera en República Dominicana, en el marco del encuentro tripartito hacia una agenda laboral subregional donde participaron representantes laborales panameños, señaló que "el diálogo social exige unos agentes económicos sociales que sean: 1.representativos; 2-reconocidos como interlocutores válidos, uno respecto de otro y con respecto a la administración y 3- fuerte e independiente; es decir, autónomo. En España los pactos de la moncloa, según este autor, fueron la expresión de un acuerdo político y de un pacto social que dieron lugar al diseño del Estado democrático, social de derecho español. El Dr. Oscar Ermida Uriarte, destacado estudioso e investigador de la temática laboral, al referirse a los presupuestos del diálogo social de manera expresa señala "que la existencia de éste supone la presencia y existencia de actores sociales fuertes; representativos e independientes.
Acota el citado autor, de faltar uno de estos condicionantes, tal diálogo no existirá o existira una formalidad carente de contenido real o será tan desiquilibrado que en verdad encubrirá la imposición de la voluntad de alguno(s) de las partes.
Desde una perspectiva crítica, somos del criterio que los diálogos sociales en nuestro medio distan mucho de la definición que sobre el mismo contiene la declaración socio-laboral del Mercado Sur, cuando en su artículo 13 señala que los mismos constituyen mecanismos efectivos de consulta permanente entre representante de los gobiernos empleadores y de los trabajadores a fin de garantizar mediante el consenso social, condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con justicia social y la mejora de las condiciones de vida de los pueblos, tanto en el plano nacional como regional.
En América Latina, y creo que en Panamá, los diálogos sociales, salvo excepciones, han sido instrumentalizados por parte de los gobiernos para darle legitimidad a temas y agendas que de previo ya han sido consensuadas a otro nivel. (Relación gobierno-IFI"s). De allí que con justa razón, Oscar Iriarte señala que el "diálogo social es una asignatura pendiente en América Latina". Está reflexión la desarrolla de la siguiente manera: "Una democracia política imperfecta o incompleta, una concentración de la renta que ha sido calificada de ofensiva,(o muy diplomáticamente, de distribución regresiva) una dependencia económica hoy negada desde el gobierno por quienes la teorizaron en academia, un ajuste permanente resultante de políticas económicas impuestas o adoptadas voluntariamente como consecuencia de la asunción del pensamiento único, han contribuido al debilitamiento de los actores sociales, los sindicatos y los gobiernos, (o por lo menos, los órganos gubernamentales responsables de las políticas sociales), como bien se indica en la ya citada propuesta del programa y presupuesto de la OIT para el año 2000-2001. Asimismo, todo ese panorama dificulta el desarrollo de un diálogo social genuino, porque además de participar en él algunos sectores muy debilitados, el margen real para la negociación es muy escaso: la mayor parte de las cuestiones sobre las cuales dialogar, se le hace para concertar la aplicación de medidas ya adoptadas y no para discutir la adopción de esas medidas".
Por eso, a pesar de que tanto en algunas constituciones y legislaciones es dable encontrar previsiones habilitantes del diálogo, la situación práctica es más bien deficitaria. En algunos países como Honduras, el diálogo social se ha institucionalizado con el apoyo y asesoria de la OIT. En este país, su gobierno, mediante Decreto Ejecuivo PSM-016-2002, institucionalizó el diálogo social y es tenido por lo menos en la norma legal como un instrumento útil para la gobernabilidad democrática.
Sin embargo, parafraseando el autor arriba citado, en la medida de que no haya organizaciones, populares, sindicales; es decir, interlocutores independientes que respondan a sus bases, el diálogo social deviene en un mero trámite de consulta de los gobernantes para dotar de cierto plus de legitimidad de políticas públicas que social y políticamente son antidemocráticas e injustas.
El establecimiento, de acuerdo con esta funcionaria de la OIT, de una agenda consensuada para el diálogo es un pre-requisito fundamental para la existencia del mismo. En esta misma dirección, el Dr. Jaime Montalvo, Presidente del Consejo Económico y Social de España, en conferencia que diera en República Dominicana, en el marco del encuentro tripartito hacia una agenda laboral subregional donde participaron representantes laborales panameños, señaló que "el diálogo social exige unos agentes económicos sociales que sean: 1.representativos; 2-reconocidos como interlocutores válidos, uno respecto de otro y con respecto a la administración y 3- fuerte e independiente; es decir, autónomo. En España los pactos de la moncloa, según este autor, fueron la expresión de un acuerdo político y de un pacto social que dieron lugar al diseño del Estado democrático, social de derecho español. El Dr. Oscar Ermida Uriarte, destacado estudioso e investigador de la temática laboral, al referirse a los presupuestos del diálogo social de manera expresa señala "que la existencia de éste supone la presencia y existencia de actores sociales fuertes; representativos e independientes.
Acota el citado autor, de faltar uno de estos condicionantes, tal diálogo no existirá o existira una formalidad carente de contenido real o será tan desiquilibrado que en verdad encubrirá la imposición de la voluntad de alguno(s) de las partes.
Desde una perspectiva crítica, somos del criterio que los diálogos sociales en nuestro medio distan mucho de la definición que sobre el mismo contiene la declaración socio-laboral del Mercado Sur, cuando en su artículo 13 señala que los mismos constituyen mecanismos efectivos de consulta permanente entre representante de los gobiernos empleadores y de los trabajadores a fin de garantizar mediante el consenso social, condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con justicia social y la mejora de las condiciones de vida de los pueblos, tanto en el plano nacional como regional.
En América Latina, y creo que en Panamá, los diálogos sociales, salvo excepciones, han sido instrumentalizados por parte de los gobiernos para darle legitimidad a temas y agendas que de previo ya han sido consensuadas a otro nivel. (Relación gobierno-IFI"s). De allí que con justa razón, Oscar Iriarte señala que el "diálogo social es una asignatura pendiente en América Latina". Está reflexión la desarrolla de la siguiente manera: "Una democracia política imperfecta o incompleta, una concentración de la renta que ha sido calificada de ofensiva,(o muy diplomáticamente, de distribución regresiva) una dependencia económica hoy negada desde el gobierno por quienes la teorizaron en academia, un ajuste permanente resultante de políticas económicas impuestas o adoptadas voluntariamente como consecuencia de la asunción del pensamiento único, han contribuido al debilitamiento de los actores sociales, los sindicatos y los gobiernos, (o por lo menos, los órganos gubernamentales responsables de las políticas sociales), como bien se indica en la ya citada propuesta del programa y presupuesto de la OIT para el año 2000-2001. Asimismo, todo ese panorama dificulta el desarrollo de un diálogo social genuino, porque además de participar en él algunos sectores muy debilitados, el margen real para la negociación es muy escaso: la mayor parte de las cuestiones sobre las cuales dialogar, se le hace para concertar la aplicación de medidas ya adoptadas y no para discutir la adopción de esas medidas".
Por eso, a pesar de que tanto en algunas constituciones y legislaciones es dable encontrar previsiones habilitantes del diálogo, la situación práctica es más bien deficitaria. En algunos países como Honduras, el diálogo social se ha institucionalizado con el apoyo y asesoria de la OIT. En este país, su gobierno, mediante Decreto Ejecuivo PSM-016-2002, institucionalizó el diálogo social y es tenido por lo menos en la norma legal como un instrumento útil para la gobernabilidad democrática.
Sin embargo, parafraseando el autor arriba citado, en la medida de que no haya organizaciones, populares, sindicales; es decir, interlocutores independientes que respondan a sus bases, el diálogo social deviene en un mero trámite de consulta de los gobernantes para dotar de cierto plus de legitimidad de políticas públicas que social y políticamente son antidemocráticas e injustas.
