DIJ o te jo?.
El proyecto de ley que elimina la Policía Técnica Judicial (PTJ) y crea dos entes de investigación criminal, uno adscrito a la Policía Nacional y otro al Ministerio Público, no sólo podría arriesgar la libertad ciudadana, sino que desbalancearía los poderes del Estado inclinándolos hacia el Ejecutivo.
En pocas palabras, la reforma se traduce en una autocracia de la investigación criminal que podría prestarse para persecuciones políticas.
La reforma procesal penal debería ser el primer paso tal como se planteó en el Pacto de Estado por la Justicia. Con ésta acción el Gobierno no sólo falta al compromiso ciudadano, pues reafirma una vez más, el porqué de la desconfianza del ciudadano en los líderes políticos y las instituciones que ellos dirigen.
La evidente falta de coordinación institucional crearía procesos engorrosos y agudizaría la mora judicial. Se vislumbra una situación irregular en la investigación al restar independencia al ente facultado y traspasarla al Ministerio de Gobierno y Justicia. Este último tampoco ha dado muestra de su eficiencia como para echarse encima una institución tan compleja y delicada como la PTJ. Aunado a esto, el país no ha sabido adoptar una política criminológica de Estado, tampoco ha sido constante en la creación del Código Procesal Penal; y aún más olvidada se tiene la reforma al régimen de carrera y sistema disciplinario de jueces y magistrados.
Los ciudadanos debemos preguntarnos: ¿Qué interés guarda el Ejecutivo con este proyecto? ¿Acaso el Presidente no se ha dado cuenta de que los cambios son contradictorios con las normas constitucionales y legales?
