Dios no necesita fondos públicos
El año pasado se presentó un proyecto de ley que pretendía establecer el mes de la Biblia, no para promover el sagrado respeto a la espiritualidad entre los panameños y las panameñas, sino para abrirle un espacio a los políticos en los auditorios religiosos y de paso darle "buen uso" a fondos del Estado.
Por fortuna, después de varias idas y venidas, la comisión legislativa permanente se abstuvo de aprobar tan mal concebida idea. A pesar de que el proyecto no es una propuesta religiosa, sino política, tiene ahora la pretensión de "resucitar" y sus promotores (quizás sea más preciso hablar de instigadores) insistirán en que se vuelva a discutir en primer debate.
Tras cambios meramente cosméticos, el nuevo proyecto busca un piso legal para que fondos públicos sean dirigidos hacia entidades religiosas, que pueden tener la forma de asociaciones o iglesias. Concretamente se habla de fondos municipales, que no por estar destinados al espacio territorial del distrito, dejan de ser públicos. Esto significa que han sido aportados por los contribuyentes y que son las instituciones del Estado las que deben controlar su uso y destino. No se puede justificar racionalmente que una determinada agrupación religiosa tenga derecho a usar fondos del Estado, y otra distinta no. Iniciativas como ésta ponen en peligro el carácter laico, no confesional, del Estado. Cualquier irregularidad que se deslice en el uso de estos fondos terminará por colocar bajo cuestionamientos a las organizaciones religiosas que se presten a ello y a los líderes religiosos que se involucren. Aunque el acercamiento a Dios no necesita fondos públicos, todo parece indicar que ellos sí.
Por fortuna, después de varias idas y venidas, la comisión legislativa permanente se abstuvo de aprobar tan mal concebida idea. A pesar de que el proyecto no es una propuesta religiosa, sino política, tiene ahora la pretensión de "resucitar" y sus promotores (quizás sea más preciso hablar de instigadores) insistirán en que se vuelva a discutir en primer debate.
Tras cambios meramente cosméticos, el nuevo proyecto busca un piso legal para que fondos públicos sean dirigidos hacia entidades religiosas, que pueden tener la forma de asociaciones o iglesias. Concretamente se habla de fondos municipales, que no por estar destinados al espacio territorial del distrito, dejan de ser públicos. Esto significa que han sido aportados por los contribuyentes y que son las instituciones del Estado las que deben controlar su uso y destino. No se puede justificar racionalmente que una determinada agrupación religiosa tenga derecho a usar fondos del Estado, y otra distinta no. Iniciativas como ésta ponen en peligro el carácter laico, no confesional, del Estado. Cualquier irregularidad que se deslice en el uso de estos fondos terminará por colocar bajo cuestionamientos a las organizaciones religiosas que se presten a ello y a los líderes religiosos que se involucren. Aunque el acercamiento a Dios no necesita fondos públicos, todo parece indicar que ellos sí.
