Diputados y consumidores, enlace de equilibrio social
Los empresarios concentrados en toda la cadena de comercialización del combustible y sus derivados, tienen un frente en común: obtener las mayores ganancias en sus ventas, situación loable si no fuera que su interés particular afecta el interés general de la sociedad. La especulación, la falta de transparencia y la imposición de precios que no se ajustan a la oferta y la demanda, permite accionar de manera sospechosa en esta selva de cemento, donde el juega vivo empresarial reina.
Creer que esto se solucionará de la nada, es vivir en un mundo de fantasía; por eso es de suma importancia que activistas y dirigentes del nuevo Colegio de Asociaciones de Consumidores Organizados de la República de Panamá, invitaran a los honorables diputados a que aprueben una ley que impulse la divulgación o difusión de la información sobre precios sugeridos de combustibles, que deberán presentar las estaciones de venta de combustible al público consumidor, frente a un mercado interno de combustibles sometido a factores de naturaleza humana, económica, comercial o corporativa.
Esta propuesta permite unificar los esfuerzos realizados por las autoridades de la Dirección de Hidrocarburos y Energías Alternativas del Ministerio de Comercio e Industrias y de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en defensa y respeto a las reglas del Libre Mercado de Precios y, principalmente de los intereses del consumidor que, a su vez, pagan los salarios de todos los servidores públicos nacionales y merecen que se excluya del vocabulario de estos funcionarios la frase "Esto no se puede hacer" y cumplan con los objetivos y funciones de sus cargos, sabiendo que la omisión y la acción son faltas administrativas y constitucionales (Artículo 49 de la Constitución Nacional), donde la actual realidad comercial desconoce este mandato de la Carta Magna y donde se afectan a todos los panameños al comprar combustible y sus derivados.
Esta situación es cónsona con el próximo foro nacional sobre temas de protección al consumidor, que servirá como tribuna a los candidatos presidenciales de los partidos políticos para evaluar los conceptos y las políticas de protección de los consumidores, los medios alternativos de resolución de conflictos como la conciliación, la mediación y el arbitraje, la conformación de fondos que amplíen políticas y acciones de defensa y protección del consumidor, la implementación de acciones colectivas como instrumentos democráticos, efectivos y amplios de acceso a la justicia y el respeto al suministro los servicios públicos esenciales que integran los derechos básicos de la ciudadanía.
Nuestra misión principal debe ser lograr que los consumidores obtengan triunfos en los estrados judiciales y legislativos.
