Discapacidad y derecho a la salud
LA ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas estima que en el mundo existen unas 600 millones de personas con discapacidad. De esta cantidad, 400 millones viven en países en vías de desarrollo.
Es evidente que la discapacidad es un fenómeno de grandes dimensiones en razón del número de afectados y su repercusión social y económica -el 50% de la población de personas con discapacidad tiene edad para trabajar.
Sin embargo, a pesar de la importancia del problema, sólo un 2 a 3% de ellos tiene acceso a los servicios de rehabilitación y logran reinsertarse como miembros económicamente activos en la sociedad. El resto hace parte de grupos marginales excluidos y sumidos en la pobreza absoluta.
Igualmente importante es que, dados los índices de crecimiento poblacional de América Latina, así como el aumento de la violencia, las enfermedades crónicas, el uso y abuso de alcohol, tabaco y sustancias prohibidas y accidentes de todo tipo, se prevé un notable aumento en el número de personas con discapacidad.
Ante este panorama, la OPS/OMS y sus Estados Miembros, han planteado la necesidad de atender el problema de la discapacidad como una responsabilidad social compartida y no individual, con énfasis en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El compromiso de la OPS/OMS y de sus Estados Miembros se hizo manifiesto a través de una resolución sobre discapacidad y derechos humanos, emitida durante la 47a sesión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en septiembre de 2006, cuando la primera dama de la República, Sra. Vivian Fernández de Torrijos, hizo un histórico llamado para que se atiendan los derechos humanos y de la salud de las personas que viven con discapacidad en las Américas. Fue precisamente por solicitud de Panamá que el tema de los derechos humanos y a la salud de las personas con discapacidades fuera incluido vigorosamente en la agenda de esta importante reunión de la Salud de las Américas.
La resolución viene a responder a un problema que se agudiza cada vez más, orientando para que, con base en un trabajo colectivo e integral, en el que se comprometan no solamente las autoridades públicas sino también la sociedad civil, incluyendo las empresas privadas, se mejore la calidad de vida de las personas que viven con discapacidad y sus familias -la discapacidad no sólo afecta a la persona que la sufre, sino aquellos que la cuidan, a los familiares y a la comunidad.
Es esencial que las personas con discapacidad puedan tener acceso a espacios públicos y privados, a equipos de apoyo, a transporte, a servicios de salud y rehabilitación establecidos en la comunidad, a vivienda, a educación, al trabajo, a participación en la vida pública y política, a una vida independiente, a libertad e integridad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de movimiento, etc.
Las múltiples causas de la discapacidad y la complejidad de los factores que se relacionan para producirla impulsan a la búsqueda e identificación de enfoques y estrategias que permitan dar respuestas integrales al problema, es decir, que no sólo garanticen la atención y rehabilitación sino también la inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo socioeconómico y humano de la sociedad y al goce de sus derechos, independientemente de su estatus social, género, condiciones físicas o intelectuales. Nosotros, la OPS/OMS, estamos comprometidos en esta tarea, ¿se une usted a nosotros?
Es evidente que la discapacidad es un fenómeno de grandes dimensiones en razón del número de afectados y su repercusión social y económica -el 50% de la población de personas con discapacidad tiene edad para trabajar.
Sin embargo, a pesar de la importancia del problema, sólo un 2 a 3% de ellos tiene acceso a los servicios de rehabilitación y logran reinsertarse como miembros económicamente activos en la sociedad. El resto hace parte de grupos marginales excluidos y sumidos en la pobreza absoluta.
Igualmente importante es que, dados los índices de crecimiento poblacional de América Latina, así como el aumento de la violencia, las enfermedades crónicas, el uso y abuso de alcohol, tabaco y sustancias prohibidas y accidentes de todo tipo, se prevé un notable aumento en el número de personas con discapacidad.
Ante este panorama, la OPS/OMS y sus Estados Miembros, han planteado la necesidad de atender el problema de la discapacidad como una responsabilidad social compartida y no individual, con énfasis en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El compromiso de la OPS/OMS y de sus Estados Miembros se hizo manifiesto a través de una resolución sobre discapacidad y derechos humanos, emitida durante la 47a sesión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en septiembre de 2006, cuando la primera dama de la República, Sra. Vivian Fernández de Torrijos, hizo un histórico llamado para que se atiendan los derechos humanos y de la salud de las personas que viven con discapacidad en las Américas. Fue precisamente por solicitud de Panamá que el tema de los derechos humanos y a la salud de las personas con discapacidades fuera incluido vigorosamente en la agenda de esta importante reunión de la Salud de las Américas.
La resolución viene a responder a un problema que se agudiza cada vez más, orientando para que, con base en un trabajo colectivo e integral, en el que se comprometan no solamente las autoridades públicas sino también la sociedad civil, incluyendo las empresas privadas, se mejore la calidad de vida de las personas que viven con discapacidad y sus familias -la discapacidad no sólo afecta a la persona que la sufre, sino aquellos que la cuidan, a los familiares y a la comunidad.
Es esencial que las personas con discapacidad puedan tener acceso a espacios públicos y privados, a equipos de apoyo, a transporte, a servicios de salud y rehabilitación establecidos en la comunidad, a vivienda, a educación, al trabajo, a participación en la vida pública y política, a una vida independiente, a libertad e integridad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de movimiento, etc.
Las múltiples causas de la discapacidad y la complejidad de los factores que se relacionan para producirla impulsan a la búsqueda e identificación de enfoques y estrategias que permitan dar respuestas integrales al problema, es decir, que no sólo garanticen la atención y rehabilitación sino también la inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo socioeconómico y humano de la sociedad y al goce de sus derechos, independientemente de su estatus social, género, condiciones físicas o intelectuales. Nosotros, la OPS/OMS, estamos comprometidos en esta tarea, ¿se une usted a nosotros?
