Diversificando la política exterior
En los textos estadounidenses sobre las relaciones entre Estados Unidos (EU) y América Latina, 1958 quedó marcado como el año en que los rencores entre las dos regiones estallaron en los ataques que sufrió el vicepresidente Richard M. Nixon durante su gira por las calles de Lima y Caracas. Pero, para muchos diplomáticos latinoamericanos, el evento más importante fue el lanzamiento de la Operación Panamericana (OPA), por el entonces presidente brasileño, Juscelino Kubitschek, quien quería aprovechar la consternación que los incidentes produjeron en el pueblo de EU para lanzar su ambicioso programa continental de desarrollo económico y social con el inmediato apoyo del presidente argentino, Arturo Frondizi.
"Fue una importante iniciativa que Kennedy utilizó como modelo para la Alianza para el Progreso", recordaba el diplomático brasileño Luiz Felipe de Seixas Correa, que estudió con detalle ese acercamiento. "OPA tuvo el especial mérito de haber logrado, quizás por primera vez, la solidaridad de casi todos los gobiernos latinoamericanos unidos en favor de una iniciativa económica". "Es imposible ignorar los fines geopolíticos de estas gestiones económicas", comenta Adolfo Aguilar Zinzer, el ex embajador de México ante la ONU. "Estamos presenciando una interesante correlación de fuerzas que dará mucho de qué hablar en los años venideros".
Hoy, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, está igualmente dispuesto a estrechar los lazos del gigantesco país sudamericano con su homólogo argentino Néstor Kirchner, con el fin de fortalecer el Mercosur.
Y aunque Kirchner parece cabalgar de crisis en crisis, la relación con las autoridades de Brasilia parece uno de los puntos más sólidos en su brújula política. Iigual que Kirchner, Lula construye su política exterior en torno a Europa, Asia y Africa, diversificando la preponderante relación bilateral que los gobiernos anteriores de Brasil gozaban con EU.
El 19 de septiembre de 1982, estando cerca el período para las elecciones directas, el gobierno decidió introducir reformas a la Constitución de 1972, considerando las experiencias ganadas y para responder a lo que eran aspiraciones legitimas del pueblo. Para ello, creó una comisión revisora, con participación de todos los partidos políticos inscritos y personas independientes, entre las cuales quedé incluido.
Tomando en cuenta el tiempo para las elecciones, decidimos establecer prioridades. Examinaríamos los artículos que considerábamos de mayor importancia para las elecciones venideras, dejando el resto para segundo.
Las modificaciones fueron profundas: se eliminó esa aberración de haber incluido a la fuerza pública como parte del Poder Público; reforzamos los derechos y deberes individuales; incorporamos las disposiciones suficientes para garantizar la libertad y la honradez en el sufragio; proporcionamos autonomía al Tribunal Electoral; reestablecimos la Asamblea Legislativa como el representante de dicho Órgano, su composición y forma de ser electos; fortalecimos el poder de los partidos político al punto de reconocerles el derecho a la revocatoria del mandato (algo de lo cual nos arrepentimos); sustituimos íntegramente el Título sobre el Órgano Ejecutivo, lo mismo con la Administración de Justicia; mantuvimos la figura de los representantes de corregimiento para apoyar las iniciativas de las comunidades, pero sin mayores poderes; sustituimos parcialmente el Título sobre Régimen Municipal y Provincial. Me correspondió presentar los cambios en el capítulo relativo al Presupuesto General del Estado donde se incluyó el concepto de presupuesto balanceado; y le dimos mayor poder y autonomía a la Contraloría General.
El Dr. César Quintero consideró el acto como una nueva Constitución. En 1993 y 1994 se introdujeron algunas enmiendas, sin tocar lo señalado, lo más importante fue agregar un Título sobre el Canal de Panamá.
Entre lo que dejamos para segunda oportunidad estaba el fortalecimiento municipal para darle más funciones, autoridad y asegurarle recursos suficientes; la obligatoriedad del gobierno de realizar estudios de impacto ambiental; el numero y la forma de elección de los legisladores. Desde entonces, han aparecido otras disposiciones que deben ser identificadas y otras que pueden se incorporadas. Ahora se han vuelto a sugerir cambios a la Constitución, muchos de los cuales identificados como pendientes por la Comisión de Reformas de 1983. Pero, hay quienes sostienen que se necesita una Carta Magna nueva y piden que se convoque a Asamblea Constituyente. Eso no se justifica, es innecesario, costoso y peligroso. Busquemos la forma de repetir la exitosa experiencia de 1983.
"Fue una importante iniciativa que Kennedy utilizó como modelo para la Alianza para el Progreso", recordaba el diplomático brasileño Luiz Felipe de Seixas Correa, que estudió con detalle ese acercamiento. "OPA tuvo el especial mérito de haber logrado, quizás por primera vez, la solidaridad de casi todos los gobiernos latinoamericanos unidos en favor de una iniciativa económica". "Es imposible ignorar los fines geopolíticos de estas gestiones económicas", comenta Adolfo Aguilar Zinzer, el ex embajador de México ante la ONU. "Estamos presenciando una interesante correlación de fuerzas que dará mucho de qué hablar en los años venideros".
Hoy, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, está igualmente dispuesto a estrechar los lazos del gigantesco país sudamericano con su homólogo argentino Néstor Kirchner, con el fin de fortalecer el Mercosur.
Y aunque Kirchner parece cabalgar de crisis en crisis, la relación con las autoridades de Brasilia parece uno de los puntos más sólidos en su brújula política. Iigual que Kirchner, Lula construye su política exterior en torno a Europa, Asia y Africa, diversificando la preponderante relación bilateral que los gobiernos anteriores de Brasil gozaban con EU.
El 19 de septiembre de 1982, estando cerca el período para las elecciones directas, el gobierno decidió introducir reformas a la Constitución de 1972, considerando las experiencias ganadas y para responder a lo que eran aspiraciones legitimas del pueblo. Para ello, creó una comisión revisora, con participación de todos los partidos políticos inscritos y personas independientes, entre las cuales quedé incluido.
Tomando en cuenta el tiempo para las elecciones, decidimos establecer prioridades. Examinaríamos los artículos que considerábamos de mayor importancia para las elecciones venideras, dejando el resto para segundo.
Las modificaciones fueron profundas: se eliminó esa aberración de haber incluido a la fuerza pública como parte del Poder Público; reforzamos los derechos y deberes individuales; incorporamos las disposiciones suficientes para garantizar la libertad y la honradez en el sufragio; proporcionamos autonomía al Tribunal Electoral; reestablecimos la Asamblea Legislativa como el representante de dicho Órgano, su composición y forma de ser electos; fortalecimos el poder de los partidos político al punto de reconocerles el derecho a la revocatoria del mandato (algo de lo cual nos arrepentimos); sustituimos íntegramente el Título sobre el Órgano Ejecutivo, lo mismo con la Administración de Justicia; mantuvimos la figura de los representantes de corregimiento para apoyar las iniciativas de las comunidades, pero sin mayores poderes; sustituimos parcialmente el Título sobre Régimen Municipal y Provincial. Me correspondió presentar los cambios en el capítulo relativo al Presupuesto General del Estado donde se incluyó el concepto de presupuesto balanceado; y le dimos mayor poder y autonomía a la Contraloría General.
El Dr. César Quintero consideró el acto como una nueva Constitución. En 1993 y 1994 se introdujeron algunas enmiendas, sin tocar lo señalado, lo más importante fue agregar un Título sobre el Canal de Panamá.
Entre lo que dejamos para segunda oportunidad estaba el fortalecimiento municipal para darle más funciones, autoridad y asegurarle recursos suficientes; la obligatoriedad del gobierno de realizar estudios de impacto ambiental; el numero y la forma de elección de los legisladores. Desde entonces, han aparecido otras disposiciones que deben ser identificadas y otras que pueden se incorporadas. Ahora se han vuelto a sugerir cambios a la Constitución, muchos de los cuales identificados como pendientes por la Comisión de Reformas de 1983. Pero, hay quienes sostienen que se necesita una Carta Magna nueva y piden que se convoque a Asamblea Constituyente. Eso no se justifica, es innecesario, costoso y peligroso. Busquemos la forma de repetir la exitosa experiencia de 1983.
