Drogas y armas en Darién
Moradores de las apartadas comunidades fronterizas con Colombia han denunciado el intercambio de armas por drogas, actividad que corre por cuenta de paramilitares, guerrilleros y miembros de la policía panameña.
Los afectados han aportado información bien específica sin que las autoridades, incluyendo el Ministerio Público, se hayan dado por enterados. Es más, algunos de los denunciantes fueron arrestados bajo cargos de subversión por el simple hecho de poner en alerta a funcionarios gubernamentales, que deben velar por la seguridad de los ciudadanos. El tráfico de armas tiene como su centro de operaciones a la Zona Libre de Colón. Otros embarques llegan por tierra desde América Central y tienen como destinatarios los grupos insurgentes que operan en Colombia. Para financiar las compras, los subversivos pagan con drogas a razón de un kilo de cocaína por un fusil de asalto AK-47 o M-16 de fabricación norteamericana. En la región fronteriza operan varios grupos criminales que manejan el trasiego de armas. Remanentes de las desmanteladas Fuerzas de Defensa participan en el negocio, al igual que lo hacen miembros de la Policía de Fronteras. Hasta ahora las autoridades han ignorado los reportes que hacen vecinos del lugar, lo que mueve a especular qué es lo que está sucediendo realmente. En algunos casos, agentes de policía han llegado a amenazar a quienes interponen las denuncias. El jefe de la Policía niega todos los informes, aduciendo que nunca se han comprobado y que las denuncias forman parte de una campaña para desprestigiar a la fuerza pública.
Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y Colombia le siguen la pista a los traficantes de armas, por lo que no nos sorprendería que en cualquier momento sean capturados algunos cabecillas, lo que produciría un escándalo en Panamá si aparecen vinculados funcionarios gubernamentales.
El trasiego de armas es un gran negocio que deja enormes ganancias. Lo que no entiende la ciudadanía es por qué no actúan las autoridades si conocen el organigrama de las redes.
Vigilar la Zona Libre no debe ser muy difícil y aumentar la presencia en la frontera con Costa Rica, donde un tráfico hormiga ingresa las armas, tampoco reviste mayores dificultades.
La PTJ conoce muchos detalles de las rutas y de los cabecillas que alimentan el criminal negocio. Es hora de actuar antes de que el trasiego de armas y explosivos estalle en un escándalo político que afectará gravemente la ya maltrecha imagen del gobierno arnulfista.
Los afectados han aportado información bien específica sin que las autoridades, incluyendo el Ministerio Público, se hayan dado por enterados. Es más, algunos de los denunciantes fueron arrestados bajo cargos de subversión por el simple hecho de poner en alerta a funcionarios gubernamentales, que deben velar por la seguridad de los ciudadanos. El tráfico de armas tiene como su centro de operaciones a la Zona Libre de Colón. Otros embarques llegan por tierra desde América Central y tienen como destinatarios los grupos insurgentes que operan en Colombia. Para financiar las compras, los subversivos pagan con drogas a razón de un kilo de cocaína por un fusil de asalto AK-47 o M-16 de fabricación norteamericana. En la región fronteriza operan varios grupos criminales que manejan el trasiego de armas. Remanentes de las desmanteladas Fuerzas de Defensa participan en el negocio, al igual que lo hacen miembros de la Policía de Fronteras. Hasta ahora las autoridades han ignorado los reportes que hacen vecinos del lugar, lo que mueve a especular qué es lo que está sucediendo realmente. En algunos casos, agentes de policía han llegado a amenazar a quienes interponen las denuncias. El jefe de la Policía niega todos los informes, aduciendo que nunca se han comprobado y que las denuncias forman parte de una campaña para desprestigiar a la fuerza pública.
Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y Colombia le siguen la pista a los traficantes de armas, por lo que no nos sorprendería que en cualquier momento sean capturados algunos cabecillas, lo que produciría un escándalo en Panamá si aparecen vinculados funcionarios gubernamentales.
El trasiego de armas es un gran negocio que deja enormes ganancias. Lo que no entiende la ciudadanía es por qué no actúan las autoridades si conocen el organigrama de las redes.
Vigilar la Zona Libre no debe ser muy difícil y aumentar la presencia en la frontera con Costa Rica, donde un tráfico hormiga ingresa las armas, tampoco reviste mayores dificultades.
La PTJ conoce muchos detalles de las rutas y de los cabecillas que alimentan el criminal negocio. Es hora de actuar antes de que el trasiego de armas y explosivos estalle en un escándalo político que afectará gravemente la ya maltrecha imagen del gobierno arnulfista.
