Educación: fortaleza de un pueblo
Una invitación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con el que he colaborado desde hace años, a participar en un seminario sobre derecho a la educación, me hizo encontrarme con esta oportuna cita del escritor argentino Ernesto Sábato: "Como he dicho en otra oportunidad, la educación es lo menos material que existe, pero lo más decisivo en el futuro de un pueblo. Es su fortaleza espiritual."
Creo que el escritor no se equivoca, y el momento es bueno para recordar el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; promoverá el desarrollo de las actividades las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
El derecho a la educación se inserta en el universo de los derechos humanos, que son un todo indivisible e interdependiente, pero cada uno, de algún modo, reivindica particularmente algún aspecto de la condición humana. Por ello no se trata de acceso a cualquier educación, sino a propuestas que manifiesten, ejemplarmente, las potencialidades de crecimiento y de trascendencia del ser humano, la interrelación de los individuos y los pueblos con su historia y su identidad cultural.
El derecho a la educación, no es derecho a cualquier clase de educación, sino a una que permita el acceso y creación de una educación integral, que significa incluir también una pluralidad de ejes temáticos que expresen valores universales pocos integrados a los programas educativos. Calidad y equidad se ligan como principios infaltables de un proceso que debe abarcar la integralidad de los ejes temáticos, la diversidad de genero, cultura, edad, situación socioeconómica, capacidad física o mental; y la pluralidad de las formas educativas ligadas a la máxima calidad posible.
Pero frente a esta aspiración se alzan obstáculos como el imperativo de modelos de sociedad basados en el predominio del mercado, el adelgazamiento de políticas sociales del Estado, la exclusión continua y empobrecimiento de sectores importantes de población, la crisis de un sistema educativo que no tiene capacidad para responder con la calidad y evolución necesaria a sus actuales y futuros educandos, que tampoco posee capacidad inclusiva para lograr sumar a segmentos de la población que quedan al margen de la instrucción, en muchos casos, permanentemente. Los mecanismos de exigibilidad del derecho a la educación deben estar centrados en la necesidad de cumplimiento de los pactos y declaraciones internacionales de derechos humanos, a los que cada país está adherido.
La dificultad estriba en el cumplimiento del ordenamiento jurídicos y legales, por lo que la exigibilidad reposa en la capacidad de la sociedad civil de incidir en las políticas publicas, de los partidos políticos en representar los intereses de la población y de los Estados en actuar en desarrollar y cumplir políticas sobre la base del desenvolvimiento de los derechos humanos de los y las ciudadanos (as), con el apoyo de una cooperación internacional que apunte en esta dirección con sus diversas porciones de recursos. Estos factores interrelacionados pueden -por la vía de mecanismos adecuados- impulsar el derecho a la educación, especialmente a través de procesos de articulación y concertación de esfuerzos.
La educación y el sistema educativo deben cumplir la función de interiorizar los derechos humanos en los participantes del proceso educativo, pues el papel de la educación no es la pura transmisión mecánica de conocimientos, ni de actitudes conformistas, sino contribuir con la formación de una personalidad democrática y crítica capaz de dialogar transformadoramente con el mundo. En este marco debemos también entender que el sistema educativo formal o no formal no es único medio de interiorizar críticamente los derechos humanos, sino también intervienen otros sistemas culturales y simbólicos como los medios de comunicación, la religión, la política, la cultura y el arte en general.
La educación en derechos humanos debe recurrir al sistema educativo, pero desde la perspectiva integral, pues los DDHH no pueden ser debidamente interiorizado en un sistema tradicional de educación que ha demostrado su ineficacia. En la medida que cambie el sistema, mejora la posibilidad de la acción educativa eficiente y eficaz, la educación en DDHH debe proyectarse con modalidades comunicativas, políticas y culturales innovadoras para poder proyectar los cambios necesarios. La apropiación de concepciones, metodología, y acciones de cambio suman empoderamientos ciudadanos que permiten transformar asociativamente los acumulados negativos por la sinergia positiva de los derechos humanos, elevando la calidad de vida y la ciudadanía de alta densidad (ciudadanía política y ciudadanía socioeconómica cultural).
Creo que el escritor no se equivoca, y el momento es bueno para recordar el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; promoverá el desarrollo de las actividades las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
El derecho a la educación se inserta en el universo de los derechos humanos, que son un todo indivisible e interdependiente, pero cada uno, de algún modo, reivindica particularmente algún aspecto de la condición humana. Por ello no se trata de acceso a cualquier educación, sino a propuestas que manifiesten, ejemplarmente, las potencialidades de crecimiento y de trascendencia del ser humano, la interrelación de los individuos y los pueblos con su historia y su identidad cultural.
El derecho a la educación, no es derecho a cualquier clase de educación, sino a una que permita el acceso y creación de una educación integral, que significa incluir también una pluralidad de ejes temáticos que expresen valores universales pocos integrados a los programas educativos. Calidad y equidad se ligan como principios infaltables de un proceso que debe abarcar la integralidad de los ejes temáticos, la diversidad de genero, cultura, edad, situación socioeconómica, capacidad física o mental; y la pluralidad de las formas educativas ligadas a la máxima calidad posible.
Pero frente a esta aspiración se alzan obstáculos como el imperativo de modelos de sociedad basados en el predominio del mercado, el adelgazamiento de políticas sociales del Estado, la exclusión continua y empobrecimiento de sectores importantes de población, la crisis de un sistema educativo que no tiene capacidad para responder con la calidad y evolución necesaria a sus actuales y futuros educandos, que tampoco posee capacidad inclusiva para lograr sumar a segmentos de la población que quedan al margen de la instrucción, en muchos casos, permanentemente. Los mecanismos de exigibilidad del derecho a la educación deben estar centrados en la necesidad de cumplimiento de los pactos y declaraciones internacionales de derechos humanos, a los que cada país está adherido.
La dificultad estriba en el cumplimiento del ordenamiento jurídicos y legales, por lo que la exigibilidad reposa en la capacidad de la sociedad civil de incidir en las políticas publicas, de los partidos políticos en representar los intereses de la población y de los Estados en actuar en desarrollar y cumplir políticas sobre la base del desenvolvimiento de los derechos humanos de los y las ciudadanos (as), con el apoyo de una cooperación internacional que apunte en esta dirección con sus diversas porciones de recursos. Estos factores interrelacionados pueden -por la vía de mecanismos adecuados- impulsar el derecho a la educación, especialmente a través de procesos de articulación y concertación de esfuerzos.
La educación y el sistema educativo deben cumplir la función de interiorizar los derechos humanos en los participantes del proceso educativo, pues el papel de la educación no es la pura transmisión mecánica de conocimientos, ni de actitudes conformistas, sino contribuir con la formación de una personalidad democrática y crítica capaz de dialogar transformadoramente con el mundo. En este marco debemos también entender que el sistema educativo formal o no formal no es único medio de interiorizar críticamente los derechos humanos, sino también intervienen otros sistemas culturales y simbólicos como los medios de comunicación, la religión, la política, la cultura y el arte en general.
La educación en derechos humanos debe recurrir al sistema educativo, pero desde la perspectiva integral, pues los DDHH no pueden ser debidamente interiorizado en un sistema tradicional de educación que ha demostrado su ineficacia. En la medida que cambie el sistema, mejora la posibilidad de la acción educativa eficiente y eficaz, la educación en DDHH debe proyectarse con modalidades comunicativas, políticas y culturales innovadoras para poder proyectar los cambios necesarios. La apropiación de concepciones, metodología, y acciones de cambio suman empoderamientos ciudadanos que permiten transformar asociativamente los acumulados negativos por la sinergia positiva de los derechos humanos, elevando la calidad de vida y la ciudadanía de alta densidad (ciudadanía política y ciudadanía socioeconómica cultural).
