Educación: satisfacción y riesgo
La lamentable, injusta y sentida muerte del colega educador Alfonso De Gracia es un contundente e inequívoco llamado a la reflexión ciudadana y a las autoridades tanto del orden jurídico como a las educativas entorno a un aspecto de suma importancia como lo es la delincuencia juvenil, y particularmente la que procede de los estudiantes, que pone en riesgo la vida de los actores más cercanos al panorama educativo, a saber, los educadores, los directivos y los estudiantes mismos.
En medio de una atmósfera de inseguridad relativa que deja en la indefensión a quienes tenemos el deber moral de formar en valores y en conocimientos académicos a los miles y miles de jóvenes y niños de este país, cada uno de los educadores que hoy laboramos en el sistema de educación pública panameño debemos poner nuestras barbas en remojo porque, de alguna manera, el código de valores que rige nuestra sociedad, desdeña la vida humana, se burla de la razón y de la tolerancia, y preconiza a los cuatro vientos el imperio de la ley del más fuerte, del que no acepta las reglas de convivencia dadas por la colectividad y dirime sus diferencias acudiendo a la barbarie y a la vileza, tan en moda en nuestros días.
Desafortunadamente, cuando estos actos recriminables y profundamente dolorosos son cometidos por delincuentes menores de 18 años, la ley parece muda, ciega y sorda, porque entonces la impunidad, la ineficiencia y el proteccionismo de los códigos y de los aupadores que salen en defensa de los victimarios pueden más que el clamor de una sociedad que pide a gritos justicia.
Como no aspiramos a la ley del Talión, sino al justo y merecido tratamiento de quien delinque con pleno conocimiento de lo que hace, emplazamos a las autoridades a deshacer el nudo gordiano que permite a los delincuentes y antisociales menores de 18 años actuar a sus anchas, no vaya a ser que luego sea demasiado tarde y un día de estos, inciertos, por demás, la irracionalidad, que no conoce ni de clase social ni de ni credo ni de raza, como tampoco de gobernantes y gobernados, se tope con nosotros y nos haga una más de sus víctimas.
Mientras quienes redactan las leyes contemplan con nostalgia y paternal visión a los menores infractores, a los que según su obtuso criterio habría que respetarles todas las garantías y todos los derechos, la impunidad campea libremente ante el dolor de quienes ven menoscabada una vida, una profesión, un proyecto de familia, un deseo desbordante por vivir y una prometedora ejecutoria a nivel académico, que acaba sin más porque una persona lo ha decidido de tal forma.
Desde luego que la prevención de futuros hechos como el que hoy nos ocupa, no se logrará sino con un saneamiento profundo de la sociedad, que debe empezar desde el hogar, desde las comunidades, desde la televisión, la radio y la prensa escrita, así como desde la escuela, la iglesia y la sociedad en general.
Para quienes trabajamos en esta difícil y riesgosa profesión, asediada por la virulencia de muchos padres, y cercada muchas veces por amenazas a nivel individual o a nivel de bandas organizadas, hace pocos años podría ser normal que un grupo de estudiantes, nada peligroso, rallara nuestros autos o desinflara nuestros neumáticos, o que en desagravio por no haber aprobado (en buena lid) el año escolar nos coreara furtivamente el sobrenombre con que todo el colegio se mofaba de nosotros... eso era bastante normal y hasta tolerable en el sano ejercicio de catarsis que necesitan los que no están conscientes de haber fallado y de no haber dado todo de sí, y que, en cambio, le endilgan sus errores a los otros.
Pero, atentar contra la vida de quien orienta sus pasos y siembra la semilla del saber y de la rectitud, es un acto que no merece sino la censura de todos, porque no hay nada que justifique acabar con la vida de una persona.
Hoy, sabemos, lo llevamos así en nuestro inconsciente, que, en muchísimos casos insospechados, al determinar o promediar una calificación que un estudiante se ha ganado en igualdad de condiciones, estamos exponiéndonos, en caso de que la misma sea de reprobación, a que se tomen represalias en contra nuestra.
Sólo el sentido común, el apego a la vida y el sabernos útiles y aún necesarios para nuestras familias (nuestros hijos en particular) nos dirá si vale la pena, a cambio de tener mejores ciudadanos, tratar de corregir los modales, los hábitos y las actitudes de determinados estudiantes o si con ello (labor fundamental e ineludible del educador, que refuerza los valores del hogar) no estaremos firmando lentamente una sentencia de muerte, en cuyo caso, ¿no valdría más el dejar hacer, el dejar pasar?
Quienes nunca han estado y quienes hace años no están en un aula de clases como educadores no tienen ni la más remota idea de los riesgos a los que me refiero, porque de hecho, el proceso educativo no es algo mecanizado ni muchos menos, sino que se trata, en esencia, de la interacción de diferentes caracteres y personalidades, de las cuales la del educador es sólo una y no necesariamente siempre la más dominante.
En medio de una atmósfera de inseguridad relativa que deja en la indefensión a quienes tenemos el deber moral de formar en valores y en conocimientos académicos a los miles y miles de jóvenes y niños de este país, cada uno de los educadores que hoy laboramos en el sistema de educación pública panameño debemos poner nuestras barbas en remojo porque, de alguna manera, el código de valores que rige nuestra sociedad, desdeña la vida humana, se burla de la razón y de la tolerancia, y preconiza a los cuatro vientos el imperio de la ley del más fuerte, del que no acepta las reglas de convivencia dadas por la colectividad y dirime sus diferencias acudiendo a la barbarie y a la vileza, tan en moda en nuestros días.
Desafortunadamente, cuando estos actos recriminables y profundamente dolorosos son cometidos por delincuentes menores de 18 años, la ley parece muda, ciega y sorda, porque entonces la impunidad, la ineficiencia y el proteccionismo de los códigos y de los aupadores que salen en defensa de los victimarios pueden más que el clamor de una sociedad que pide a gritos justicia.
Como no aspiramos a la ley del Talión, sino al justo y merecido tratamiento de quien delinque con pleno conocimiento de lo que hace, emplazamos a las autoridades a deshacer el nudo gordiano que permite a los delincuentes y antisociales menores de 18 años actuar a sus anchas, no vaya a ser que luego sea demasiado tarde y un día de estos, inciertos, por demás, la irracionalidad, que no conoce ni de clase social ni de ni credo ni de raza, como tampoco de gobernantes y gobernados, se tope con nosotros y nos haga una más de sus víctimas.
Mientras quienes redactan las leyes contemplan con nostalgia y paternal visión a los menores infractores, a los que según su obtuso criterio habría que respetarles todas las garantías y todos los derechos, la impunidad campea libremente ante el dolor de quienes ven menoscabada una vida, una profesión, un proyecto de familia, un deseo desbordante por vivir y una prometedora ejecutoria a nivel académico, que acaba sin más porque una persona lo ha decidido de tal forma.
Desde luego que la prevención de futuros hechos como el que hoy nos ocupa, no se logrará sino con un saneamiento profundo de la sociedad, que debe empezar desde el hogar, desde las comunidades, desde la televisión, la radio y la prensa escrita, así como desde la escuela, la iglesia y la sociedad en general.
Para quienes trabajamos en esta difícil y riesgosa profesión, asediada por la virulencia de muchos padres, y cercada muchas veces por amenazas a nivel individual o a nivel de bandas organizadas, hace pocos años podría ser normal que un grupo de estudiantes, nada peligroso, rallara nuestros autos o desinflara nuestros neumáticos, o que en desagravio por no haber aprobado (en buena lid) el año escolar nos coreara furtivamente el sobrenombre con que todo el colegio se mofaba de nosotros... eso era bastante normal y hasta tolerable en el sano ejercicio de catarsis que necesitan los que no están conscientes de haber fallado y de no haber dado todo de sí, y que, en cambio, le endilgan sus errores a los otros.
Pero, atentar contra la vida de quien orienta sus pasos y siembra la semilla del saber y de la rectitud, es un acto que no merece sino la censura de todos, porque no hay nada que justifique acabar con la vida de una persona.
Hoy, sabemos, lo llevamos así en nuestro inconsciente, que, en muchísimos casos insospechados, al determinar o promediar una calificación que un estudiante se ha ganado en igualdad de condiciones, estamos exponiéndonos, en caso de que la misma sea de reprobación, a que se tomen represalias en contra nuestra.
Sólo el sentido común, el apego a la vida y el sabernos útiles y aún necesarios para nuestras familias (nuestros hijos en particular) nos dirá si vale la pena, a cambio de tener mejores ciudadanos, tratar de corregir los modales, los hábitos y las actitudes de determinados estudiantes o si con ello (labor fundamental e ineludible del educador, que refuerza los valores del hogar) no estaremos firmando lentamente una sentencia de muerte, en cuyo caso, ¿no valdría más el dejar hacer, el dejar pasar?
Quienes nunca han estado y quienes hace años no están en un aula de clases como educadores no tienen ni la más remota idea de los riesgos a los que me refiero, porque de hecho, el proceso educativo no es algo mecanizado ni muchos menos, sino que se trata, en esencia, de la interacción de diferentes caracteres y personalidades, de las cuales la del educador es sólo una y no necesariamente siempre la más dominante.
