Educación y privatización
Hace pocos días la comunidad panameña fue estremecida por la noticia de que un prestigioso organismo internacional, luego de examinar la educación nacional, había concluido que su estado es desastroso hasta el punto que se le compara con la de Haití, la nación más pobre del continente.
Un detalle paradójico del diagnóstico es que Panamá está entre las naciones que invierte un más alto porcentaje de su presupuesto nacional, pese a lo cual cosecha muy malos resultados. La protesta y rotunda negativa del Ministerio de Educación no se hizo esperar, pero los resultados están a la vista.
En las últimas semanas, a raíz de la discusión de un proyecto de ley, y de la revelación de unos sondeos por una multinacional bancaria que buscaba mano de obra bilingüe para más de mil plazas, comprobamos lo que era un secreto a voces, que es un mito que en Panamá todo el mundo sabe inglés.
Un distinguido lingüista local escribió para nuestro diario lo que nos pareció una verdad dolorosa y lapidaria: mal podemos oficializar el inglés como segunda lengua si ni siquiera sabemos entender, hablar, leer y escribir el español correctamente. Nuestras carencias educativas se hicieron otra vez evidentes.
Actualmente se desarrolla un diálogo nacional para modernizar la educación. Los educadores del sector público y organizaciones populares están siempre en pie de guerra contra la privatización de la enseñanza. Su postura es similar a la que sostienen en la mesa del Diálogo por el Seguro Social, que actuarialmente se dirige hacia el abismo (según la OIT), cosa que ocurrirá en 17 años (2019), si nada se hace. El denominador es común, mucho gasto y pobres resultados.
Nadie ha planteado privatizar nada. Pero aun así se insiste en el argumento. A lo sumo, en uno y otro caso se ha sugerido abandonar posturas dogmáticas y ensayar algunas fórmulas - subrayamos algunas - del sector privado. Por ejemplo, hemos argumentado que es más barato enviar a los asegurados a que se atiendan en clínicas privadas de su elección, por cuenta del Seguro, lo cual es más barato que si la entidad se pone a comprar y administrar hospitales, pagar planillas y enfrentar paros laborales. Es mejor que de eso se encarguen los hospitales privados.
Igual con las escuelas. Al Estado le cuesta mucho más educar a un ciudadano que lo que le cuesta al sistema de educación particular, con abismales resultados a favor del último. Siendo eso así, parece conveniente que el Estado compre algunos cupos en escuelas privadas y envíe para ocuparlos a estudiantes de bajos recursos más aventajados. De ese modo, se podría achicar la brecha entre ambos y propiciar la movilidad social, al tiempo que se ahorraría recursos, porque si se sigue haciendo a través del Ministerio de Educación, le sale más caro y con pobres resultados. Todo se le va en planillas, reparación y dotación de escuelas que se vandalizan cada año.
Un detalle paradójico del diagnóstico es que Panamá está entre las naciones que invierte un más alto porcentaje de su presupuesto nacional, pese a lo cual cosecha muy malos resultados. La protesta y rotunda negativa del Ministerio de Educación no se hizo esperar, pero los resultados están a la vista.
En las últimas semanas, a raíz de la discusión de un proyecto de ley, y de la revelación de unos sondeos por una multinacional bancaria que buscaba mano de obra bilingüe para más de mil plazas, comprobamos lo que era un secreto a voces, que es un mito que en Panamá todo el mundo sabe inglés.
Un distinguido lingüista local escribió para nuestro diario lo que nos pareció una verdad dolorosa y lapidaria: mal podemos oficializar el inglés como segunda lengua si ni siquiera sabemos entender, hablar, leer y escribir el español correctamente. Nuestras carencias educativas se hicieron otra vez evidentes.
Actualmente se desarrolla un diálogo nacional para modernizar la educación. Los educadores del sector público y organizaciones populares están siempre en pie de guerra contra la privatización de la enseñanza. Su postura es similar a la que sostienen en la mesa del Diálogo por el Seguro Social, que actuarialmente se dirige hacia el abismo (según la OIT), cosa que ocurrirá en 17 años (2019), si nada se hace. El denominador es común, mucho gasto y pobres resultados.
Nadie ha planteado privatizar nada. Pero aun así se insiste en el argumento. A lo sumo, en uno y otro caso se ha sugerido abandonar posturas dogmáticas y ensayar algunas fórmulas - subrayamos algunas - del sector privado. Por ejemplo, hemos argumentado que es más barato enviar a los asegurados a que se atiendan en clínicas privadas de su elección, por cuenta del Seguro, lo cual es más barato que si la entidad se pone a comprar y administrar hospitales, pagar planillas y enfrentar paros laborales. Es mejor que de eso se encarguen los hospitales privados.
Igual con las escuelas. Al Estado le cuesta mucho más educar a un ciudadano que lo que le cuesta al sistema de educación particular, con abismales resultados a favor del último. Siendo eso así, parece conveniente que el Estado compre algunos cupos en escuelas privadas y envíe para ocuparlos a estudiantes de bajos recursos más aventajados. De ese modo, se podría achicar la brecha entre ambos y propiciar la movilidad social, al tiempo que se ahorraría recursos, porque si se sigue haciendo a través del Ministerio de Educación, le sale más caro y con pobres resultados. Todo se le va en planillas, reparación y dotación de escuelas que se vandalizan cada año.
