El aguijón en la "justicia de los intereses creados"
"El sistema judicial imperante está a punto de colapsar, porque responde a los intereses creados, ya que protege a los más poderosos..."
LA CRIMINALIDAD organizada tiende a involucrar a los políticos y a las instituciones públicas y privadas, en sus asuntos delictivos. El blanqueo de capitales está penetrando peligrosamente en las instituciones del Estado, así como en los bancos, en empresas constructoras y de bienes raíces, en supermercados, en discotecas, en cines, en almacenes y casinos.
El poder mafioso ha logrado una fuerza tan poderosa, que en ocasiones actúa como protector, árbitro y mediador entre sus miembros sindicados por algún delito y los organismos de investigación y los poderes jurisdiccionales con sagacidad y capacidad, a fin de liberarlos de responsabilidades penales.
Además, asesina con armas de fuego o con veneno, a los que considere traidores, tumbadores o a los que con firmeza investiguen sus fechorías, en ocasiones, en contubernio con algunas autoridades.
Algunos estudiosos de la criminología han dicho que el crimen organizado está actuando en nuestros días como una especie de Estado secreto detrás de la fachada del Estado oficial. Esta combinación la han calificado como el fenómeno del "doble Estado".
Pareciera que existe desde hace mucho tiempo un entorno político-mafioso-económico que tiene el privilegio de realizar los negocios sucios, como narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, contrabando, evasión de impuestos, pago de sobornos y coimas.
Más del noventa por ciento de los enjuiciados y condenados, vinculados a estos delitos, son los que han tenido una participación poco relevante y que generalmente provienen de los barrios pobres; sin embargo, los fuertes o ricos, que son los verdaderos responsables, se pavonean por las calles muertos de la risa. Por ello, los ciudadanos piensan que la administración de justicia responde a un sistema socioeconómico y político que mantiene el poder del más fuerte.
El gran maestro de la masonería italiana Licio Gelli, citado por el profesor de Historia Contemporánea, de la Universidad de Palermo, Guiseppe Carlo Marino, en su obra Los Padrinos y las nefastas virtudes del puro poder, con relación al caso de Michele Sindona, abogado mafioso, de origen humilde, amigo y socio de Gelli y quien fue condenado a cadena perpetua por los delitos de quiebra fraudulenta, lavado de dinero y asesinato, pero que murió envenenado con cianuro en su celda de la Cárcel de Voghera, completamente abandonado por la Onorata Società italiana, el Partido Demócrata Cristiano, el Vaticano y la Logia Masónica, a quienes le inyectó millones de liras, producto de sus negocios sucios, dijo: "Mi experiencia de la sicología humana me dice que, en ciertos estratos de la humanidad, la ley natural consiste en ayudar a los más fuertes y golpear a los más débiles; por lo que hasta la iglesia no tenía más remedio que renegar del hombre al que tiempo atrás había calificado como enviado por la providencia".
A mi juicio, el sistema judicial imperante está a punto de colapsar, porque responde a los intereses creados, ya que protege a los más poderosos y se ensaña con los más débiles.
Esa justicia andariega, parcial y discriminatoria, se caracteriza por expedientes voluminosos y la maraña del trámite que conduce derechamente a la injusticia premeditada, cuyos responsables son quienes la administran en complicidad con el poder mancomunado entre el Estado oficial y el Estado secreto.
Todos debemos ser conscientes de que el Órgano Judicial no es un Órgano del Estado, sino del Derecho. Es viva vox iuris, iuris, dictio, directamente vinculado al Derecho. La relación entre el Derecho y el Juez es directa, sin que ningún otro sujeto u órgano pueda intervenir en el momento de tomar sus decisiones.
Por esta razón, se plantea un cambio categórico y radical de un modelo de corte inquisitivo, por otro de tipo acusatorio que consagre el respeto a las garantías individuales y de derechos fundamentales, dentro de parámetros de eficiencia en la persecución de los delitos y castigos de los delincuentes.
Pero considero que ello solo sería un alivio al mal en cuestión. Se necesita una transformación o reingeniería casi total del Ministerio Público y del Órgano Judicial; tenemos que desaprender y volver a aprender sobre este asunto. Dicho cambio solo se daría, según mi criterio, a través de una Asamblea Constituyente, de lo contrario surgiría de abajo violentamente promovido e impuesto por los menos aventajados de la sociedad, que son muchos, en contra del statu quo que solo favorece a unos pocos.
LA CRIMINALIDAD organizada tiende a involucrar a los políticos y a las instituciones públicas y privadas, en sus asuntos delictivos. El blanqueo de capitales está penetrando peligrosamente en las instituciones del Estado, así como en los bancos, en empresas constructoras y de bienes raíces, en supermercados, en discotecas, en cines, en almacenes y casinos.
El poder mafioso ha logrado una fuerza tan poderosa, que en ocasiones actúa como protector, árbitro y mediador entre sus miembros sindicados por algún delito y los organismos de investigación y los poderes jurisdiccionales con sagacidad y capacidad, a fin de liberarlos de responsabilidades penales.
Además, asesina con armas de fuego o con veneno, a los que considere traidores, tumbadores o a los que con firmeza investiguen sus fechorías, en ocasiones, en contubernio con algunas autoridades.
Algunos estudiosos de la criminología han dicho que el crimen organizado está actuando en nuestros días como una especie de Estado secreto detrás de la fachada del Estado oficial. Esta combinación la han calificado como el fenómeno del "doble Estado".
Pareciera que existe desde hace mucho tiempo un entorno político-mafioso-económico que tiene el privilegio de realizar los negocios sucios, como narcotráfico, lavado de dinero, extorsión, contrabando, evasión de impuestos, pago de sobornos y coimas.
Más del noventa por ciento de los enjuiciados y condenados, vinculados a estos delitos, son los que han tenido una participación poco relevante y que generalmente provienen de los barrios pobres; sin embargo, los fuertes o ricos, que son los verdaderos responsables, se pavonean por las calles muertos de la risa. Por ello, los ciudadanos piensan que la administración de justicia responde a un sistema socioeconómico y político que mantiene el poder del más fuerte.
El gran maestro de la masonería italiana Licio Gelli, citado por el profesor de Historia Contemporánea, de la Universidad de Palermo, Guiseppe Carlo Marino, en su obra Los Padrinos y las nefastas virtudes del puro poder, con relación al caso de Michele Sindona, abogado mafioso, de origen humilde, amigo y socio de Gelli y quien fue condenado a cadena perpetua por los delitos de quiebra fraudulenta, lavado de dinero y asesinato, pero que murió envenenado con cianuro en su celda de la Cárcel de Voghera, completamente abandonado por la Onorata Società italiana, el Partido Demócrata Cristiano, el Vaticano y la Logia Masónica, a quienes le inyectó millones de liras, producto de sus negocios sucios, dijo: "Mi experiencia de la sicología humana me dice que, en ciertos estratos de la humanidad, la ley natural consiste en ayudar a los más fuertes y golpear a los más débiles; por lo que hasta la iglesia no tenía más remedio que renegar del hombre al que tiempo atrás había calificado como enviado por la providencia".
A mi juicio, el sistema judicial imperante está a punto de colapsar, porque responde a los intereses creados, ya que protege a los más poderosos y se ensaña con los más débiles.
Esa justicia andariega, parcial y discriminatoria, se caracteriza por expedientes voluminosos y la maraña del trámite que conduce derechamente a la injusticia premeditada, cuyos responsables son quienes la administran en complicidad con el poder mancomunado entre el Estado oficial y el Estado secreto.
Todos debemos ser conscientes de que el Órgano Judicial no es un Órgano del Estado, sino del Derecho. Es viva vox iuris, iuris, dictio, directamente vinculado al Derecho. La relación entre el Derecho y el Juez es directa, sin que ningún otro sujeto u órgano pueda intervenir en el momento de tomar sus decisiones.
Por esta razón, se plantea un cambio categórico y radical de un modelo de corte inquisitivo, por otro de tipo acusatorio que consagre el respeto a las garantías individuales y de derechos fundamentales, dentro de parámetros de eficiencia en la persecución de los delitos y castigos de los delincuentes.
Pero considero que ello solo sería un alivio al mal en cuestión. Se necesita una transformación o reingeniería casi total del Ministerio Público y del Órgano Judicial; tenemos que desaprender y volver a aprender sobre este asunto. Dicho cambio solo se daría, según mi criterio, a través de una Asamblea Constituyente, de lo contrario surgiría de abajo violentamente promovido e impuesto por los menos aventajados de la sociedad, que son muchos, en contra del statu quo que solo favorece a unos pocos.
