El ambiente en la perspectiva del desarrollo
EL PROTOCOLO de Kyoto, que regula y propone la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero -principal causa del cambio climático-, entra en vigencia este miércoles, y establece un programa entre 2008 y 2012 para crear un nuevo orden entre países desarrollados y en desarrollo.
La reciente aprobación y ratificación de la Federación Rusa de este protocolo, completa los requisitos mínimos que se establecieron como condición para que entrara en vigencia. Según las negociaciones originales, 55 de las partes o países emisores del mayor porcentaje de los gases contaminantes, debían adoptarlo e incorporar en sus legislaciones internas.
¿Qué es lo que regula el Protocolo y cuáles fueron los antecedentes de este acuerdo internacional? En 1994, las emisiones de dióxido de carbono en América Latina por cambio en el uso del suelo correspondían a un 48.3% del total mundial, sobre todo por la deforestación; además el 9.3% del total del metano, originado en un mayor grado por la ganadería.
Otra causa de este fenómeno se debe a la forma como la producción y consumo de clorofluorocarbonos (CFCs) se realiza en los países industrializados y en aquellos en desarrollo. Si bien en un principio se disminuyó sensiblemente la producción de estos gases contaminantes, en los últimos años ha aumentado. Un fenómeno a la inversa ha ocurrido en los países en desarrollo, donde la tendencia ha sido declinante.
Los gases de efecto invernadero son el resultado de algunas prácticas industriales y acciones humanas como el uso de CFCs e hidrofluorocarbonos empleados en equipos de refrigeración y propulsores de aerosoles y espumas; solventes para limpiar metales; halones de extintores de incendio; compuestos para fumigar cosechas; además de emisiones vehiculares, combustión de materiales fósiles, incendios forestales y quemas.
Se sabe, por ejemplo, que en América Latina el deterioro de la calidad del aire tiene entre sus causas "las emisiones atmosféricas provenientes de los sectores transporte, industrial y agrícola, el proceso de deposición de desechos, los incendios forestales y las fuentes domésticas", afirma el "Informe GEO América Latina y el Caribe 2003". Lógicamente que estas prácticas tienen un alto índice de afectación de la salud humana.
El citado documento resalta también que casi todas las capitales de los países del istmo centroamericano tienen altas tasas de aire cargado de micropartículas, cuya concentración "sobrepasa la normativa". Entre las causas de estos niveles de contaminación están los deficientes sistemas de transporte, emisiones en el sector industrial y un inadecuado sistema de deposición e incineración de desechos sólidos.
A pesar que se han invertido importantes recursos económicos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, las acciones y políticas no han sido lo suficiente para resolver el nivel de complejidad de los problemas y por tanto se ha generalizado el fenómeno del cambio climático que afecta los ciclos atmosféricos, con consecuencias en casi todas las actividades de producción agropecuaria y por tanto de alimentos.
La adopción del Protocolo de Kyoto y su puesta en vigencia abren nuevas expectativas para los países en desarrollo en razón de convertirse en potenciales polos o mercados para la inversión en proyectos tanto privados como estatales que permitan o posibiliten la reducción de gases efecto invernadero. Esto permitiría activar un sector y fomentar la creación de fuentes de trabajo.
El Protocolo de Kyoto se propone reducir las emisiones de gases efecto invernadero a por lo menos un 5% por debajo de los niveles existentes en 1990 para los países desarrollados, causantes del 90% del problema -Norteamérica, Europa, Australia y Japón-. Además establece medidas importantes relacionadas con una mayor eficiencia energética, transporte, promoción de formas de energía renovable y gestión de desechos.
El convenio internacional también propone tres mecanismos de cooperación para hacer más equitativa la carga de reducción de los gases efecto invernadero. Uno de ellos es la creación del mecanismo de desarrollo limpio, MDL; es decir la creación de créditos de emisiones de países desarrollados.
Otro de los acuerdos es la adopción de medidas conjuntas entre los países desarrollados y el intercambio de unidades de reducción de emisión. Esta última opción permite a los países con ventajas de mitigación, que puedan intercambiar resultados con países interesados.
Con relación a la primera medida, Panamá presentó proyectos que reducen la emisión de gases contaminantes y logró por tanto, beneficiarse de los créditos de emisiones y atrajo a países como Holanda para invertir en proyectos hidroeléctricos. También se ha firmado acuerdos de mutuo interés con Canadá y otros estados de la Unión Europea.
En la reciente Conferencia de las Partes de la Convención, celebrada en Buenos Aires, Panamá presentó un portafolio 34 proyectos tanto del sector privado como público que llamó la atención de la comunidad internacional; ésta se manifestó interesada en conocer en detalle sobre las implicaciones de las iniciativas panameñas. Una de ellas es por supuesto el proyecto de saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá.
La puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto abre nuevas perspectivas para las políticas de desarrollo en Panamá ya que el ambiente y el desarrollo sostenible contarán con un amplio respaldo de importantes centros y organismos internacionales que en el contexto de este acuerdo, orientarán sus intereses de inversión con la seguridad que contribuyen a la prevención y mitigación de un problema planetario, como lo es el cambio climático.
La reciente aprobación y ratificación de la Federación Rusa de este protocolo, completa los requisitos mínimos que se establecieron como condición para que entrara en vigencia. Según las negociaciones originales, 55 de las partes o países emisores del mayor porcentaje de los gases contaminantes, debían adoptarlo e incorporar en sus legislaciones internas.
¿Qué es lo que regula el Protocolo y cuáles fueron los antecedentes de este acuerdo internacional? En 1994, las emisiones de dióxido de carbono en América Latina por cambio en el uso del suelo correspondían a un 48.3% del total mundial, sobre todo por la deforestación; además el 9.3% del total del metano, originado en un mayor grado por la ganadería.
Otra causa de este fenómeno se debe a la forma como la producción y consumo de clorofluorocarbonos (CFCs) se realiza en los países industrializados y en aquellos en desarrollo. Si bien en un principio se disminuyó sensiblemente la producción de estos gases contaminantes, en los últimos años ha aumentado. Un fenómeno a la inversa ha ocurrido en los países en desarrollo, donde la tendencia ha sido declinante.
Los gases de efecto invernadero son el resultado de algunas prácticas industriales y acciones humanas como el uso de CFCs e hidrofluorocarbonos empleados en equipos de refrigeración y propulsores de aerosoles y espumas; solventes para limpiar metales; halones de extintores de incendio; compuestos para fumigar cosechas; además de emisiones vehiculares, combustión de materiales fósiles, incendios forestales y quemas.
Se sabe, por ejemplo, que en América Latina el deterioro de la calidad del aire tiene entre sus causas "las emisiones atmosféricas provenientes de los sectores transporte, industrial y agrícola, el proceso de deposición de desechos, los incendios forestales y las fuentes domésticas", afirma el "Informe GEO América Latina y el Caribe 2003". Lógicamente que estas prácticas tienen un alto índice de afectación de la salud humana.
El citado documento resalta también que casi todas las capitales de los países del istmo centroamericano tienen altas tasas de aire cargado de micropartículas, cuya concentración "sobrepasa la normativa". Entre las causas de estos niveles de contaminación están los deficientes sistemas de transporte, emisiones en el sector industrial y un inadecuado sistema de deposición e incineración de desechos sólidos.
A pesar que se han invertido importantes recursos económicos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, las acciones y políticas no han sido lo suficiente para resolver el nivel de complejidad de los problemas y por tanto se ha generalizado el fenómeno del cambio climático que afecta los ciclos atmosféricos, con consecuencias en casi todas las actividades de producción agropecuaria y por tanto de alimentos.
La adopción del Protocolo de Kyoto y su puesta en vigencia abren nuevas expectativas para los países en desarrollo en razón de convertirse en potenciales polos o mercados para la inversión en proyectos tanto privados como estatales que permitan o posibiliten la reducción de gases efecto invernadero. Esto permitiría activar un sector y fomentar la creación de fuentes de trabajo.
El Protocolo de Kyoto se propone reducir las emisiones de gases efecto invernadero a por lo menos un 5% por debajo de los niveles existentes en 1990 para los países desarrollados, causantes del 90% del problema -Norteamérica, Europa, Australia y Japón-. Además establece medidas importantes relacionadas con una mayor eficiencia energética, transporte, promoción de formas de energía renovable y gestión de desechos.
El convenio internacional también propone tres mecanismos de cooperación para hacer más equitativa la carga de reducción de los gases efecto invernadero. Uno de ellos es la creación del mecanismo de desarrollo limpio, MDL; es decir la creación de créditos de emisiones de países desarrollados.
Otro de los acuerdos es la adopción de medidas conjuntas entre los países desarrollados y el intercambio de unidades de reducción de emisión. Esta última opción permite a los países con ventajas de mitigación, que puedan intercambiar resultados con países interesados.
Con relación a la primera medida, Panamá presentó proyectos que reducen la emisión de gases contaminantes y logró por tanto, beneficiarse de los créditos de emisiones y atrajo a países como Holanda para invertir en proyectos hidroeléctricos. También se ha firmado acuerdos de mutuo interés con Canadá y otros estados de la Unión Europea.
En la reciente Conferencia de las Partes de la Convención, celebrada en Buenos Aires, Panamá presentó un portafolio 34 proyectos tanto del sector privado como público que llamó la atención de la comunidad internacional; ésta se manifestó interesada en conocer en detalle sobre las implicaciones de las iniciativas panameñas. Una de ellas es por supuesto el proyecto de saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá.
La puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto abre nuevas perspectivas para las políticas de desarrollo en Panamá ya que el ambiente y el desarrollo sostenible contarán con un amplio respaldo de importantes centros y organismos internacionales que en el contexto de este acuerdo, orientarán sus intereses de inversión con la seguridad que contribuyen a la prevención y mitigación de un problema planetario, como lo es el cambio climático.
