El archivo del caso de sobornos

La Asamblea Nacional de Diputados acaba de archivar el caso de los supuestos sobornos relacionados con las designaciones de los magistrados Spadafora y Cigarruista en el año 2002, a título de que no hay pruebas para sustentarlo, y que la denuncia al respecto fue poco menos que un bochinche. Por primera vez en muchos años arnulfistas y perredistas marcharon de la mano, y conspicuas personalidades de sus respectivas bancadas salieron a avalar la decisión. La medida mata, por lo menos en el parlamento, dos pájaros de un solo tiro: la denuncia de los sobornos para llevar a la Corte a los dos magistrados mencionados y el supuesto soborno de diputados para aprobar un proyecto de desarrollo multimodal en Colón. Aun cuando el Ministerio Público ha dicho que seguirán las investigaciones del caso, el anuncio de la Asamblea es políticamente contundente, aunque dudosamente sustentable. Dudoso por aquello de que no existen pruebas. Primero porque el parlamento no hizo nada, que se sepa, para investigar en serio el asunto, ni siquiera citó a los denunciantes; y segundo porque en la mente de miles de panameños sigue fresca la imagen de un parlamentario contando los billetes por la TV. Pareciera que al socaire de “no existen pruebas” el parlamentario mostrara los seis mil dólares que dijo le habían dado para aprobar el CEMIS. Por lo mismo, la decisión de la Asamblea parece más el resultado de un acuerdo político mediante el cual ambos partidos se estarían poniendo a salvo de cualquier escrutinio, que una respuesta madura, prudente o creíble.