El arresto de Pinochet en Londres
La justicia tarda, pero llega, fue el adagio recordado por miles de chilenos y personas de otros países al conocer el sorpresivo arresto en Londres del general retirado Augusto Pinochet Ugarte, a solicitud de jueces españoles por su responsabilidad en el homicidio de ciudadanos españoles durante el lapso de 1973 y 1990 en que ejerció el poder en forma dictatorial. Como lo recordaron organizaciones de derechos humanos de varios países, Pinochet tiene procesos abiertos en su país por crímenes que se cometieron en forma de secuestros, torturas, violaciones y asesinatos, dentro del territorio chileno, pero también le alcanzaría responsabilidad penal por delitos semejantes perpetrados en el Cono Sur, en asociación con regímenes inconstitucionales de Argentina, Uruguay, Paraguay y otras naciones.
Los asesores legales de Pinochet no previeron el riesgo en que incurría el anciano dictador al radicarse temporalmente en la capital británica para someterse a una operación quirúrgica a la columna vertebral. Mientras residió en Chile estaba protegido por la inmunidad que le otorga el puesto de senador vitalicio, creado por su propio régimen, en lo que se refería a solicitudes de extradición a otras naciones, como España. Sin embargo, la perseverancia de los magistrados españoles, especialmente el juez Baltazar Garzón, notorio por batallas judiciales dentro de su país, rindió fruto cuando las autoridades inglesas de nivel judicial acataron la solicitud de extradición a España.
De hecho y de derecho, Pinochet está sometido a la jurisdicción de la justicia europea, y española sobre todo la que, después del trauma de los horrores perpetrados por el nazismo en la segunda guerra mundial, sanciona severamente el delito de genocidio.
A la postre no se descarta que la posición oficial chilena demandando respeto al principio de inmunidad que protegería formalmente a diplomáticos y no a senadores no electos por los votantes, como es el caso de Pinochet, acabará rindiéndose al peso jurídico de las acusaciones de genocidio que, incontrovertiblemente, sindican al dictador como jefe supremo de las fuerzas armadas que arrasaron los derechos humanos durante casi veinte años.
A los 82 años de edad, le faltaría tiempo a Pinochet para rendir cuentas por todos los crímenes contra chilenos y extranjeros, fusilados y enterrados clandestinamente, sin proceso judicial previo, simplemente por ser considerados adversarios ideológicos del régimen militar. Los acontecimientos judiciales y políticos, a partir de la fecha de la captura de Pinochet, están escribiendo capítulos que dejarán huella en la historia de la defensa de los derechos humanos, en todo el mundo.
Los asesores legales de Pinochet no previeron el riesgo en que incurría el anciano dictador al radicarse temporalmente en la capital británica para someterse a una operación quirúrgica a la columna vertebral. Mientras residió en Chile estaba protegido por la inmunidad que le otorga el puesto de senador vitalicio, creado por su propio régimen, en lo que se refería a solicitudes de extradición a otras naciones, como España. Sin embargo, la perseverancia de los magistrados españoles, especialmente el juez Baltazar Garzón, notorio por batallas judiciales dentro de su país, rindió fruto cuando las autoridades inglesas de nivel judicial acataron la solicitud de extradición a España.
De hecho y de derecho, Pinochet está sometido a la jurisdicción de la justicia europea, y española sobre todo la que, después del trauma de los horrores perpetrados por el nazismo en la segunda guerra mundial, sanciona severamente el delito de genocidio.
A la postre no se descarta que la posición oficial chilena demandando respeto al principio de inmunidad que protegería formalmente a diplomáticos y no a senadores no electos por los votantes, como es el caso de Pinochet, acabará rindiéndose al peso jurídico de las acusaciones de genocidio que, incontrovertiblemente, sindican al dictador como jefe supremo de las fuerzas armadas que arrasaron los derechos humanos durante casi veinte años.
A los 82 años de edad, le faltaría tiempo a Pinochet para rendir cuentas por todos los crímenes contra chilenos y extranjeros, fusilados y enterrados clandestinamente, sin proceso judicial previo, simplemente por ser considerados adversarios ideológicos del régimen militar. Los acontecimientos judiciales y políticos, a partir de la fecha de la captura de Pinochet, están escribiendo capítulos que dejarán huella en la historia de la defensa de los derechos humanos, en todo el mundo.
