El bien común y los programas sociales
La participación reciente en un seminario sobre políticas sociales me brindó la oportunidad de considerar el tema, uno de los que más interesan tanto a los políticos como a la población en general.
Lo que quiero analizar aquí son las premisas sobre las que se apoyan las políticas sociales de los gobiernos. Un argumento, se recordará, es un conjunto de premisas con una conclusión. Un razonamiento puede ser lógicamente perfecto, pero si las premisas son falsas, también lo son las conclusiones.
Consideremos algunas de las premisas de aquéllos que proponen distintas políticas "sociales". Una de ellas es que el estado "promueve el bien común". Uno podría dedicar varias páginas a tan sólo definir algo tan complejo como el "bien común", pero aun tomando una definición amplia del mismo, esa proposición enfrenta problemas insalvables. Pues si el estado promueve el "bien común", ¿cómo es que nos encontramos con un sinnúmero de ejemplos donde lo contrario resulta ser el caso?
Es decir, esta definición es tan inocente que no nos permite explicar la existencia de acciones por parte del estado cuyo objetivo es claramente la promoción de algún interés "particular" y no el anunciado interés general. Claro que mantener esa proposición original evita enfrentarnos con un problema cuya resolución puede ser difícil, si no imposible. Tomemos un ejemplo: supongamos que queremos una política social para redistribuir recursos de los más ricos a los más pobres. Si suponemos que el estado promueve el bien general, definido como el mayor beneficio para el mayor número, esto no nos genera problemas que no son de mera eficiencia en la implementación del programa.
Pero si abandonamos esa premisa, entonces claramente nos enfrentamos con lo siguiente: ¿cómo hacer para que un programa de redistribución de ricos a pobres no termine siendo lo contrario, un programa de redistribución de los menos a los más poderosos?
Al asumir la premisa original ésta no es una pregunta que se hacen quienes promueven políticas sociales.
Una segunda premisa es que el mercado es eficiente en materia de producción pero no lo es en materia de distribución; por lo tanto, el estado debe redistribuir lo que el mercado ya ha distribuido. Este argumento está basado en la premisa que la producción y la distribución son dos actividades que se realizan en forma separada y que poca o ninguna relación tienen entre sí. No es una idea nueva; ya la expresó John Stuart Mill hace 150 años. La falacia de la misma es fácil de observar: supongamos que alguien siembra tomates para su consumo personal o para intercambiarlos por otros bienes y servicios. Supongamos también que se le anuncia que el próximo año todo tomate producido deberá ser entregado gratuitamente al gobierno. ¿Seguiría usted pensando que la distribución es independiente de la producción? Por cierto que la producción se realiza en vistas a una distribución determinada, cuya modificación inevitablemente impactará los incentivos de la producción. Esto es, se podrá redistribuir lo que se quiera, pero podemos contar con que ello no afectará la producción.
La consecuencia se hace evidente cuando se plantea la evaluación de los programas sociales. Preocupados por la eficiencia, distintos funcionarios buscan evaluar mejor los resultados de un programa social, pero no toman en cuenta el costo de oportunidad de los recursos destinados al mismo. Por ejemplo, se pueden medir de muchas formas los resultados de un programa público para generar empleos, pero ese análisis es incompleto si no se incluye el costo de oportunidad de los empleos destruidos por los impuestos recaudados con ese fin.
Un ejemplo de esto son los aranceles impuestos para proteger la mano de obra nacional. Pero resulta que esos mismos aranceles rebajan el nivel de vida del consumidor, lo cual se refleja en menor creación de empleos en el país. El costo de oportunidad son los empleos que jamás aparecieron por la política arancelaria.
Alguno podrá aceptar que hacer esto es necesario y para justificar ese programa deberá valorar más los empleos creados que los empleos destruidos. Para hacer esto deberá saltar la barrera de la comparación interpersonal de utilidades, algo que la economía supuestamente no permitiría, pero tal vez esto sea un problema menor. Y ¿quién haría esa comparación? Por supuesto que el funcionario, ¿no es acaso él quien promueve el bien común?
Y aquí el círculo se cierra; ya no hay obstáculos para la acción gubernamental. (c)
Corresponsal de la agencia de prensa AIPE.
Lo que quiero analizar aquí son las premisas sobre las que se apoyan las políticas sociales de los gobiernos. Un argumento, se recordará, es un conjunto de premisas con una conclusión. Un razonamiento puede ser lógicamente perfecto, pero si las premisas son falsas, también lo son las conclusiones.
Consideremos algunas de las premisas de aquéllos que proponen distintas políticas "sociales". Una de ellas es que el estado "promueve el bien común". Uno podría dedicar varias páginas a tan sólo definir algo tan complejo como el "bien común", pero aun tomando una definición amplia del mismo, esa proposición enfrenta problemas insalvables. Pues si el estado promueve el "bien común", ¿cómo es que nos encontramos con un sinnúmero de ejemplos donde lo contrario resulta ser el caso?
Es decir, esta definición es tan inocente que no nos permite explicar la existencia de acciones por parte del estado cuyo objetivo es claramente la promoción de algún interés "particular" y no el anunciado interés general. Claro que mantener esa proposición original evita enfrentarnos con un problema cuya resolución puede ser difícil, si no imposible. Tomemos un ejemplo: supongamos que queremos una política social para redistribuir recursos de los más ricos a los más pobres. Si suponemos que el estado promueve el bien general, definido como el mayor beneficio para el mayor número, esto no nos genera problemas que no son de mera eficiencia en la implementación del programa.
Pero si abandonamos esa premisa, entonces claramente nos enfrentamos con lo siguiente: ¿cómo hacer para que un programa de redistribución de ricos a pobres no termine siendo lo contrario, un programa de redistribución de los menos a los más poderosos?
Al asumir la premisa original ésta no es una pregunta que se hacen quienes promueven políticas sociales.
Una segunda premisa es que el mercado es eficiente en materia de producción pero no lo es en materia de distribución; por lo tanto, el estado debe redistribuir lo que el mercado ya ha distribuido. Este argumento está basado en la premisa que la producción y la distribución son dos actividades que se realizan en forma separada y que poca o ninguna relación tienen entre sí. No es una idea nueva; ya la expresó John Stuart Mill hace 150 años. La falacia de la misma es fácil de observar: supongamos que alguien siembra tomates para su consumo personal o para intercambiarlos por otros bienes y servicios. Supongamos también que se le anuncia que el próximo año todo tomate producido deberá ser entregado gratuitamente al gobierno. ¿Seguiría usted pensando que la distribución es independiente de la producción? Por cierto que la producción se realiza en vistas a una distribución determinada, cuya modificación inevitablemente impactará los incentivos de la producción. Esto es, se podrá redistribuir lo que se quiera, pero podemos contar con que ello no afectará la producción.
La consecuencia se hace evidente cuando se plantea la evaluación de los programas sociales. Preocupados por la eficiencia, distintos funcionarios buscan evaluar mejor los resultados de un programa social, pero no toman en cuenta el costo de oportunidad de los recursos destinados al mismo. Por ejemplo, se pueden medir de muchas formas los resultados de un programa público para generar empleos, pero ese análisis es incompleto si no se incluye el costo de oportunidad de los empleos destruidos por los impuestos recaudados con ese fin.
Un ejemplo de esto son los aranceles impuestos para proteger la mano de obra nacional. Pero resulta que esos mismos aranceles rebajan el nivel de vida del consumidor, lo cual se refleja en menor creación de empleos en el país. El costo de oportunidad son los empleos que jamás aparecieron por la política arancelaria.
Alguno podrá aceptar que hacer esto es necesario y para justificar ese programa deberá valorar más los empleos creados que los empleos destruidos. Para hacer esto deberá saltar la barrera de la comparación interpersonal de utilidades, algo que la economía supuestamente no permitiría, pero tal vez esto sea un problema menor. Y ¿quién haría esa comparación? Por supuesto que el funcionario, ¿no es acaso él quien promueve el bien común?
Y aquí el círculo se cierra; ya no hay obstáculos para la acción gubernamental. (c)
Corresponsal de la agencia de prensa AIPE.
