El camino de la extradición
De acuerdo a reciente informe presentado en Bogotá por el colombiano Consejo Nacional de Estupefacientes, en buena hora más de 375 mil millones de pesos en bienes de los narcotraficantes pasaron a manos del Estado. De éstos, 294 bienes, entre ellos 96 departamentos, 116 garajes, 80 locales y una casa, fueron propiedad del extinto capo José Santacruz Londoño. Con todo el desparpajo del caso, a una de sus residencias denominaron los malandrines Casa Blanca, por cuanto es una réplica de la célebre y emblemática edificación que se localiza en Washington, D.C.
Debido a la forma como operan, amparados en la clandestinidad, es difícil cuantificar la riqueza que atesoran los narcos, sin importarles los graves daños que ocasionan a las colectividades.
El procedimiento más usual y que trata de ocultar a los ojos de la justicia los dineros sucios es poner a nombre de otras personas las cuentas bancarias y más propiedades.
El testaferrismo se ha convertido en el recurso de generalizado empleo y su descubrimiento se vuelve sumamente difícil, por sus enmarañadas y subterráneas particularidades.
Con tantos recursos, lo que buscan es poder; por ello, las ramificaciones de la mafia alcanzan impensados niveles de decisión, dentro y fuera de las naciones.
Por otra parte, procede subrayar que estas actividades son reñidas con la moral y la justicia y que quienes se encuentran inmersos en esta ruin atmósfera, más allá del oropel, soportan la constante tensión negativa que rodea a ese ambiente repleto de peligros que embargan a los delincuentes, comenzando por las rivalidades y venganzas entre ellos, lo que les lleva a exterminarse entre sí.
El Cartel de Cali, que fue el responsable del 80% de la cocaína que se expendía en el mundo, constituye la muestra más fehaciente de lo que puede acontecer cuando en un país no se aplica correctamente la justicia y el narcotráfico se infiltra en todos los estamentos de la sociedad, proyectándose aviesamente a nivel transcontinental.
En el gobierno de Samper, Colombia se convirtió en "narcocracia". El Proceso 8000 revela hasta qué instancias puede infiltrarse el narcotráfico cuya principal punta de lanza es el soborno.
No se debe olvidar que este flagelo del tiempo contemporáneo es colosal fuente de violencia y corrupción. En la actualidad, el Presidente Álvaro Uribe está efectuando un trabajo digno de aplauso y solidaridad para neutralizar al narcotráfico y a la virulencia armada, estrechamente unidas entre sí y que han formado una poderosa fuerza negativa que comenzó a infiltrarse en los países vecinos.
Expertos de las Naciones Unidas califican como indispensable la extradición de los delincuentes, para poder romper los férreos eslabones de las drogas. Lo mismo tiene que decirse en lo atinente a los terroristas cuya nefasto activismo igualmente alcanza dimensiones universales.
En lo referente a narcotráfico, el convenio de la ONU contra las Drogas obliga a los países a que tramiten rápidamente los procesos de extradición, cuando las pruebas confirmen las acusaciones formuladas.
Los máximos jefes del Cartel de Cali, los hermanos Gilberto (alias El Ajedrecista) y Miguel (El Señor) Rodríguez Orejuela, se encuentran recluidos, respectivamente, en las cárceles de La Picota, al sur de Bogotá y en la de Valledupar. Estos capos fueron solicitados en extradición por la justicia estadounidense, junto a Daniel Serrano Gómez, que acaba de entregarse a las autoridades de Bucaramanga y a quien se le atribuyen más de dos mil millones de dólares en operaciones de lavado de activos, además de cuantiosas coimas a funcionarios públicos y asesinatos de testigos. Unos 32 narcotraficantes se hallan detenidos en Colombia, con fines de extradición a Estados Unidos.
El recurso de la extradición es efectivo y recomendable para delincuentes de alta peligrosidad y de grandes recursos económicos que, por el generalizado soborno o la intimidación, burlan frecuentemente a la ley de manera singular en los vulnerables países de América Latina.
Se trata de una institución jurídica que protege la sana convivencia y el progreso, que facilita someter a la jurisdicción de una justicia vertical y honrada a sujetos que tienen redes dirigidas a la inmunidad e impunidad tan frecuentes en los países devorados por la corrupción. Los caminos de la extradición conducen al imperio de la justicia y el desarrollo. De lo contrario, se vuelve difícil, por no decir imposible en estos lares, sancionar debidamente a malhechores como los indicados que , en alto porcentaje y para escarnio de la sociedad, siguen dirigiendo sus actividades criminales desde sus propias prisiones donde gozan de todas las comodidades, protecciones e incluso complicidad de quienes están encargados de su custodia y de las que se fugan cuando quieren.
Debido a la forma como operan, amparados en la clandestinidad, es difícil cuantificar la riqueza que atesoran los narcos, sin importarles los graves daños que ocasionan a las colectividades.
El procedimiento más usual y que trata de ocultar a los ojos de la justicia los dineros sucios es poner a nombre de otras personas las cuentas bancarias y más propiedades.
El testaferrismo se ha convertido en el recurso de generalizado empleo y su descubrimiento se vuelve sumamente difícil, por sus enmarañadas y subterráneas particularidades.
Con tantos recursos, lo que buscan es poder; por ello, las ramificaciones de la mafia alcanzan impensados niveles de decisión, dentro y fuera de las naciones.
Por otra parte, procede subrayar que estas actividades son reñidas con la moral y la justicia y que quienes se encuentran inmersos en esta ruin atmósfera, más allá del oropel, soportan la constante tensión negativa que rodea a ese ambiente repleto de peligros que embargan a los delincuentes, comenzando por las rivalidades y venganzas entre ellos, lo que les lleva a exterminarse entre sí.
El Cartel de Cali, que fue el responsable del 80% de la cocaína que se expendía en el mundo, constituye la muestra más fehaciente de lo que puede acontecer cuando en un país no se aplica correctamente la justicia y el narcotráfico se infiltra en todos los estamentos de la sociedad, proyectándose aviesamente a nivel transcontinental.
En el gobierno de Samper, Colombia se convirtió en "narcocracia". El Proceso 8000 revela hasta qué instancias puede infiltrarse el narcotráfico cuya principal punta de lanza es el soborno.
No se debe olvidar que este flagelo del tiempo contemporáneo es colosal fuente de violencia y corrupción. En la actualidad, el Presidente Álvaro Uribe está efectuando un trabajo digno de aplauso y solidaridad para neutralizar al narcotráfico y a la virulencia armada, estrechamente unidas entre sí y que han formado una poderosa fuerza negativa que comenzó a infiltrarse en los países vecinos.
Expertos de las Naciones Unidas califican como indispensable la extradición de los delincuentes, para poder romper los férreos eslabones de las drogas. Lo mismo tiene que decirse en lo atinente a los terroristas cuya nefasto activismo igualmente alcanza dimensiones universales.
En lo referente a narcotráfico, el convenio de la ONU contra las Drogas obliga a los países a que tramiten rápidamente los procesos de extradición, cuando las pruebas confirmen las acusaciones formuladas.
Los máximos jefes del Cartel de Cali, los hermanos Gilberto (alias El Ajedrecista) y Miguel (El Señor) Rodríguez Orejuela, se encuentran recluidos, respectivamente, en las cárceles de La Picota, al sur de Bogotá y en la de Valledupar. Estos capos fueron solicitados en extradición por la justicia estadounidense, junto a Daniel Serrano Gómez, que acaba de entregarse a las autoridades de Bucaramanga y a quien se le atribuyen más de dos mil millones de dólares en operaciones de lavado de activos, además de cuantiosas coimas a funcionarios públicos y asesinatos de testigos. Unos 32 narcotraficantes se hallan detenidos en Colombia, con fines de extradición a Estados Unidos.
El recurso de la extradición es efectivo y recomendable para delincuentes de alta peligrosidad y de grandes recursos económicos que, por el generalizado soborno o la intimidación, burlan frecuentemente a la ley de manera singular en los vulnerables países de América Latina.
Se trata de una institución jurídica que protege la sana convivencia y el progreso, que facilita someter a la jurisdicción de una justicia vertical y honrada a sujetos que tienen redes dirigidas a la inmunidad e impunidad tan frecuentes en los países devorados por la corrupción. Los caminos de la extradición conducen al imperio de la justicia y el desarrollo. De lo contrario, se vuelve difícil, por no decir imposible en estos lares, sancionar debidamente a malhechores como los indicados que , en alto porcentaje y para escarnio de la sociedad, siguen dirigiendo sus actividades criminales desde sus propias prisiones donde gozan de todas las comodidades, protecciones e incluso complicidad de quienes están encargados de su custodia y de las que se fugan cuando quieren.
