El camino de la salvación nacional
Aclaro que el título lo escogí para ponerme a tono con algunas manifestaciones reproducidas en los medios locales que insisten en presentarnos como un país al borde del caos al que sólo puede salvar la convocatoria de una asamblea constituyente que, según afirman sus promotores, cumpla la ineludible tarea de darle al país una nueva Carta Magna que, por arte de magia, nos curará de todos los males presentes y nos inmunizará contra todos los futuros. Como estoy convencido de que la superación de la coyuntura presente de la nación panameña no depende de la adopción de una nueva constitución, que de hecho no existe, quiero nuevamente compartir mis ideas sobre el camino que propongo debemos seguir para abrir una senda realista hacia las soluciones constructivas.
Nuestro país ha tenido, formalmente, cuatro constituciones, adoptadas en 1904, 1941, 1946 y 1972. Las tres primeras son parte de la historia constitucional panameña; la última es el presente, cuyo reemplazo, integral según se dice, algunos estiman es la tabla de la salvación nacional.
Como la mayoría de nuestros campatriotas, creo que la Constitución vigente contiene normas que deben ser reformadas. Pero también considero que las reformas que con mayor frecuencia se proponen y sobre las que parece coincidir una corriente de la opinión ciudadana, por su número y contenido, aunque todas fueran adoptadas, estarían muy lejos de crear una nueva constitución. Las constituciones completa o integralmente nuevas sólo nacen cuando una nación cambia su orientación ideológica de manera radical. Y esa no es la situación de nuestro país.
Asumamos, no importa que no se haya comprobado, que la mayoría del país considera impostergable la adopción de normas constitucionales para, por ejemplo, establecer un método distinto para la elección de los magistrados de la Corte Suprema, reducir el número de legisladores y cambiar su sistema de elección, eliminar un vicepresidente y los suplentes de legisladores, instituir la postulación independiente para todos los cargos de elección, incluida la presidencia, instituir la doble vuelta, elegir los gobernadores (esta propuesta no recuerdo que se haya hecho), limitar el crédito público o eliminar las facultades extraordinarias. ¿Justificarían esas y alguna otra reforma, sustantiva, desde luego, la convocatoria de una Asamblea Constituyente? Con el mayor respeto por quienes la promueven, creo que no.
Una Asamblea Constituyente, aparte de su inmenso costo económico, no menor de 20 millones de dólares, ni siquiera asegura que las reformas que he mencionado sean aprobadas. Los constituyentes, una vez electos, no estarían sujetos a directrices previas y prácticamente podrían hacer lo que les viniera en ganas, hasta autodeclararse y erigirse en Asamblea Legislativa, como ya ha ocurrido. ¿Y quién puede asegurar que los constituyentes que se elijan no serán peores que los actuales legisladores?
La solución de la actual coyuntura política nacional, sin entrar en mayores debates sobre las responsabilidades y las culpas, donde habría mucha tela que cortar, es que cada sector de la vida nacional aporte a un diálogo constructivo, desprovisto de motivaciones interesadas.
¿Queremos reformas constitucionales? Entonces pongámonos primero de acuerdo sobre cuáles son las necesarias y adoptémoslas por un consenso nacional de gobierno, oposición, las iglesias, empresa privada, organizaciones sindicales, profesionales y cívicas. Si los representantes auténticos de esos sectores no pueden ponerse de acuerdo sobre un paquete de enmiendas constitucionales mínimas, entonces, tampoco debemos esperar que una convocatoria a constituyente nos haga reencontrarnos. Para mí el camino es más sencillo, insisto está en un cambio de actitudes. Una reforma constitucional ayudaría, pero no es la verdadera base de la solución.
Nuestro país ha tenido, formalmente, cuatro constituciones, adoptadas en 1904, 1941, 1946 y 1972. Las tres primeras son parte de la historia constitucional panameña; la última es el presente, cuyo reemplazo, integral según se dice, algunos estiman es la tabla de la salvación nacional.
Como la mayoría de nuestros campatriotas, creo que la Constitución vigente contiene normas que deben ser reformadas. Pero también considero que las reformas que con mayor frecuencia se proponen y sobre las que parece coincidir una corriente de la opinión ciudadana, por su número y contenido, aunque todas fueran adoptadas, estarían muy lejos de crear una nueva constitución. Las constituciones completa o integralmente nuevas sólo nacen cuando una nación cambia su orientación ideológica de manera radical. Y esa no es la situación de nuestro país.
Asumamos, no importa que no se haya comprobado, que la mayoría del país considera impostergable la adopción de normas constitucionales para, por ejemplo, establecer un método distinto para la elección de los magistrados de la Corte Suprema, reducir el número de legisladores y cambiar su sistema de elección, eliminar un vicepresidente y los suplentes de legisladores, instituir la postulación independiente para todos los cargos de elección, incluida la presidencia, instituir la doble vuelta, elegir los gobernadores (esta propuesta no recuerdo que se haya hecho), limitar el crédito público o eliminar las facultades extraordinarias. ¿Justificarían esas y alguna otra reforma, sustantiva, desde luego, la convocatoria de una Asamblea Constituyente? Con el mayor respeto por quienes la promueven, creo que no.
Una Asamblea Constituyente, aparte de su inmenso costo económico, no menor de 20 millones de dólares, ni siquiera asegura que las reformas que he mencionado sean aprobadas. Los constituyentes, una vez electos, no estarían sujetos a directrices previas y prácticamente podrían hacer lo que les viniera en ganas, hasta autodeclararse y erigirse en Asamblea Legislativa, como ya ha ocurrido. ¿Y quién puede asegurar que los constituyentes que se elijan no serán peores que los actuales legisladores?
La solución de la actual coyuntura política nacional, sin entrar en mayores debates sobre las responsabilidades y las culpas, donde habría mucha tela que cortar, es que cada sector de la vida nacional aporte a un diálogo constructivo, desprovisto de motivaciones interesadas.
¿Queremos reformas constitucionales? Entonces pongámonos primero de acuerdo sobre cuáles son las necesarias y adoptémoslas por un consenso nacional de gobierno, oposición, las iglesias, empresa privada, organizaciones sindicales, profesionales y cívicas. Si los representantes auténticos de esos sectores no pueden ponerse de acuerdo sobre un paquete de enmiendas constitucionales mínimas, entonces, tampoco debemos esperar que una convocatoria a constituyente nos haga reencontrarnos. Para mí el camino es más sencillo, insisto está en un cambio de actitudes. Una reforma constitucional ayudaría, pero no es la verdadera base de la solución.
