El Canal de Panamá agobiado
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) -me dijo en una ocasión un ex alumno de mi cátedra de filosofía- "no son más que un giro astuto de los políticos criollos panameños con el propósito fundamental de extender hacia el ámbito canalero no solamente las actividades burocráticas, sino también los espacios políticos para aquellos que habiendo acompañado en sus campañas a los candidatos de los partidos triunfadores, exijan plazas de empleos bien remunerados".
Decir que existe una discrepancia en la actual metodología administrativa de los bienes canaleros, que alcanzan los 98 mil millones de balboas (incluyendo la vertiente del Canal), con respecto a la antigua administración yankee, sería decir de modo atinado y preciso una cosa que los panameños palpamos a simple vista. Desde el inicio de la construcción del Canal de Panamá, Estados Unidos (EU) puso en manos de una sola persona la administración de la vía acuática y sus estamentos colaterales, a un militar - con el grado de General de Brigada-, que por requisito indispensable debía ser ingeniero. Que los gastos de inversión, y sobre todo, los de funcionamiento, eran establecidos desde los inicios del año fiscal; en otros términos, en ningún momento había manera de inflar las planillas canaleras en forma callada o solapada. Los salarios se aplicaban por antigüedad de servicios, por méritos académicos y productividad de cada funcionario, desde el más humilde obrero hasta el trabajador más alto en la escala de responsabilidades.
Desde el momento en que el Canal fue inaugurado a mediados de agosto de 1914, se siguió una política administrativa inteligente, consistente y bien concebida; pero, eso sí, alejada totalmente de los vaivenes de la política partidista, y capaz de ser ajustada a las circunstancias tecnológicas y económicas externas que pudieran afectar su funcionamiento. Más aún, sus estructuras administrativas fueron creadas para afrontar cualesquiera crisis tan pronto como apareciesen. Esto no es todo. El sistema de ajustes de peajes durante la administración estadounidense del Canal jamás se aplicó en forma arbitraria y sin previo estudio de los elementos internos y externos que justificasen tales ajustes. La creación alevosa y premeditada de la ARI y de la ACP se convirtieron en un giro y nuevo enfoque administrativo de los diversos estamentos del Canal, tanto en sus aspectos económicos y sociales como en lo político, totalmente diferentes a los que había mantenido EU.
El pueblo panameño, sobre todo los antiguos obreros canaleros, han comenzado a notar los profundos cambios en la política de nombramientos y aplicación de escalas salariales, así como en la actitud que tal política promueve; y, por qué no decir que la transición del Canal marcó una entrañable decepción y frustración en un pueblo que no ve llegar los beneficios que se suponía aliviarían el estado de pobreza en que está sumida la Nación.
Muchos intelectuales y economistas panameños se han convencido que la fiebre politiquera que se ha proliferado por todos los estamentos del Canal, han impedido que la inmensa fortuna que adquirió el Estado luego de la transición, pueda convertirse, después de la aplicación de una metodología inteligente, en factores multiplicadores de la economía nacional. No obstante, el control que mantienen los políticos de los puestos administrativos de tales estamentos, y la aplicación de un absurdo y efímero poder para acomodar a los copartidarios en los llamados espacios políticos, a fin de proveerlos de elevados salarios creándose, al mismo tiempo, una fuerza laboral meramente burocrática en detrimento de los esforzados y humildes obreros.
La situación que se está dando desde la creación de los mencionados entes administrativos del ámbito canalero, y la consabida aplicación de una política administrativa torpe e inconsistente podrían dar al traste con las riquezas canaleras e, incluso, con la eficiencia en el funcionamiento de la Vía.
Algunos economistas y sociólogos nacionales han argumentado que los beneficios financieros que aporta el Canal (alrededor de 259 millones de dólares, según se dio a conocer en el programa de televisión Enfoque, 28 de julio de 2002), al Tesoro Nacional adolecen de transparencia respecto al uso que se da a tales recursos financieros.
Somos de opinión que los activos y ciertas riquezas (tributos no pagados) que deben ser invertidos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los panameños están siendo entregados a intereses extranjeros. Más aún, a raíz de la política administrativa mal concebida, los manejadores de las finanzas canaleras están promoviendo el alza de los peajes. Piensen en lo que sucedería si los usuarios del Canal encontrasen una ruta alternativa para llevar sus productos de un océano a otro, a costos similares o más bajos que la propuesta por el gobierno canalero. Ciertamente, el alza de los peajes no está agradando a los usuarios del Canal, y ellos han expuesto con lujos de detalles los motivos para oponerse a tales ajustes, y estamos seguros que no lo permitirán.
Si los economistas y sociólogos están convencidos que cualquiera que sea la forma de ejecutar los peajes del Canal y de la metodología administrativa inconsulta e irracional que se efectuó para lograr que sus diversos estamentos se conviertan en factores multiplicadores de la economía nacional, entonces están obligados a pensar que la ARI y la ACP no son garantía para promover el progreso de la Nación, sino sencillamente la continuación de la prepotencia que se deriva de la fiebre politiquera que agobia la salud financiera, y que, indudablemente, pondría en peligro la eficiencia del Canal.
Decir que existe una discrepancia en la actual metodología administrativa de los bienes canaleros, que alcanzan los 98 mil millones de balboas (incluyendo la vertiente del Canal), con respecto a la antigua administración yankee, sería decir de modo atinado y preciso una cosa que los panameños palpamos a simple vista. Desde el inicio de la construcción del Canal de Panamá, Estados Unidos (EU) puso en manos de una sola persona la administración de la vía acuática y sus estamentos colaterales, a un militar - con el grado de General de Brigada-, que por requisito indispensable debía ser ingeniero. Que los gastos de inversión, y sobre todo, los de funcionamiento, eran establecidos desde los inicios del año fiscal; en otros términos, en ningún momento había manera de inflar las planillas canaleras en forma callada o solapada. Los salarios se aplicaban por antigüedad de servicios, por méritos académicos y productividad de cada funcionario, desde el más humilde obrero hasta el trabajador más alto en la escala de responsabilidades.
Desde el momento en que el Canal fue inaugurado a mediados de agosto de 1914, se siguió una política administrativa inteligente, consistente y bien concebida; pero, eso sí, alejada totalmente de los vaivenes de la política partidista, y capaz de ser ajustada a las circunstancias tecnológicas y económicas externas que pudieran afectar su funcionamiento. Más aún, sus estructuras administrativas fueron creadas para afrontar cualesquiera crisis tan pronto como apareciesen. Esto no es todo. El sistema de ajustes de peajes durante la administración estadounidense del Canal jamás se aplicó en forma arbitraria y sin previo estudio de los elementos internos y externos que justificasen tales ajustes. La creación alevosa y premeditada de la ARI y de la ACP se convirtieron en un giro y nuevo enfoque administrativo de los diversos estamentos del Canal, tanto en sus aspectos económicos y sociales como en lo político, totalmente diferentes a los que había mantenido EU.
El pueblo panameño, sobre todo los antiguos obreros canaleros, han comenzado a notar los profundos cambios en la política de nombramientos y aplicación de escalas salariales, así como en la actitud que tal política promueve; y, por qué no decir que la transición del Canal marcó una entrañable decepción y frustración en un pueblo que no ve llegar los beneficios que se suponía aliviarían el estado de pobreza en que está sumida la Nación.
Muchos intelectuales y economistas panameños se han convencido que la fiebre politiquera que se ha proliferado por todos los estamentos del Canal, han impedido que la inmensa fortuna que adquirió el Estado luego de la transición, pueda convertirse, después de la aplicación de una metodología inteligente, en factores multiplicadores de la economía nacional. No obstante, el control que mantienen los políticos de los puestos administrativos de tales estamentos, y la aplicación de un absurdo y efímero poder para acomodar a los copartidarios en los llamados espacios políticos, a fin de proveerlos de elevados salarios creándose, al mismo tiempo, una fuerza laboral meramente burocrática en detrimento de los esforzados y humildes obreros.
La situación que se está dando desde la creación de los mencionados entes administrativos del ámbito canalero, y la consabida aplicación de una política administrativa torpe e inconsistente podrían dar al traste con las riquezas canaleras e, incluso, con la eficiencia en el funcionamiento de la Vía.
Algunos economistas y sociólogos nacionales han argumentado que los beneficios financieros que aporta el Canal (alrededor de 259 millones de dólares, según se dio a conocer en el programa de televisión Enfoque, 28 de julio de 2002), al Tesoro Nacional adolecen de transparencia respecto al uso que se da a tales recursos financieros.
Somos de opinión que los activos y ciertas riquezas (tributos no pagados) que deben ser invertidos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los panameños están siendo entregados a intereses extranjeros. Más aún, a raíz de la política administrativa mal concebida, los manejadores de las finanzas canaleras están promoviendo el alza de los peajes. Piensen en lo que sucedería si los usuarios del Canal encontrasen una ruta alternativa para llevar sus productos de un océano a otro, a costos similares o más bajos que la propuesta por el gobierno canalero. Ciertamente, el alza de los peajes no está agradando a los usuarios del Canal, y ellos han expuesto con lujos de detalles los motivos para oponerse a tales ajustes, y estamos seguros que no lo permitirán.
Si los economistas y sociólogos están convencidos que cualquiera que sea la forma de ejecutar los peajes del Canal y de la metodología administrativa inconsulta e irracional que se efectuó para lograr que sus diversos estamentos se conviertan en factores multiplicadores de la economía nacional, entonces están obligados a pensar que la ARI y la ACP no son garantía para promover el progreso de la Nación, sino sencillamente la continuación de la prepotencia que se deriva de la fiebre politiquera que agobia la salud financiera, y que, indudablemente, pondría en peligro la eficiencia del Canal.
