El Canal, la Etica y la Conciencia Cívica
El VIERNES pasado se dio a la publicidad en el "Panamá América" y en "La Prensa" el hecho de que los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se reunieron el día anterior con el Presidente de la República, Martín Torrijos, para informarle sobre los avances de los estudios del Canal.
Llama la atención que la noticia concluya sin hacer referencia alguna al compromiso del gobierno de darle amplia divulgación a los estudios sobre el tema. Se limita a expresar que una vez finalizada la propuesta sobre la ampliación, Alemán Zubieta debe presentarla a la Junta Directiva del Canal. De ser aprobado, el proyecto es referido al Consejo de Gabinete, el cual lo remite a la Asamblea Nacional, para finalmente ser sometido a un referéndum. Hay sobrados motivos para pensar que no se le está dando la debida consideración a la opinión pública que tanto cuenta en la vida democrática. Encuentro, por tanto, justificado recordar algunas reflexiones que he hecho en el pasado sobre este particular, y de las cuales creo oportuno hacer memoria.
En sintonía con el precepto constitucional que proclama que el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la nación panameña, Martín Torrijos, en su programa de gobierno, destacó que el Canal es el activo más importante del país y sus beneficios deben ser tangibles para todos los panameños. Consideró el Presidente que la decisión sobre la expansión del Canal "afectará a varias generaciones de panameños, por lo cual debe ser consultada sin prisas, para tomarla cuando ya todos los panameños hayan podido disponer de la información técnica, financiera, medio ambiental y social existente."
Desde que el tema de la ampliación del Canal salió de las reuniones oficiales o cónclaves de participación restringida, me he ocupado del tema varias veces en esta columna. También lo han hecho otros compatriotas de cuya competencia y experiencia en los asuntos de la vía canalera nadie podría seriamente dudar.
De todas las opiniones calificadas que he leído o escuchado, se ha concluido que existen varias opciones técnicamente viables para el aprovechamiento de nuestra posición geográfica que merecen ser consideradas con respecto a una proyectada ampliación. Sin embargo, el problema mayor no se encuentra aparentemente en la viabilidad técnica, sino en la opción que escojan quienes tienen el poder de decisión y a quienes por ende les corresponde orientar a la ciudadanía sobre el particular.
No obstante, el problema mayor se encuentra en que tarde o temprano habrá que someter la decisión a la aprobación por el Órgano Legislativo, cuya mayoría está en manos del PRD, partido que lidera el Presidente de la República, y luego de su aprobación legislativa deberá ser sometida a referéndum nacional. Sostenemos que en ese momento Martín Torrijos, como personero de las fuerzas políticas en el poder, tendrá que informar al pueblo sobre las medidas que se adoptarían para aplicar lo que yo llamaría "un principio de precaución", para que la proyectada ampliación del Canal no tenga incidencia negativa en ninguna de las dimensiones de la vida nacional.
A sabiendas de que la Administración del Canal no se ha distinguido por su afán de transmitir a la ciudadanía en forma transparente y con una adecuada rendición de cuentas sus actuaciones, como es el caso del Plan Maestro del Canal que con un costo de muchos millones sólo ha tenido un acceso restringido, interpreto los sentimientos de una gran mayoría de panameños y panameñas al pedirle desde hace un buen tiempo al Presidente Torrijos desde esta columna que tome las medidas que sean necesarias para que los estudios relativos a la expansión del Canal, sean total y plenamente divulgados sin cortapisas.
Es lógico prevenir que antes de que se convoque al referéndum establecido por la Constitución, todos los sectores se sentirán convocados por esa especie de natural incumbencia que sentimos todos los panameños acerca del Canal. Estas reflexiones llevan a considerar que es posible que en algún momento la sociedad panameña se divida con relación a este tema. Esa probable división presentaría, en el peor de los casos, las características de una fractura nacional, sobre un asunto en cuyo nombre se han producido los más amplios consensos, la más inquebrantable unidad nacional y aleccionadoras convergencias históricas entre las generaciones panameñas desde 1903.
En este orden de ideas debemos prestar especial atención a las noticias que en su oportunidad dieron cuenta de que uno de los organismos más calificados para pronunciarse sobre la materia, que es la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) "rechazará la aprobación del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, si no se demuestra que éste tiene una rentabilidad económica para el país." Esta posición de la SPIA fue verticalmente expuesta por su entonces presidente el Ing. Abdiel Cano.
Panamá acumuló en el siglo XX una excepcionalidad económica derivada de la construcción y la operación del Canal que no nos protegió de la pobreza ni del subdesarrollo, pero dejó en nuestra estructura económica las huellas de una economía canalera. Esa excepcionalidad se ha ido desdibujando a causa de la globalización y, ciertamente, de la desaparición del enclave colonial de la Zona del Canal. Pero hay desafíos, tareas pendientes que no deben seguir postergándose frente a la cuestión de la proyectada expansión del Canal de Panamá.
La ampliación del Canal forma parte de la problemática mayor que tiene ante sí el Presidente Torrijos. Así como el 2 de mayo de 2004 los candidatos fueron a la prueba de las urnas en la confianza de que vivimos en una auténtica democracia, el proceso de toma de decisiones sobre la ampliación del Canal debe ser otra oportunidad para reafirmar esa democracia. Es responsabilidad del Presidente, para evitarle al país descalabros irreparables, asegurarse de que el pueblo entienda con claridad cuáles son las opciones, cuánto cuesta la ampliación, quién la pagará, cómo la pagará y cuáles son los beneficios o los perjuicios económicos, ecológicos y sociales para la Nación panameña. Hasta ahora, las autoridades responsables del Canal han dado muestras de estar animadas de una gran pasión canalera. Tengo la certeza de que la mayoría del pueblo panameño está animada, especialmente con relación al presente y al futuro del Canal interoceánico, de una gran pasión panameña.
Debemos buscar y obtener rápidamente los métodos más apropiados para movilizar los esfuerzos con vista al interés general. Con este propósito, los responsables gubernamentales deben escuchar al pueblo y, con respeto, darle las explicaciones, pacientes y claras que serán necesarias para que el pueblo comprenda cuándo y cuánto es posible esperar del poder público y del poder económico.
Llama la atención que la noticia concluya sin hacer referencia alguna al compromiso del gobierno de darle amplia divulgación a los estudios sobre el tema. Se limita a expresar que una vez finalizada la propuesta sobre la ampliación, Alemán Zubieta debe presentarla a la Junta Directiva del Canal. De ser aprobado, el proyecto es referido al Consejo de Gabinete, el cual lo remite a la Asamblea Nacional, para finalmente ser sometido a un referéndum. Hay sobrados motivos para pensar que no se le está dando la debida consideración a la opinión pública que tanto cuenta en la vida democrática. Encuentro, por tanto, justificado recordar algunas reflexiones que he hecho en el pasado sobre este particular, y de las cuales creo oportuno hacer memoria.
En sintonía con el precepto constitucional que proclama que el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la nación panameña, Martín Torrijos, en su programa de gobierno, destacó que el Canal es el activo más importante del país y sus beneficios deben ser tangibles para todos los panameños. Consideró el Presidente que la decisión sobre la expansión del Canal "afectará a varias generaciones de panameños, por lo cual debe ser consultada sin prisas, para tomarla cuando ya todos los panameños hayan podido disponer de la información técnica, financiera, medio ambiental y social existente."
Desde que el tema de la ampliación del Canal salió de las reuniones oficiales o cónclaves de participación restringida, me he ocupado del tema varias veces en esta columna. También lo han hecho otros compatriotas de cuya competencia y experiencia en los asuntos de la vía canalera nadie podría seriamente dudar.
De todas las opiniones calificadas que he leído o escuchado, se ha concluido que existen varias opciones técnicamente viables para el aprovechamiento de nuestra posición geográfica que merecen ser consideradas con respecto a una proyectada ampliación. Sin embargo, el problema mayor no se encuentra aparentemente en la viabilidad técnica, sino en la opción que escojan quienes tienen el poder de decisión y a quienes por ende les corresponde orientar a la ciudadanía sobre el particular.
No obstante, el problema mayor se encuentra en que tarde o temprano habrá que someter la decisión a la aprobación por el Órgano Legislativo, cuya mayoría está en manos del PRD, partido que lidera el Presidente de la República, y luego de su aprobación legislativa deberá ser sometida a referéndum nacional. Sostenemos que en ese momento Martín Torrijos, como personero de las fuerzas políticas en el poder, tendrá que informar al pueblo sobre las medidas que se adoptarían para aplicar lo que yo llamaría "un principio de precaución", para que la proyectada ampliación del Canal no tenga incidencia negativa en ninguna de las dimensiones de la vida nacional.
A sabiendas de que la Administración del Canal no se ha distinguido por su afán de transmitir a la ciudadanía en forma transparente y con una adecuada rendición de cuentas sus actuaciones, como es el caso del Plan Maestro del Canal que con un costo de muchos millones sólo ha tenido un acceso restringido, interpreto los sentimientos de una gran mayoría de panameños y panameñas al pedirle desde hace un buen tiempo al Presidente Torrijos desde esta columna que tome las medidas que sean necesarias para que los estudios relativos a la expansión del Canal, sean total y plenamente divulgados sin cortapisas.
Es lógico prevenir que antes de que se convoque al referéndum establecido por la Constitución, todos los sectores se sentirán convocados por esa especie de natural incumbencia que sentimos todos los panameños acerca del Canal. Estas reflexiones llevan a considerar que es posible que en algún momento la sociedad panameña se divida con relación a este tema. Esa probable división presentaría, en el peor de los casos, las características de una fractura nacional, sobre un asunto en cuyo nombre se han producido los más amplios consensos, la más inquebrantable unidad nacional y aleccionadoras convergencias históricas entre las generaciones panameñas desde 1903.
En este orden de ideas debemos prestar especial atención a las noticias que en su oportunidad dieron cuenta de que uno de los organismos más calificados para pronunciarse sobre la materia, que es la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) "rechazará la aprobación del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, si no se demuestra que éste tiene una rentabilidad económica para el país." Esta posición de la SPIA fue verticalmente expuesta por su entonces presidente el Ing. Abdiel Cano.
Panamá acumuló en el siglo XX una excepcionalidad económica derivada de la construcción y la operación del Canal que no nos protegió de la pobreza ni del subdesarrollo, pero dejó en nuestra estructura económica las huellas de una economía canalera. Esa excepcionalidad se ha ido desdibujando a causa de la globalización y, ciertamente, de la desaparición del enclave colonial de la Zona del Canal. Pero hay desafíos, tareas pendientes que no deben seguir postergándose frente a la cuestión de la proyectada expansión del Canal de Panamá.
La ampliación del Canal forma parte de la problemática mayor que tiene ante sí el Presidente Torrijos. Así como el 2 de mayo de 2004 los candidatos fueron a la prueba de las urnas en la confianza de que vivimos en una auténtica democracia, el proceso de toma de decisiones sobre la ampliación del Canal debe ser otra oportunidad para reafirmar esa democracia. Es responsabilidad del Presidente, para evitarle al país descalabros irreparables, asegurarse de que el pueblo entienda con claridad cuáles son las opciones, cuánto cuesta la ampliación, quién la pagará, cómo la pagará y cuáles son los beneficios o los perjuicios económicos, ecológicos y sociales para la Nación panameña. Hasta ahora, las autoridades responsables del Canal han dado muestras de estar animadas de una gran pasión canalera. Tengo la certeza de que la mayoría del pueblo panameño está animada, especialmente con relación al presente y al futuro del Canal interoceánico, de una gran pasión panameña.
Debemos buscar y obtener rápidamente los métodos más apropiados para movilizar los esfuerzos con vista al interés general. Con este propósito, los responsables gubernamentales deben escuchar al pueblo y, con respeto, darle las explicaciones, pacientes y claras que serán necesarias para que el pueblo comprenda cuándo y cuánto es posible esperar del poder público y del poder económico.
