El caso Pinochet en Chile
No obstante la posición principista del gobierno demócrata-cristiano que preside Eduardo Frei, la detención de Pinochet en Londres, cualquiera sea la suerte que corra ante los tribunales británicos, trastorna seriamente el proceso de reconciliación y especialmente la imagen de credibilidad del sistema judicial sureño. Las relaciones entre los partidos que forman la coalición gobernante ya no son las mismas, porque los socialistas están en favor del enjuiciamiento del exdictador, mientras que los democristianos prefieren alguna suerte de punto final u olvido. Los partidos de derecha mostraron los colmillos durante la crisis, dejando sentado que prefieren la libertad de Pinochet a la estabilidad del régimen.
A juicio de observadores internacionales, la única opción posible para enjuiciar al responsable político de innúmeros atropellos a los derechos humanos está en el extranjero, ya que en Chile rigen dispositivos constitucionales y legales que impiden un enjuiciamiento libre de presiones militares y políticas. Gracias a los cambios constitucionales que salieron de los cuarteles, Pinochet es senador designado vitalicio, lo que le permite gozar de inmunidad que sus adversarios entienden como impunidad. La veintena de procesos incoados contra el hombre fuerte son considerados como saludos a la bandera, como testimonios de que se hizo algo para enjuiciarlo, a sabiendas que ello es imposible en la realidad. La larga reunión de cuatro horas de Frei con el estado mayor de las Fuerzas Armadas se desenvolvió en medio del hermetismo; sin embargo se colige que fue un esfuerzo del mandatario para preservar al régimen de la posibilidad de una reacción impropia de los elementos castrenses que piensan que el gobierno democristiano no se esfuerza en la defensa jurídica de Pinochet. La reunión con los mandos militares se produjo después que Frei señalara que el gobierno defiende principios y no personas.
Se dice que es un trago muy amargo para un régimen democrático con la ley en la mano defender a un dictador que violó las mismas leyes. Sin embargo, los democristianos chilenos se muerden los labios y defienden los principios de la soberanía y la inmunidad diplomática, invocados por los abogados de Pinochet, gobernante de facto, golpista sin remordimientos, acogido a las normas que violentó largo tiempo. Muy alto es el costo político y sobre todo moral que están pagando los gobernantes sureños por defender la democracia representativa y mantener un clima de reconciliación que los adversarios dicen respetar de dientes para afuera. Cualquiera que sea el desenlace del caso Pinochet, el proceso chileno ya no podrá ser el mismo.
A juicio de observadores internacionales, la única opción posible para enjuiciar al responsable político de innúmeros atropellos a los derechos humanos está en el extranjero, ya que en Chile rigen dispositivos constitucionales y legales que impiden un enjuiciamiento libre de presiones militares y políticas. Gracias a los cambios constitucionales que salieron de los cuarteles, Pinochet es senador designado vitalicio, lo que le permite gozar de inmunidad que sus adversarios entienden como impunidad. La veintena de procesos incoados contra el hombre fuerte son considerados como saludos a la bandera, como testimonios de que se hizo algo para enjuiciarlo, a sabiendas que ello es imposible en la realidad. La larga reunión de cuatro horas de Frei con el estado mayor de las Fuerzas Armadas se desenvolvió en medio del hermetismo; sin embargo se colige que fue un esfuerzo del mandatario para preservar al régimen de la posibilidad de una reacción impropia de los elementos castrenses que piensan que el gobierno democristiano no se esfuerza en la defensa jurídica de Pinochet. La reunión con los mandos militares se produjo después que Frei señalara que el gobierno defiende principios y no personas.
Se dice que es un trago muy amargo para un régimen democrático con la ley en la mano defender a un dictador que violó las mismas leyes. Sin embargo, los democristianos chilenos se muerden los labios y defienden los principios de la soberanía y la inmunidad diplomática, invocados por los abogados de Pinochet, gobernante de facto, golpista sin remordimientos, acogido a las normas que violentó largo tiempo. Muy alto es el costo político y sobre todo moral que están pagando los gobernantes sureños por defender la democracia representativa y mantener un clima de reconciliación que los adversarios dicen respetar de dientes para afuera. Cualquiera que sea el desenlace del caso Pinochet, el proceso chileno ya no podrá ser el mismo.
