El CEMIS y la olla revuelta

Hace ocho años el tema está en la agenda pública. Desde que un diputado, que todavía lo es, apareció en las pantallas de la TV mostrando fajos de dólares, la ciudadanía se pregunta sobre una verdad en la que aparecen como actores principales el gobierno de Mireya Moscoso, la Asamblea de turno y los partidos políticos, tanto oficialistas como de oposición. Por lo menos así lo revelan los antecedentes, el listado de figuras citadas por el Ministerio Público y las repercusiones generadas por la reapertura de un caso, cuyas investigaciones inconclusas de los últimos años no permiten visualizar este nuevo ejercicio con muchas esperanzas. Tampoco las investigaciones sin resultados iniciadas en el primer año del actual gobierno. Algunas de las personalidades llamadas a declarar coinciden en señalar que se trata de un intento por desviar la atención de problemas reales hacia situaciones que carecen de veracidad, en lo que parece ser el principal reto al que se enfrenta la Procuraduría General de la Nación. La poca fe ciudadana se ha acentuado. Nada nuevo sería que la reapertura del caso CEMIS quedara, otra vez, en nada. Parece una pugna entre quienes se resisten a ser juzgados, los que quieren juzgar y no pueden, y aquellos que pudiendo hacerlo prefieren mantenerlo como una amenaza latente con fines inconfesables. Llevar el caso hasta el final sería muy importante para el actual equipo del Ministerio Público. ¿Será que esta vez si quieren hacerlo?