El "chenchen" de los partidos políticos
El financiamiento de los partidos políticos se ha convertido en uno de los problemas mas inquietantes de la actividad política en nuestro medio. A nuestras manos ha llegado ponencia presentada en la X Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos, realizada en Portugal y por ser un tema de plena vigencia en las democracias latinoamericanas, pasaremos a transcribir, sólo algunas de sus partes, dada la extensión de la ponencia. Dice así:
Cuando es reconocido el interés permanente de empresas y empresarios por participar en la política, y del gran capital y sus poseedores por apoyar partidos, organizaciones, candidatos y sus decisiones, es necesario tener certeza de la procedencia legítima de los recursos utilizados por los partidos políticos en sus gastos de operación rutinaria, como en los que se refieren a la cobertura de aquellos que corresponden al desarrollo de sus campañas electorales.
El problema es mayor cuando en el mundo circulan capitales de dudosa legalidad, 500 mil millones de dólares sólo del narcotráfico, según los expertos. O, menos severo, cuando los sobornos son el origen de estos recursos, como pretendidamente sucedió en el caso en el que se vio involucrado quien fuera Secretario General de la OTAN hasta 1995, el belga Willy Claes a quien se acusó de haber favorecido a la empresa italiana Agusta y a la francesa Dassault en sendos contratos a cambio de aportaciones a su partido, el Socialista Flamenco, durante el periodo en el que fue ministro de Economía de su gobierno en 1988.
Estados Unidos, la nación pretendidamente prototipo de las democracias, no escapa a las sospechas de utilización ilegal de recursos en sus campañas políticas. El ex Presidente de ese país, William J. Clinton, ha sido cuestionado por presuntos beneficios derivados de aportaciones de ciudadanos chinos, entre otros, a cambio de una inocente estancia de éstos en la recámara que fuera de Abraham Lincoln en la Casa Blanca, esto, según se afirma en algunos medios de información. Hace unos cuantos años, en un acontecimiento que cambió sin lugar a dudas la historia del mundo, el Vicepresidente estadounidense durante el gobierno de Richard Nixon, Spiro Agnew, tuvo que dejar el cargo ante la acusación de haber recibido ilegalmente fondos para la campaña en la que fueron elegidos.
A propósito de Estados Unidos, a unas cuantas semanas de la tragedia de una escuela de Denver en la que fueron asesinados 12 estudiantes por uno de sus compañeros, se discutió en el Congreso la conveniencia de aumentar los requisitos para la adquisición de armas de fuego. No se dio la decisión esperada pues ella afectaría a una industria que en el mercado doméstico obtiene ventas superiores a los mil millones de dólares y que está muy vinculada con una Asociación Nacional del Rifle, que preside el actor Charlton Heston, que tiene 3 millones de afiliados, y que en las elecciones de 1994, en aquel país, apoyó económicamente a los candidatos republicanos como reacción a propuestas de demócratas que tenían que ver con un mayor control en el comercio de estas armas.
Más cerca de nosotros, de nuestra cultura, de nuestro conocimiento y nuestro sentimiento, tenemos el caso del régimen presidencial de Ernesto Samper, en Colombia, al que se acusó sin fundamento de haber recibido fondos del narcotráfico. Samper, durante su gestión, no dejó de tener encima el señalamiento de agencias gubernamentales de los Estados Unidos, de estar involucrado con esa actividad criminal de tan elevado costo social para la humanidad, lo cual ocasionó una notable disminución y cancelación de programas y recursos destinados a la cooperación entre ambos países.
222Panamá no está excluida de esta situación. Tenemos precedentes recientes en las dos últimas administraciones cuales son los casos de Castrejón Henao y el sonado caso CEMIS...
Estados Unidos, por cierto, es la nación en la que más se consume drogas según estadísticas aceptadas por su propio Gobierno. Es fácil deducir que las redes de distribución han permeado los mecanismos de justicia y seguridad hasta el punto de permitir llevar a los consumidores los productos ilícitos demandados, ¿a qué costos, cuáles son los caudales financieros en movimiento que eventualmente pudieran ser destinados a cualesquiera fines, incluso políticos?
Europa, como ya señalamos, no escapa a las suspicacias; algunos acontecimientos de corrupción encuentran puntual referencia en agencias informativas internacionales. Tales podrían ser los casos, como el acaecido en Francia, de los diamantes de Bokassa I, emperador de un ya inexistente imperio centroafricano, supuestamente entregados a Valery Giscard d´Estaing. ¿Cuántos recursos como éstos se habrían podido destinar, según sospechas, al financiamiento de actividades políticas dentro y fuera de las propias naciones involucradas?
Panamá no está excluida de esta situación. Tenemos precedentes recientes en las dos últimas administraciones cuales son los casos de Castrejón Henao y el sonado caso CEMIS donde se mencionaron contribuciones económicas a los candidatos presidenciales.
Por todo ello es obligado que en financiamiento de partidos políticos y sus actividades, haya absoluta certeza de una procedencia legítima, legal y transparente. En todo país democrático que periódicamente se somete a la elección de sus mandatarios y representantes públicos, y en donde los agentes políticos son los partidos, sus miembros y los ciudadanos en general, es de fundamental trascendencia el financiamiento de las organizaciones políticas, que su origen sea legal y transparente, así como que haya plena información pública de su utilización.
(egrimal@cableonda.net)
Cuando es reconocido el interés permanente de empresas y empresarios por participar en la política, y del gran capital y sus poseedores por apoyar partidos, organizaciones, candidatos y sus decisiones, es necesario tener certeza de la procedencia legítima de los recursos utilizados por los partidos políticos en sus gastos de operación rutinaria, como en los que se refieren a la cobertura de aquellos que corresponden al desarrollo de sus campañas electorales.
El problema es mayor cuando en el mundo circulan capitales de dudosa legalidad, 500 mil millones de dólares sólo del narcotráfico, según los expertos. O, menos severo, cuando los sobornos son el origen de estos recursos, como pretendidamente sucedió en el caso en el que se vio involucrado quien fuera Secretario General de la OTAN hasta 1995, el belga Willy Claes a quien se acusó de haber favorecido a la empresa italiana Agusta y a la francesa Dassault en sendos contratos a cambio de aportaciones a su partido, el Socialista Flamenco, durante el periodo en el que fue ministro de Economía de su gobierno en 1988.
Estados Unidos, la nación pretendidamente prototipo de las democracias, no escapa a las sospechas de utilización ilegal de recursos en sus campañas políticas. El ex Presidente de ese país, William J. Clinton, ha sido cuestionado por presuntos beneficios derivados de aportaciones de ciudadanos chinos, entre otros, a cambio de una inocente estancia de éstos en la recámara que fuera de Abraham Lincoln en la Casa Blanca, esto, según se afirma en algunos medios de información. Hace unos cuantos años, en un acontecimiento que cambió sin lugar a dudas la historia del mundo, el Vicepresidente estadounidense durante el gobierno de Richard Nixon, Spiro Agnew, tuvo que dejar el cargo ante la acusación de haber recibido ilegalmente fondos para la campaña en la que fueron elegidos.
A propósito de Estados Unidos, a unas cuantas semanas de la tragedia de una escuela de Denver en la que fueron asesinados 12 estudiantes por uno de sus compañeros, se discutió en el Congreso la conveniencia de aumentar los requisitos para la adquisición de armas de fuego. No se dio la decisión esperada pues ella afectaría a una industria que en el mercado doméstico obtiene ventas superiores a los mil millones de dólares y que está muy vinculada con una Asociación Nacional del Rifle, que preside el actor Charlton Heston, que tiene 3 millones de afiliados, y que en las elecciones de 1994, en aquel país, apoyó económicamente a los candidatos republicanos como reacción a propuestas de demócratas que tenían que ver con un mayor control en el comercio de estas armas.
Más cerca de nosotros, de nuestra cultura, de nuestro conocimiento y nuestro sentimiento, tenemos el caso del régimen presidencial de Ernesto Samper, en Colombia, al que se acusó sin fundamento de haber recibido fondos del narcotráfico. Samper, durante su gestión, no dejó de tener encima el señalamiento de agencias gubernamentales de los Estados Unidos, de estar involucrado con esa actividad criminal de tan elevado costo social para la humanidad, lo cual ocasionó una notable disminución y cancelación de programas y recursos destinados a la cooperación entre ambos países.
222Panamá no está excluida de esta situación. Tenemos precedentes recientes en las dos últimas administraciones cuales son los casos de Castrejón Henao y el sonado caso CEMIS...
Estados Unidos, por cierto, es la nación en la que más se consume drogas según estadísticas aceptadas por su propio Gobierno. Es fácil deducir que las redes de distribución han permeado los mecanismos de justicia y seguridad hasta el punto de permitir llevar a los consumidores los productos ilícitos demandados, ¿a qué costos, cuáles son los caudales financieros en movimiento que eventualmente pudieran ser destinados a cualesquiera fines, incluso políticos?
Europa, como ya señalamos, no escapa a las suspicacias; algunos acontecimientos de corrupción encuentran puntual referencia en agencias informativas internacionales. Tales podrían ser los casos, como el acaecido en Francia, de los diamantes de Bokassa I, emperador de un ya inexistente imperio centroafricano, supuestamente entregados a Valery Giscard d´Estaing. ¿Cuántos recursos como éstos se habrían podido destinar, según sospechas, al financiamiento de actividades políticas dentro y fuera de las propias naciones involucradas?
Panamá no está excluida de esta situación. Tenemos precedentes recientes en las dos últimas administraciones cuales son los casos de Castrejón Henao y el sonado caso CEMIS donde se mencionaron contribuciones económicas a los candidatos presidenciales.
Por todo ello es obligado que en financiamiento de partidos políticos y sus actividades, haya absoluta certeza de una procedencia legítima, legal y transparente. En todo país democrático que periódicamente se somete a la elección de sus mandatarios y representantes públicos, y en donde los agentes políticos son los partidos, sus miembros y los ciudadanos en general, es de fundamental trascendencia el financiamiento de las organizaciones políticas, que su origen sea legal y transparente, así como que haya plena información pública de su utilización.
(egrimal@cableonda.net)
