El control oficial de la Asamblea
La recuperación del control de la mayoría de la Asamblea Legislativa plantea puntuales interrogantes sobre el rumbo que seguirá el régimen de Mireya Moscoso en los dos últimos años del período constitucional. Ahora tiene en las manos el control de los dos poderes básicos de gobierno para aprobar las leyes que no había podido llevar adelante, como la reforma tributaria, por ejemplo, y también para asegurarse que el presupuesto próximo no sufra recortes ni nada que obstaculice su implementación por vía legislativa.
Pero el poder político, como el poder de las armas, tiene una cara luminosa o una cara sombría. Con un liderazgo que involucre la sincronización del Ejecutivo y el Legislativo se puede llevar adelante una obra excepcional para impulsar el desarrollo económico del país, creando las condiciones apropiadas para más inversiones privadas y públicas creadoras de empleo, que es lo que Panamá más necesita en estos momentos.
En otras palabras, el Gobierno puede atacar la pobreza a fondo , y mejorar el nivel de ingreso de los sectores más deprimidos, y cumplir así la meta que más preocupa a Mireya Moscoso, recurriendo a instrumentos legales para la captación de más inversiones y fomento del empleo en todo el país.
Sin embargo, como dijimos antes, la política, como las armas, pueden servir para construir como para destruir. Ello depende del uso que se conciba del poder político. Creemos, por ejemplo, que no debe interrumpirse el diálogo del Gobierno con la oposición, por desmedrada que ésta haya quedado a lo interno con las elecciones de la mesa directiva de la Asamblea. Un diálogo permanente que incluya también a empresarios, trabajadores, instituciones cívicas y culturales, de suerte que el Gobierno reciba las propuestas de la sociedad civil y las analice y plasme en leyes beneficiosas para todos los sectores de la comunidad panameña. En resumen, mucho bien o eventualmente mucho mal puede hacer el Gobierno si encara la reconquista de la mayoría de la Asamblea con amplitud democrática o con prepotencia o arrogancia.
El Nacional nombra al Comité Nacional de Elecciones (acápite e del artículo 22), que administra, reglamenta, interpreta y arbitra los comicios internos. En los solemnes internas bajo la doble presidenta, el clan, aparte de hacerse candidatos (la Sra. Moscoso en las primarias 1999 y en las convencionales 96 y 02) se autonombran en el comité electoral (entre varios: el ex Fiscal Alvin Weeden en 1999 y el Secretario C. Raúl Piad 2002) sin que falten los de la Junta Consultiva que designa el Directorio Nacional (artículo 46). En síntesis, todo manipulado por los cortesanos.
El Directorio Nacional tiene la absoluta de convertirse en Comité de Disciplina o designar el punitivo rol, de ahí que controlan las sanciones y expulsiones (acápite f del artículo 50, artículos 59, 61 y 62).
Los menores de 30 años se encontrarán sin derecho a ser miembros de la Junta Consultiva (acápite a. del artículo 49) y, es que esa junta de cofrades tiene los derechos y funciones de asistir a las sesiones del Nacional y preparar proyectos al programa y Estatutos.
Dígase que nuestros jóvenes no tienen espacio en este tiránico partido. Ni hablar sobre la reglamentación de las elecciones donde los “elegidos” son los que integran la nómina con más votos, dejando por fuera al resto en detrimento de la unidad; es decir, que no existe la proporcionalidad representativa de la voluntad electoral de sus miembros.
Pero el poder político, como el poder de las armas, tiene una cara luminosa o una cara sombría. Con un liderazgo que involucre la sincronización del Ejecutivo y el Legislativo se puede llevar adelante una obra excepcional para impulsar el desarrollo económico del país, creando las condiciones apropiadas para más inversiones privadas y públicas creadoras de empleo, que es lo que Panamá más necesita en estos momentos.
En otras palabras, el Gobierno puede atacar la pobreza a fondo , y mejorar el nivel de ingreso de los sectores más deprimidos, y cumplir así la meta que más preocupa a Mireya Moscoso, recurriendo a instrumentos legales para la captación de más inversiones y fomento del empleo en todo el país.
Sin embargo, como dijimos antes, la política, como las armas, pueden servir para construir como para destruir. Ello depende del uso que se conciba del poder político. Creemos, por ejemplo, que no debe interrumpirse el diálogo del Gobierno con la oposición, por desmedrada que ésta haya quedado a lo interno con las elecciones de la mesa directiva de la Asamblea. Un diálogo permanente que incluya también a empresarios, trabajadores, instituciones cívicas y culturales, de suerte que el Gobierno reciba las propuestas de la sociedad civil y las analice y plasme en leyes beneficiosas para todos los sectores de la comunidad panameña. En resumen, mucho bien o eventualmente mucho mal puede hacer el Gobierno si encara la reconquista de la mayoría de la Asamblea con amplitud democrática o con prepotencia o arrogancia.
El Nacional nombra al Comité Nacional de Elecciones (acápite e del artículo 22), que administra, reglamenta, interpreta y arbitra los comicios internos. En los solemnes internas bajo la doble presidenta, el clan, aparte de hacerse candidatos (la Sra. Moscoso en las primarias 1999 y en las convencionales 96 y 02) se autonombran en el comité electoral (entre varios: el ex Fiscal Alvin Weeden en 1999 y el Secretario C. Raúl Piad 2002) sin que falten los de la Junta Consultiva que designa el Directorio Nacional (artículo 46). En síntesis, todo manipulado por los cortesanos.
El Directorio Nacional tiene la absoluta de convertirse en Comité de Disciplina o designar el punitivo rol, de ahí que controlan las sanciones y expulsiones (acápite f del artículo 50, artículos 59, 61 y 62).
Los menores de 30 años se encontrarán sin derecho a ser miembros de la Junta Consultiva (acápite a. del artículo 49) y, es que esa junta de cofrades tiene los derechos y funciones de asistir a las sesiones del Nacional y preparar proyectos al programa y Estatutos.
Dígase que nuestros jóvenes no tienen espacio en este tiránico partido. Ni hablar sobre la reglamentación de las elecciones donde los “elegidos” son los que integran la nómina con más votos, dejando por fuera al resto en detrimento de la unidad; es decir, que no existe la proporcionalidad representativa de la voluntad electoral de sus miembros.
