El Defensor del Pueblo
PROTEGER y defender los derechos del pueblo es un compromiso para todo gobierno cuya gestión está inspirada en principios democráticos, de libertad y de justicia social. De allí que la figura del Defensor del Pueblo debe ser un instrumento que, lejos de los intereses políticos y personales, se entregue a la lucha por el bienestar y la justicia de todos los panameños.
El país ha observado como a través de las gestiones de estos funcionarios (2), han sido muy pocos los beneficios que ha recibido la comunidad nacional en materia de protección a los derechos humanos y al mejoramiento de las condiciones de vida.
Esta figura ha sido muy cuestionada por sectores de población que siempre han tenido el temor de que su selección está determinada por intereses de partido que obstaculizan el desempeño en sus funciones con toda independencia y eficacia.
Y es que esta institución que viene trabajando en otros países hermanos con el mayor de los éxitos, no debe encontrar en Panamá obstáculos de índole político-partidista a fin de que pueda cumplir su importante misión, tal como lo indica el espíritu de la ley por la cual fue creada.
La persona que se escoja para que ocupe la posición de Defensor del Pueblo debe ser un profesional de valía: sin compromisos políticos partidista que lo aten; con capacidad e inteligencia y con un gran conocimiento de la realidad nacional en materia de derechos humanos; un panameño o panameña que haya demostrado un elevado espíritu de honradez profesional y grandes deseos de trabajar por una justicia más efectiva y expedita.
Para la elección de este funcionario es recomendable que una comisión integrada por la iglesia, derechos humanos, justicia y paz y otras fuerzas vivas de la nación, colaboren con el Señor Presidente de la República, señalando caminos que conduzcan a una adecuada selección.
De esta manera habrá un marco de referencia de los candidatos que ha de servir en el escogimiento del mencionado funcionario. La Defensoría del Pueblo constituye para Panamá un gran paso para asegurar una justicia más expedita para centenares de panameños que permanecen en las cárceles en espera de un juicio; es una herramienta en la defensa del ciudadano, desde el ciudadano; es una institución que nos ayuda a la defensa de la comunidad y del ciudadano, donde la fuerza, finalmente, reside en las propias manos organizadas de la comunidad y del ciudadano; es una institución en donde los panameños, sin distingos de ninguna clase, encontrarán una respuesta a sus ansias de justicia y de protección a sus derechos.
Frente a la realidad que vive el país en donde el "juega vivo", el abuso, el atropello a los más débiles, la corrupción y el irrespeto a los derechos del ciudadano, la ley que creó la Defensoría del Pueblo, viene a llenar un gran vacío y es necesario que la institución vaya cada día perfeccionándose y fortaleciéndose en valores cívicos y morales para que su trascendente labor, contribuya a la consecución de un país en donde los derechos humanos ocupen un primer lugar.
Corresponde ahora a la Asamblea Nacional y al Señor Presidente de la República, Martín Torrijos Espino, escoger a la persona que sea capaz de dar respuesta a la ciudadanía, a través de una gestión alejada de todo interés partidista, con el mayor espíritu profesional y con la solvencia moral que le permitan desempeñarse en función de las aspiraciones del pueblo panameño.
El pueblo estará en espera de esta decisión del Ejecutivo y confía que con dicha elección, se estén salvaguardando los sagrados intereses de una nación que tiene derecho a vivir con dignidad y bienestar.
El país ha observado como a través de las gestiones de estos funcionarios (2), han sido muy pocos los beneficios que ha recibido la comunidad nacional en materia de protección a los derechos humanos y al mejoramiento de las condiciones de vida.
Esta figura ha sido muy cuestionada por sectores de población que siempre han tenido el temor de que su selección está determinada por intereses de partido que obstaculizan el desempeño en sus funciones con toda independencia y eficacia.
Y es que esta institución que viene trabajando en otros países hermanos con el mayor de los éxitos, no debe encontrar en Panamá obstáculos de índole político-partidista a fin de que pueda cumplir su importante misión, tal como lo indica el espíritu de la ley por la cual fue creada.
La persona que se escoja para que ocupe la posición de Defensor del Pueblo debe ser un profesional de valía: sin compromisos políticos partidista que lo aten; con capacidad e inteligencia y con un gran conocimiento de la realidad nacional en materia de derechos humanos; un panameño o panameña que haya demostrado un elevado espíritu de honradez profesional y grandes deseos de trabajar por una justicia más efectiva y expedita.
Para la elección de este funcionario es recomendable que una comisión integrada por la iglesia, derechos humanos, justicia y paz y otras fuerzas vivas de la nación, colaboren con el Señor Presidente de la República, señalando caminos que conduzcan a una adecuada selección.
De esta manera habrá un marco de referencia de los candidatos que ha de servir en el escogimiento del mencionado funcionario. La Defensoría del Pueblo constituye para Panamá un gran paso para asegurar una justicia más expedita para centenares de panameños que permanecen en las cárceles en espera de un juicio; es una herramienta en la defensa del ciudadano, desde el ciudadano; es una institución que nos ayuda a la defensa de la comunidad y del ciudadano, donde la fuerza, finalmente, reside en las propias manos organizadas de la comunidad y del ciudadano; es una institución en donde los panameños, sin distingos de ninguna clase, encontrarán una respuesta a sus ansias de justicia y de protección a sus derechos.
Frente a la realidad que vive el país en donde el "juega vivo", el abuso, el atropello a los más débiles, la corrupción y el irrespeto a los derechos del ciudadano, la ley que creó la Defensoría del Pueblo, viene a llenar un gran vacío y es necesario que la institución vaya cada día perfeccionándose y fortaleciéndose en valores cívicos y morales para que su trascendente labor, contribuya a la consecución de un país en donde los derechos humanos ocupen un primer lugar.
Corresponde ahora a la Asamblea Nacional y al Señor Presidente de la República, Martín Torrijos Espino, escoger a la persona que sea capaz de dar respuesta a la ciudadanía, a través de una gestión alejada de todo interés partidista, con el mayor espíritu profesional y con la solvencia moral que le permitan desempeñarse en función de las aspiraciones del pueblo panameño.
El pueblo estará en espera de esta decisión del Ejecutivo y confía que con dicha elección, se estén salvaguardando los sagrados intereses de una nación que tiene derecho a vivir con dignidad y bienestar.
