El derecho en la modernización del Estado"
En el Siglo XXI, se ha consolidado el consenso social de alcanzar un desarrollo sostenible con equidad, lo que ha motivado el ensayo de procesos de reformas gubernamentales y sociales que permitan introducir cambios sustantivos en la gestión de servicios sociales, en donde la participación ciudadana asume un rol protagonista en la toma de decisiones, con dos ejes fundamentales, la democracia y la productividad socioeconómica. Sin embargo, las reformas deben basarse en una visión multidimensional del ser humano (física, mental y espiritual), que permita mejorar la calidad de vida como un derecho. Para ello se requiere la formulación y ejecución de políticas y programas, que sean técnica, administrativamente y económicamente factibles y sustentables.
Desde una perspectiva económico-financiera, la operativización de estos planteamientos requieren la identificación de prioridades, la atención de las necesidades esenciales de los ciudadanos, y la reasignación de los recursos para superar las desigualdades y focalizarlos en los grupos vulnerables. Por otro lado, ante la yuxtaposición de problemas tradicionales y generados por nuevos fenómenos sociales (como la globalización), han surgido nuevas prioridades que requieren nuevos enfoques de los esquemas de gobernabilidad y participación social. No obstante a nivel nacional, regional y sobre todo local, carecemos de una red de programas con suficiente impacto social que permitan alcanzar la equidad, norte de las organizaciones públicas de servicio social.
En este marco, la Institución de la Defensoría del Pueblo se constituye en un medio por excelencia que hace un aporte vital para alcanzar un desarrollo integral y sustentable en beneficio de nuestras comunidades menos favorecidas.
Desde una perspectiva económico-financiera, la operativización de estos planteamientos requieren la identificación de prioridades, la atención de las necesidades esenciales de los ciudadanos, y la reasignación de los recursos para superar las desigualdades y focalizarlos en los grupos vulnerables. Por otro lado, ante la yuxtaposición de problemas tradicionales y generados por nuevos fenómenos sociales (como la globalización), han surgido nuevas prioridades que requieren nuevos enfoques de los esquemas de gobernabilidad y participación social. No obstante a nivel nacional, regional y sobre todo local, carecemos de una red de programas con suficiente impacto social que permitan alcanzar la equidad, norte de las organizaciones públicas de servicio social.
En este marco, la Institución de la Defensoría del Pueblo se constituye en un medio por excelencia que hace un aporte vital para alcanzar un desarrollo integral y sustentable en beneficio de nuestras comunidades menos favorecidas.
