El derecho a la verdad

Catedrático titular

Dice un viejo proverbio de las Islas Mauricio: "Más que cien pozos con agua dulce en el fondo, vale más un solo pozo provisto de escalones. Más que cien pozos provistos de escalones, vale un sacrificio...Más que cien de esos sacrificios, vale un buen hijo, y más que cien buenos hijos, vale una palabra de verdad". Y simple y llanamente, el derecho a la verdad de lo acontecido con las decenas de desaparecidos, torturados y asesinados por el régimen militarista de 21 años, nos sigue siendo conculcado a los panameños. ¿Por qué?
Ha quedado evidenciado ante la opinión pública, el inhumano y morboso interés del Procurador y de otras viejas y nuevas autoridades de los distintos órganos del Estado, de mantener ocultas las fosas clandestinas y seguir cercenándonos el derecho a la verdad de lo ocurrido durante los años de la dictadura. La actitud de la señora Presidenta parece ser otra y muy distinta, pero se ve sometida a las presiones de ciertos "allegados" a quienes tampoco les interesa se sepa la verdad...
Días atrás la agencia noticiosa France Press informaba desde Montevideo, que: "La Comisión para la Paz, creada este año por el presidente de Uruguay, Jorge Battle, para localizar el paradero de detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), exhumará los restos de personas no identificadas que aparecieron en las costas uruguayas en la década del "70...Los cuerpos presentaban signos de muerte violenta, torturas, violaciones, mutilaciones y estaban atados de manos y pies..."
El pasado 8 de septiembre de 2000, el Centro de Investigación de los Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá, organización no gubernamental que vela por los Derechos Humanos, entregó a la Excelentísima Señora Mireya Moscoso, una carta del siguiente tenor: "Respetada Sra. Presidenta: Al Centro de Investigación de los Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá le es grato extenderle un saludo y a la vez hacer buena la ocasión para exponer nuestra inquietud acerca de la urgente necesidad de crear una Comisión Independiente, destinada a acopiar información acerca de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar. Como es sabido, otros países latinoamericanos sufrieron, al igual que Panamá, el avasallamiento de una dictadura militar que violó sistemáticamente los Derechos Humanos. Aún hoy, ello no ha sido debidamente atendido por los gobiernos civiles que, desde 1990, debieron administrar justicia, teniendo como fundamento los principios contenidos en las normas internacionales de Derechos Humanos de las que Panamá es signatario. Como es de su conocimiento, desde el año pasado nuestra sociedad ha visto horrorizada, el descubrimiento de lo que parece ser una fosa común con cadáveres de adversarios a la dictadura militar. Ya hoy sabemos que un cuerpo de esos pertenecía a uno de lo tantos desaparecidos y muertos que el régimen militar se ocupó de amontonar.
En vista de tales circunstancias, la instamos a que decrete la creación de una Comisión por la Verdad, con autonomía y poderes para recabar información acerca de los desaparecidos, muertos y torturados durante la dictadura militar. Tal Comisión estaría constreñida a un período específico (que bien podrían ser nueve meses, como ocurrió en Argentina) y a la labor de acopiar toda información que devele la verdad para que "Nunca Más" se den estos crímenes contra la humanidad en nuestro país. La información recopilada y que así lo amerite, posteriormente sería remitida a las autoridades judiciales correspondientes.
Queremos hacer nuestras las palabras de monseñor Juan Gerardi, quien fue asesinado cuando había culminado el documento de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), esfuerzo que buscaba exponer los hechos tal como se dieron durante las décadas de violencia que vivió la hermana nación de Guatemala. Gerardi llegó a decir: "Queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso recuperamos la memoria del pueblo".
Hacemos nuestras también las palabras incluidas en el prólogo del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se conformó en Argentina: "Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así: no estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; sólo pedimos la verdad y la justicia, tal como en otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque, sino, debería echarse por tierra la trascendente misión que el poder judicial tiene en toda comunidad civilizada".
Agradecemos su atención y esperando que usted sepa valorar la urgente necesidad de crear la Comisión por la Verdad, que cada vez más voces reclaman, quedamos de usted, atentamente..."
El descubrimiento reciente de decenas de osamentas en el antiguo cuartel militar de Los Pumas en Tocumen, no puede seguir en manos de los verdugos de la verdad. El derecho a saber se apoya también en la consideración de que toda persona, en cuanto ser capaz de discurrir, de trascender y de relacionarse, tiene el derecho a la verdad: el derecho a no ser engañada por quienes tienen la responsabilidad de darla a conocer.
La solicitud a la señora Presidenta del nombramiento de una Comisión de la Verdad, esta vez peticionada por la Asamblea de la Sociedad Civil, que reagrupa a más de 32 organizaciones nacionales, se suma al clamor que se generaliza en el país por conocer la verdad y que no se oculte -como lo intenta el Procurador y sus espoliques.
A llegado la hora que sepamos toda la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad. Es nuestro derecho a la tranquilidad, a la paz de los muertos, a iniciar el verdadero camino de la reconciliación.