El discurso de Dixon

Ejercer un cargo no es lo mismo que ocupar un puesto. El llevar el título de Presidente de la Corte Suprema supone la capacidad de representar de modo apropiado a uno de los órganos del Estado, pero puede ser también una mera etiqueta, que cualquiera que haya conseguido los votos puede ostentar. Equilibrio en las ideas, moderación en su formulación, propiedad en el uso del lenguaje, debieran ser algunos de los atributos mínimos del discurso del presidente del máximo tribunal de justicia. En el actual contexto, en que la Corte y el Órgano Judicial, en general, sufren de un severo problema de credibilidad en sus actuaciones, uno esperaría que el máximo funcionario judicial muestre sobriedad, esmero y delicadeza en la selección de las palabras que utilizará para comunicar al público el espíritu de la justicia, que ahora más que nunca deberá conducirse con una fina sensibilidad frente a los enormes retos que pesan sobre sus hombros. En vez de eso, la magistrada Dixon nos regaló, el día de su toma de posesión como presidenta de la Corte, una acusación de sedición y conspiración contra el Estado, justamente como lo hacían los militares contra sus opositores en los tiempos en los que Dixon no consideraba que luchar por la democracia pasaba por expulsar a los militares del poder. El primer día de su mandato, la nueva presidenta de la Corte acusó a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación de querer "capturar un espacio de poder", de intentar "liquidar la institucionalidad", de "manipulación disfrazada de periodismo libre", una retórica propia de los politicastros del tercer mundo que invariablemente solo ha servido para hacer la apología de la impunidad.
Luego de insultar a la prensa y a la sociedad civil, Dixon se atrevió a proponer un "trato", como si fuese un "sheriff" de turno que intenta manejarse con las pandillas del barrio. Desde este espacio le decimos que rechazamos rotundamente cualquier "trato", pues la libertad no se negocia y nuestro trabajo seguirá siendo informar a la ciudadanía, particularmente, de los abusos y desafueros de las autoridades. En cuanto a la función de dictar sentencia, eso es atributo de los jueces. Dixon parece que ya dictó la suya, desde el cargo que ahora ocupa.