El doble propósito de Judas y la lucha por controlar la Corte
El Estado se encuentra sumergido en una de las crisis orgánicas más profundas de los últimos años, sólo comparable con la separación del cargo del Presidente de la República, Dr. Arnulfo Arias Madrid en su primer mandato. Los intereses oficialistas procuran boicotear la independencia judicial y consecuentemente la seguridad jurídica, cuando un alto funcionario como Judas del orden constitucional, requiere al Consejo de Gabinete la aplicación de la Ley Faúndes contra el Presidente del Órgano Judicial, coqueteándole a la Patria Nueva con el objetivo claro de no ser perseguido judicialmente, como ocurrirá a unos cuantos malversadores de la cosa pública, pero lamentablemente también a ex funcionarios que tras haber culminado su gestión nunca delinquieron y su único pecado ha sido ser arnulfistas, pues de ambos grupos en el gobierno pasado hubo.
En la tormenta política desatada, en la lucha por controlar los Órganos estatales ejercido por la Patria nueva asesorada por los elementos de la Patria vieja, resultan deplorables las opiniones que connotados juristas han rendido en medios de comunicación social contra el orden constitucional implícito en los artículos 200 y 201 de la Carta Magna, entre los que se encuentra el Lic. Silvio Guerra, quien parece desvanecer la dosis de combatividad frente al nuevo gobierno, para asumir posturas defensivas similares a las de un posible candidato a Procurador General de la Nación y el Lic. Carlos Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, quien ha sostenido que la Ley es Ley y aún los magistrados de la Corte deben respetarla, olvidando no sólo que su deber como presidente de un organismo colegiado de abogados es defender antes de cualquier ley el orden constitucional, sino también que él puede verse afectado algún día en forma inconstitucional por una acción similar cuando cumpla los 75 años de edad, edad a la que todos aspiramos llegar.
Más deplorable resulta, pues, la acción del Contralor General, al solicitar mediante la nota No. 5161-LEG al Consejo de Gabinete, el retiro definitivo del servicio público del presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos, atendiendo a que el 31 de diciembre de 2003, El Panamá América publicó que el contralor Alvin Weeden había recusado al magistrado César Pereira Burgos, para separarlo del conocimiento del proceso penal que en su contra interpuso el ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, señalando que el miércoles 24 de diciembre de 2003 el Magistrado Pereira Burgos al inicio de una reunión del Pleno de la Corte había emitido comentarios y expresiones que "demuestran su manifiesta enemistad, que conllevaría a una falta de imparcialidad y que denotan un evidente interés de perjudicarlo, sin valorar y considerar los elementos probatorios".
Como profesional del Derecho y Ciencias Políticas, me pregunto: ¿Si el Contralor General de la República pudo recusar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia por abierta enemistad, no debía declararse impedido por la misma razón para solicitar el retiro del Presidente de la Corte Suprema?
La actuación del Contralor en este amargo capítulo de la historia judicial panameña nos lleva a la conclusión de que el mismo hizo lo que considero "necesario" y con doble propósito para deshacerse de un "potencial enemigo" que según su apreciación sería parcializado en una futura sentencia en su contra, lo que indica una carencia de parcialidad en la actuación del colega Weeden, quien durante mucho tiempo ha de haber resentido que el Magistrado Pereira Burgos haya suspendido la orden de cautelación sobre 7.5 millones de balboas emitida por la Contraloría General sobre las cuentas del ex Presidente Ernesto Pérez Balladares, luego de que acogió un amparo de garantías constitucionales en el referido caso.
Hermanos panameños, las acciones u omisiones tanto del gobierno como de la oposición, y más aún del pueblo mismo, quedarán marcadas en la historia patria y la usual tregua de cien días a todo gobierno recién instalado no debe ser pretexto para no exigir el respeto de la separación de los Poderes y la independencia de los mismos, y generar un caos contra el principio de frenos y contrapesos por motivos personales debe recibir la más grande condena moral del pueblo.
(kantkant_06@hotmail.com)
En la tormenta política desatada, en la lucha por controlar los Órganos estatales ejercido por la Patria nueva asesorada por los elementos de la Patria vieja, resultan deplorables las opiniones que connotados juristas han rendido en medios de comunicación social contra el orden constitucional implícito en los artículos 200 y 201 de la Carta Magna, entre los que se encuentra el Lic. Silvio Guerra, quien parece desvanecer la dosis de combatividad frente al nuevo gobierno, para asumir posturas defensivas similares a las de un posible candidato a Procurador General de la Nación y el Lic. Carlos Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, quien ha sostenido que la Ley es Ley y aún los magistrados de la Corte deben respetarla, olvidando no sólo que su deber como presidente de un organismo colegiado de abogados es defender antes de cualquier ley el orden constitucional, sino también que él puede verse afectado algún día en forma inconstitucional por una acción similar cuando cumpla los 75 años de edad, edad a la que todos aspiramos llegar.
Más deplorable resulta, pues, la acción del Contralor General, al solicitar mediante la nota No. 5161-LEG al Consejo de Gabinete, el retiro definitivo del servicio público del presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos, atendiendo a que el 31 de diciembre de 2003, El Panamá América publicó que el contralor Alvin Weeden había recusado al magistrado César Pereira Burgos, para separarlo del conocimiento del proceso penal que en su contra interpuso el ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, señalando que el miércoles 24 de diciembre de 2003 el Magistrado Pereira Burgos al inicio de una reunión del Pleno de la Corte había emitido comentarios y expresiones que "demuestran su manifiesta enemistad, que conllevaría a una falta de imparcialidad y que denotan un evidente interés de perjudicarlo, sin valorar y considerar los elementos probatorios".
Como profesional del Derecho y Ciencias Políticas, me pregunto: ¿Si el Contralor General de la República pudo recusar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia por abierta enemistad, no debía declararse impedido por la misma razón para solicitar el retiro del Presidente de la Corte Suprema?
La actuación del Contralor en este amargo capítulo de la historia judicial panameña nos lleva a la conclusión de que el mismo hizo lo que considero "necesario" y con doble propósito para deshacerse de un "potencial enemigo" que según su apreciación sería parcializado en una futura sentencia en su contra, lo que indica una carencia de parcialidad en la actuación del colega Weeden, quien durante mucho tiempo ha de haber resentido que el Magistrado Pereira Burgos haya suspendido la orden de cautelación sobre 7.5 millones de balboas emitida por la Contraloría General sobre las cuentas del ex Presidente Ernesto Pérez Balladares, luego de que acogió un amparo de garantías constitucionales en el referido caso.
Hermanos panameños, las acciones u omisiones tanto del gobierno como de la oposición, y más aún del pueblo mismo, quedarán marcadas en la historia patria y la usual tregua de cien días a todo gobierno recién instalado no debe ser pretexto para no exigir el respeto de la separación de los Poderes y la independencia de los mismos, y generar un caos contra el principio de frenos y contrapesos por motivos personales debe recibir la más grande condena moral del pueblo.
(kantkant_06@hotmail.com)
