El enjuiciamiento político de Clinton
Desoyendo un dramático llamado de último momento de la Primera Dama, Hillary Clinton, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó ayer a favor de remitir al Senado, el voluminoso expediente que contiene las acusaciones de perjurio y obstrucción de la justicia contra el Presidente Bill Clinton, derivadas de su esfuerzo por ocultar sus relaciones extramaritales con la joven pasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.
La histórica votación, la segunda en 130 años, tendrá por efecto convertir al Senado en un tribunal presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ante el cual se verificarán audiencias probatorias y alegaciones de acusación y defensa, a cuyo término se requerirá dos tercios de votos para declararlo culpable y forzar su remoción.
Fuera de los predios del Congreso, concepto que incluye a ambas cámaras, las encuestas de opinión muestran que dos tercios del pueblo norteamericano repudia la decisión y se opone a la destitución del mandatario. Desde hace dos semanas, cuando se hacía evidente lo que venía, los principales mercados internacionales, incluyendo la bolsa de Nueva York y el dólar mismo, inició una vertiginosa caída tras meses de repunte.
La mayoría republicana que controla ambas cámaras, esperaba que el mandatario, renunciara, tal cual hizo el presidente Richard Nixon en 1974. Pero a diferencia del último, los cargos esta vez se vinculan a la vida íntima del mandatario y no a su conducta como presidente, al tiempo de que Clinton goza de amplio respaldo entre el público y cuenta con votos suficientes en el Senado como para asegurarse de que los republicanos no sueñen en acercarse siquiera a los dos tercios requeridos para destituirlo.
Si la decisión de su enjuiciamiento fuera en estricto derecho, en vez de ser una burda maniobra partidista para desprestigiar su administración con vista a las próximas elecciones presidenciales, la oposición republicana en el Congreso, no tendría la menor oportunidad de destituirlo.
La Constitución de Estados Unidos prevé en su artículo II, numeral 4, como causales de destitución las de "traición, soborno, y otros graves delitos y desafueros que les sean probados". Y es dudoso que un lío de faldas constituya para la Nación tal categoría.
En lo que toca a los efectos de la votación, aparte de la audiencia que han ganado las grandes cadenas empeñadas en doblegar a quien les ha superado en todas las partidas, nada pasará en el futuro inmediato. El presidente no renunciará, la Nación hastiada continuará saturada del tema, en un proceso que será dilatado intencionalmente, buscando que la popularidad del mandatario se debilite para poder echarlo o que el fallo se acerque lo más posible a las próximas elecciones, para asegurar un triunfo republicano.
La histórica votación, la segunda en 130 años, tendrá por efecto convertir al Senado en un tribunal presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ante el cual se verificarán audiencias probatorias y alegaciones de acusación y defensa, a cuyo término se requerirá dos tercios de votos para declararlo culpable y forzar su remoción.
Fuera de los predios del Congreso, concepto que incluye a ambas cámaras, las encuestas de opinión muestran que dos tercios del pueblo norteamericano repudia la decisión y se opone a la destitución del mandatario. Desde hace dos semanas, cuando se hacía evidente lo que venía, los principales mercados internacionales, incluyendo la bolsa de Nueva York y el dólar mismo, inició una vertiginosa caída tras meses de repunte.
La mayoría republicana que controla ambas cámaras, esperaba que el mandatario, renunciara, tal cual hizo el presidente Richard Nixon en 1974. Pero a diferencia del último, los cargos esta vez se vinculan a la vida íntima del mandatario y no a su conducta como presidente, al tiempo de que Clinton goza de amplio respaldo entre el público y cuenta con votos suficientes en el Senado como para asegurarse de que los republicanos no sueñen en acercarse siquiera a los dos tercios requeridos para destituirlo.
Si la decisión de su enjuiciamiento fuera en estricto derecho, en vez de ser una burda maniobra partidista para desprestigiar su administración con vista a las próximas elecciones presidenciales, la oposición republicana en el Congreso, no tendría la menor oportunidad de destituirlo.
La Constitución de Estados Unidos prevé en su artículo II, numeral 4, como causales de destitución las de "traición, soborno, y otros graves delitos y desafueros que les sean probados". Y es dudoso que un lío de faldas constituya para la Nación tal categoría.
En lo que toca a los efectos de la votación, aparte de la audiencia que han ganado las grandes cadenas empeñadas en doblegar a quien les ha superado en todas las partidas, nada pasará en el futuro inmediato. El presidente no renunciará, la Nación hastiada continuará saturada del tema, en un proceso que será dilatado intencionalmente, buscando que la popularidad del mandatario se debilite para poder echarlo o que el fallo se acerque lo más posible a las próximas elecciones, para asegurar un triunfo republicano.
