El escándalo de la ARI
Se confirmó pues que los ministros del actual gobierno, Mitchell Doens y Francisco Sánchez Cárdenas, habían arrendado sendas viviendas de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), obviando los requisitos de licitación pública que habrían conllevado a tener que competir, a la oferta de renta más alta, con otros de los muchos aspirantes a alquilar dichas casas.
La entidad ha explicado que ambos funcionarios habían hecho aplicaciones de arrendamiento en Albrook con entre año y medio y dos años de antelación, sin percatarse que las casas del lugar habían revertido tan sólo hace diez meses. Se dijo también que la renta percibida en ambos casos es superior a la usual y que se tomó en cuenta la capacidad de pago y la antigüedad de las solicitudes.
Quedó claro que los ministros no tuvieron que sufrir los rigores de la licitación pública, y que consideraciones de otra índole fueron tomadas en cuenta para que las viviendas les fueran adjudicadas por encima de otras solicitudes. Se ha sugerido que, entre tales consideraciones, pesó la alta investidura de ambos funcionarios.
La entidad ha tenido una breve y accidentada historia, cuyos antecedentes se remontan a los tratados canaleros de 1977, en los que se convino una reversión gradual del área y bienes circundantes a la vía acuática, que concluiría al mediodía del 31 de diciembre de 1999.
A partir de entonces la reversión se fue cumpliendo a un ritmo mayor al que el país era capaz de asimilar. Los edificios y tierras se fueron amontonando ociosos, cercados por la maleza y la desidia. Sólo las Fuerzas de Defensa les dieron algún uso, mientras las viviendas pasaban a ser botín político.
Al restituirse la democracia bajo el gobierno de Endara, se dictó la Ley 1 de 1991, que puso orden al desgreño de los bienes revertidos, propiciando la elaboración de un inventario, que arrojó una realidad desastrosa, de casas semidestruidas y morosidades colosales. Nadie del viejo régimen pagaba.
Más adelante, mediante la Ley 5 de 1993, se creó la ARI, que se encargaría de administrar los bienes canaleros revertidos, alquilándolos y vendiéndolos, previo requisito de licitación pública (arts. 30 y 31).
Pero el nuevo gobierno de Ernesto Pérez Balladares cambió las reglas, reformando la ley con el mero propósito de destituir a su administrador, José Chen Barría, quien se había ganado el puesto en concurso y estaba llamado a ocuparlo por diez años. Lo reemplazó su actual administrador, Nicolás Ardito Barletta, un allegado al nuevo mandatario y quien fue presidente durante la dictadura.
Desde entonces, en materia de arrendamiento de casas revertidas, se ha hecho de la regla la excepción y de la excepción la regla, obviando las licitaciones so pretexto de urgencia notoria. Los resultados de tan nociva práctica están a la vista. La influencia política volvió a echar raíces.
La entidad ha explicado que ambos funcionarios habían hecho aplicaciones de arrendamiento en Albrook con entre año y medio y dos años de antelación, sin percatarse que las casas del lugar habían revertido tan sólo hace diez meses. Se dijo también que la renta percibida en ambos casos es superior a la usual y que se tomó en cuenta la capacidad de pago y la antigüedad de las solicitudes.
Quedó claro que los ministros no tuvieron que sufrir los rigores de la licitación pública, y que consideraciones de otra índole fueron tomadas en cuenta para que las viviendas les fueran adjudicadas por encima de otras solicitudes. Se ha sugerido que, entre tales consideraciones, pesó la alta investidura de ambos funcionarios.
La entidad ha tenido una breve y accidentada historia, cuyos antecedentes se remontan a los tratados canaleros de 1977, en los que se convino una reversión gradual del área y bienes circundantes a la vía acuática, que concluiría al mediodía del 31 de diciembre de 1999.
A partir de entonces la reversión se fue cumpliendo a un ritmo mayor al que el país era capaz de asimilar. Los edificios y tierras se fueron amontonando ociosos, cercados por la maleza y la desidia. Sólo las Fuerzas de Defensa les dieron algún uso, mientras las viviendas pasaban a ser botín político.
Al restituirse la democracia bajo el gobierno de Endara, se dictó la Ley 1 de 1991, que puso orden al desgreño de los bienes revertidos, propiciando la elaboración de un inventario, que arrojó una realidad desastrosa, de casas semidestruidas y morosidades colosales. Nadie del viejo régimen pagaba.
Más adelante, mediante la Ley 5 de 1993, se creó la ARI, que se encargaría de administrar los bienes canaleros revertidos, alquilándolos y vendiéndolos, previo requisito de licitación pública (arts. 30 y 31).
Pero el nuevo gobierno de Ernesto Pérez Balladares cambió las reglas, reformando la ley con el mero propósito de destituir a su administrador, José Chen Barría, quien se había ganado el puesto en concurso y estaba llamado a ocuparlo por diez años. Lo reemplazó su actual administrador, Nicolás Ardito Barletta, un allegado al nuevo mandatario y quien fue presidente durante la dictadura.
Desde entonces, en materia de arrendamiento de casas revertidas, se ha hecho de la regla la excepción y de la excepción la regla, obviando las licitaciones so pretexto de urgencia notoria. Los resultados de tan nociva práctica están a la vista. La influencia política volvió a echar raíces.
