El escándalo de las visas de chinos
El negociado de las visas de chinos es asunto de muy vieja data al que, al igual que los cupos de taxis, nos habíamos acostumbrado, a todos los niveles. Los abogados que usualmente gestionan en materia de migración saben que en todos los gobiernos, desde la época de la dictadura para acá, el negocio de traer y visar orientales es muy lucrativo y se maneja en conexión con las altas esferas.
Eso hizo de la oscura oficina de Migración un apetecible botín político, no distinto a la Zona Libre, la Aduana, el Tránsito, el Aeropuerto y ciertos consulados, capaces de enriquecer a cualquiera en pocos meses y con relativa discreción, lo que sin embargo nunca tuvo mayor trascendencia internacional, considerándosele más bien una curiosa variedad de la abundante corrupción criolla.
La cuestión empezó a cambiar hace una década, cuando los conservadores de Estados Unidos presionaron para cerrar y hacer más selectivo el ingreso de inmigrantes a su país, endureciendo por ende su legislación interna y haciendo del tráfico internacional de indocumentados un delito. Desde ese momento cambió el escenario y los riesgos profesionales para los "coyotes" del patio.
Estalló luego lo de El Miami Herald, con sus electrizantes reportajes, que retratan de cuerpo entero las etapas iniciales del infame tráfico, que involucra la traída desde Oriente a Panamá de miles de orientales, a quince mil dólares o más cada uno. En etapas ulteriores, según el rotativo, los inmigrantes son conducidos por otras vías y costos adicionales hasta Norteamérica.
La primera víctima del cambio de reglas fue Samantha Smith, la jefa encargada del Consejo de Seguridad Nacional panameño, una especie de caricatura de la CIA, que debía coordinar la seguridad del país contra peligros particularmente graves tales como el narcotráfico, el terrorismo y el negocio de indocumentados. La Embajada de Estados Unidos le retiró el visado por su supuesta vinculación en el tráfico de miles de chinos hacia ese país.
Smith se defendió probando que las visas aprobadas bajo su breve administración, fueron autorizadas a pedido expreso del Presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares. Desde ese instante, tocado gravemente, el mandatario, con ayuda de la Procuraduría de la Nación y todo el malparado aparato policial y de investigación criminal de su gobierno, cambió la postura inicial inculpatoria de Smith, a todo lo contrario: a sostener que la expedición de las visas era un acto soberano en el que no hay nada delictivo.
La cuestión empero no es tan sencilla, pues si las visas otorgadas bajo este y anteriores gobiernos involucraron pagos extraordinarios, honorarios inusuales, regalías, tratamientos privilegiados, omisión de trámites legales y, sobre todo, constituían una etapa del tráfico de humanos hacia otro país, estaríamos en presencia de un gravísimo delito internacional, condenado por las Naciones Unidas. De allí a recordar a Pinochet, hay solo un paso.
Eso hizo de la oscura oficina de Migración un apetecible botín político, no distinto a la Zona Libre, la Aduana, el Tránsito, el Aeropuerto y ciertos consulados, capaces de enriquecer a cualquiera en pocos meses y con relativa discreción, lo que sin embargo nunca tuvo mayor trascendencia internacional, considerándosele más bien una curiosa variedad de la abundante corrupción criolla.
La cuestión empezó a cambiar hace una década, cuando los conservadores de Estados Unidos presionaron para cerrar y hacer más selectivo el ingreso de inmigrantes a su país, endureciendo por ende su legislación interna y haciendo del tráfico internacional de indocumentados un delito. Desde ese momento cambió el escenario y los riesgos profesionales para los "coyotes" del patio.
Estalló luego lo de El Miami Herald, con sus electrizantes reportajes, que retratan de cuerpo entero las etapas iniciales del infame tráfico, que involucra la traída desde Oriente a Panamá de miles de orientales, a quince mil dólares o más cada uno. En etapas ulteriores, según el rotativo, los inmigrantes son conducidos por otras vías y costos adicionales hasta Norteamérica.
La primera víctima del cambio de reglas fue Samantha Smith, la jefa encargada del Consejo de Seguridad Nacional panameño, una especie de caricatura de la CIA, que debía coordinar la seguridad del país contra peligros particularmente graves tales como el narcotráfico, el terrorismo y el negocio de indocumentados. La Embajada de Estados Unidos le retiró el visado por su supuesta vinculación en el tráfico de miles de chinos hacia ese país.
Smith se defendió probando que las visas aprobadas bajo su breve administración, fueron autorizadas a pedido expreso del Presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares. Desde ese instante, tocado gravemente, el mandatario, con ayuda de la Procuraduría de la Nación y todo el malparado aparato policial y de investigación criminal de su gobierno, cambió la postura inicial inculpatoria de Smith, a todo lo contrario: a sostener que la expedición de las visas era un acto soberano en el que no hay nada delictivo.
La cuestión empero no es tan sencilla, pues si las visas otorgadas bajo este y anteriores gobiernos involucraron pagos extraordinarios, honorarios inusuales, regalías, tratamientos privilegiados, omisión de trámites legales y, sobre todo, constituían una etapa del tráfico de humanos hacia otro país, estaríamos en presencia de un gravísimo delito internacional, condenado por las Naciones Unidas. De allí a recordar a Pinochet, hay solo un paso.
