El Estado de Derecho
Benito Juárez, presidente mexicano del siglo XIX, produjo la célebre frase “entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz”, principio de convivencia humana, donde el derecho de cada quien termina donde se inicia el de otros. Este concepto retoma vigencia hoy, en la relación entre la administración del Estado y la sociedad pues los abusos y arbitrariedades que se cometen contra los ciudadanos y las instituciones mismas en nombre de la “representación” de la sociedad, deben ser frenados por el accionar de una sociedad comprometida con su propia gobernanza.
Los últimos 70 días hemos sido testigos de abusos de la administración, publicitados y aplaudidos por cada vez menos ciudadanos y algunos medios de comunicación. Un rosario de abusos como romper a mazasos la entrada de negocios particulares; desconocer derechos adquiridos de trabajadores estatales y/o la destitución antojadiza de cientos de ellos; desprecio al diálogo con organizaciones de la sociedad civil; el pasar por encima de la ley o simplemente reformarla casi sin discusión; nombramiento de autoridades dejando de aplicar normas legales vigentes; la intención de excluirnos a la brava del PARLACEN y finalmente, la toma a la fuerza del Hospital San Miguel Arcángel por el Ministerio de Salud, forman parte del rosario de violaciones al estado de derecho.
Cuando en América Latina gobernaban las dictaduras militares, la sociedad reclamaba respeto a las libertades ciudadanas y al estado de derecho. Con el advenimiento de las llamadas democracias, se han instalado gobiernos que como en el caso de Panamá suenan agradables a los oídos del pueblo pero de hecho hacen lo que mejor les parezca, al margen de la legalidad y la institucionalidad y lo que es más grave aún, la mayor parte de las veces, al margen de los intereses del país, respondiendo a cúpulas o personas que se consideran por encima de la Ley y las instituciones públicas y democráticas.
El 31 de julio, dirigentes de la FENASEP se apersonaron a la Presidencia de la República por invitación de la vocera presidencial, supuestamente para intercambiar opiniones acerca del pliego de peticiones que tres días antes habían entregado. Estando allí indagaron acerca de si el Presidente Martinelli había o no sancionado la Ley que cercena la carrera administrativa, lo que no pudo ser contestado por los funcionarios de la Presidencia quienes en ese momento se enteraron que la ley había sido sancionada desde el día anterior. Esto demuestra el desprecio por el diálogo y el estado de derecho que hasta la fecha ha caracterizado algunos actos de gobierno.
Corresponde al órgano judicial, a convocatoria de los afectados o interesados, restablecer el derecho violado por las autoridades pero la pregunta es cuando, habida cuenta de una mora judicial histórica, que pone en peligro la efectividad de la administración de justicia y por otro lado, se pone a prueba la independencia del órgano judicial con respecto al ejecutivo.
Los ciudadanos debemos denunciar, promover y hacer valer el estado de derecho y el órgano judicial tiene la obligación de restablecerlo, por la paz social de que hablaba Benito Juárez.
