Silvio Guerra Morales

El Estado de Derecho: entre el contrato social y el contrato político- La Constitución


El Estado de Derecho es un producto del consenso social.  No es un invento de los gobiernos. No nace de una cuna política.  Quien quiera que se atreva a sostener que se trata de una creación artificial de los políticos –entendidos éstos como aquel grupo de hombres que se organizan y constituyen una organización política –partidos- para encaminarse a obtener el poder político de gobernar a los demás –la sociedad-, comete un yerro imperdonable.
 

Si así fuera, ningún gobierno estará dispuesto a producir el Estado de Derecho. Pues el auténtico y más legitimo Estado de Derecho es una camisa de fuerza que limita las arbitrariedades de los gobernantes que desbordan la propia institucionalidad que les establece este tipo de Estado. Luego, no sería equivocado expresar que el Estado de Derecho fue la primera petición, su constitución, que los hombres en estado de naturaleza expresaron cuando se les solicita construir la sociedad organizada civilmente e instaurar la autoridad mediante la constitución de los gobiernos.


Es preciso, como cuestión categórica, decir que en el Estado de Derecho, los hombres, quienes ya, por previo acuerdo y deposición de voluntades, han pasado del estado de naturaleza al estado político, encontraron en él que estatuyendo un sistema de libertades y de garantías que fueran las herramientas e instrumentos para tutelar y proteger sus derechos ya existentes y tenidos en el estado de naturaleza, era la única manera en que verían garantizadas la libertad personal o ambulatoria, el sistema de todas las libertades que conocemos, el estado natural de inocencia, libre expresión del pensamiento, el juzgamiento que enraiza en el debido proceso su razón de ser, el principio de igualdad de todos los hombres, el derecho a ser oído y no ser tenido por culpable sin previa audiencia y juicio; derecho a ser asistido por un abogado o letrado defensor; un juez independiente e imparcial que en nombre del Estado y en representación de la jurisdicción dicta una sentencia, etc.


Los conceptos vertidos no me pertenecen. Ellos se encuentran expresados en la obra intitulada Ensayo Sobre el Gobierno Civil, escritos por John Locke. Basta leerla para verificar la autenticidad de las ideas. En ese sentido, en el pensamiento de Locke, el estado de derecho es entendido como un gobierno civil legítimo solamente si ha sido constituido mediante la celebración de un pacto social caracterizado por los siguientes elementos: 1. Se da, ineludiblemente, el consentimiento de los individuos; 2. Este consentimiento tiene una contraprestación y ella consiste en la protección de sus derechos naturales; 3. Entre estos derechos naturales resaltan la vida, la libertad y la propiedad; 4. Frente al surgimiento de conflictos, estos derechos no pueden ser desprotegidos o desamparados sino que tiene prevalencia total; 5. Que, en ningún momento, el estado de naturaleza de los hombres puede ser parcializado ni escindido o ignorado, dado que es en ese escenario, en donde, precisamente, subyacen los derechos naturales de la humanidad.


Todo lo anterior puede ser entendido sobre la idea de que la convergencia de este pacto social no confluyen ni concurren los egoísmos, las emociones ni las pasiones, sino que el hombre, en estado de naturaleza, entiende que es necesario proceder a dicho pacto tras la ausencia de leyes fijas y conocidas por todos, de jueces imparciales y de fuerzas suficientes para ejecutar las sentencias, y por ello es menester, indispensable, que se fijen en un estatuto fundamental que se viene a configurar en el denominado contrato político, carta magna, ley fundamental o estatuto fundamental.


Como se puede advertir ya en estos conceptos se encuentran preconizados los poderes del estado: El Legislativo en cuanto crea y expide leyes, el Órgano Judicial en cuanto dispone de jueces imparciales y el Ejecutivo en cuanto gobierna y ejecuta las políticas y fines primordiales del estado.

 


Queda claro, en esta filosofía que sentó las bases del liberalismo clásico, que no puede haber estado de derecho ni legitimidad de poder político alguno sin que, de manera previa, exista el consentimiento de los gobernados. Resalta, en la idea de John Locke, el hecho de que quienes hacen las leyes y quienes las ejecutan jamás pueden hacerlo en beneficio propio, ausentándose todo indicio o vestigio de arbitrariedad en sus actuaciones.


De manera tal que los gobernados no tienen que tolerar ni soportar los abusos del poder y menos la violación de los derechos a que éste está llamado a proteger, pues es claro que toda actuación arbitraria del poder político rompe o quiebra el pacto social y los ciudadanos tienen reservados para sí el derecho a resistir ( Derecho de Resistencia) e, inclusive, a cambiar el gobierno. Estas mismas ideas de John Locke, en el siglo XX, fueron, con algunas reservas, desarrolladas por el Filosofo del Derecho Jurgen Habermas –Teoría de la Acción Comunicativa-, quien defendía el derecho a la desobediencia civil (18983), como un derecho inalienable de los pueblos a reaccionar contra todo hecho arbitrario de los gobernantes. Tambien denominaba a esta desobediencia civil como la piedra de toque del Estado democrático de derecho y aclara que, a diferencia de la resistencia armada contra las tiranías, este mecanismo de desobediencia no persigue destruir el orden constitucional sino corregirlo y mantener viva su legitimidad. Se diferencia del derecho clásico de resistencia en que la desobediencia presupone un Estado constitucional vigente que necesita ser defendido frente a sus propios excesos. Locke valida, en cambio, la fuerza para derrocar un régimen ilegitimo.


Es claro, entonces, que en John Locke el estado de naturaleza se caracteriza por la ausencia de gobierno pero no por la ausencia de obligaciones mutuas, teniendo claro que en dicho estado la ley de la naturaleza y la razón ha enseñado a esos hombres que toda la humanidad, siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otros en su vida, libertad o posesiones.

 


Hobbes se separa de esta línea de pensamientos de Locke en el sentido de que el hombre en estado de naturaleza es malo y perverso y que no es sino el estado quien lo disciplina y lo educa. Locke cree que en el estado de naturaleza el hombre es un ser pacifico teniendo vida, libertad y propiedad. Mas tarde veríamos las ideas de John Locke plasmadas en la Revolución Americana y en el liberalismo moderno, en general.
Como se sabe, en las ideas contractualistas de Rousseau, expresadas en el DISCURSO SOBRE EL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD (1755), los individuos abandonan el estado de naturaleza al civilizarse progresivamente, es decir al volverse dependientes unos de otros. De mi parte, me atrevo a añadir que también al volverse dependientas de la autoridad o del gobierno.


En la década de los 70 en el siglo XX, John Rawls en Una Teoría de la Justicia (1971) y también Robert Nozick (1974) recurrieron a la existencia de un hipotético estado de naturaleza (Nozick y sus métodos de transacciones).


En conclusión, se puede defender el pacto social que converge en un contrato político defendiendo a la propia constitución que ha emergido de ese pacto social. Ello viene a significar que los gobernantes tiene la obligación contractual de respetar y hacer valer, por encima de cualquier interés personal o ajeno a la agenda del buen Estado de Derecho, los derechos inalienables y consustanciales de los ciudadanos y que, dicho sea de paso, ya les vienen dados y eran sus titulares de tales derechos desde el originario estado de naturaleza ya superado en la instauración del Estado de Derecho. 

 


No hay duda alguna, luego, que todo intento de una constituyente originaria, nace de ese estado de naturaleza al que los hombres en sociedad deciden retornar por haber fracasado el contrato político en el que creyeron, es decir, en la Constitución que los rige. Esto sería así desde la perspectiva de Locke. Sin embargo, en la perspectiva de Habermas, sería corregir el diseño constitucional desde la propia arquitectura constitucional actual, es decir, mediante una cláusula de reforma constitucional ya consagrada en el contrato político jurídico. Aun cuando Hume y Hegel hayan catalogado a ese estado de naturaleza como una “falacia naturalista”, quede claro que él constituye un presupuesto, tildado por algunos como “ficcional”, pero necesario para la construcción del constitucionalismo.


El contrato social o pacto social –Pactum Subjectionis- o de “Unión” (Hobbes), explica el fundamento filosófico y de legitimidad del Estado de Derecho, entre tanto que el enfoque político jurídico plasmado en la Constitución nos permite entender la estructura, fuerza legal y el funcionamiento institucional del Estado. Presupuesto ineludible del contrato político –la Constitución- es sin duda alguna el contrato social previo. ¡Dios bendiga a la Patria!

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