El Estado del delito

El Estado del delito en Panamá es de gravedad creciente. Una de las mayores tragedias es cuando los delincuentes visten de uniforme, sea de la Policía Nacional o de agencias privadas de seguridad. Y esto es así porque sería terrible que no se pueda confiar ni en quienes supuestamente están para protegernos. Los casos más notorios de homicidio agravado han sido producidos por guardias de seguridad que han provocado la muerte a personas que habían depositado su confianza en ellos. Esto es imperdonable. En algunos casos el homicidio ha sido la culminación de un iter criminis que inició con el robo, devino en violación y terminó en muerte. Lo peor es que los supuestos guardias eran personas con antecedentes delictivos de gravedad y fueron contratados a ciegas.
Así las cosas, es insostenible la posición de los diputados que se niegan a aprobar la Ley que permita pedir récord policivo a los aplicantes a trabajos, sobre todo a aquellos que aplican a puestos relativos a la seguridad y al servicio doméstico. ¿A quién protegen quienes se oponen a esta Ley? Definitivamente no es a los ciudadanos honrados. No queremos imaginarnos qué oscuros intereses pueden estar detrás de estas posiciones que conspiran contra los derechos humanos de los ciudadanos por supuestamente defender el "derecho al trabajo" de los ex convictos. Si un ex convicto se ha resocializado, es legítimo que se quiera reinsertar a la sociedad y para ello hay programas de adaptación, pero así como es legítimo querer certificar los conocimientos y destrezas de un aplicante común, también es legítimo que un empleador sepa a quién está contratando y decida darle la nueva oportunidad a conciencia.
Es absurdo que en este país sí se pueda saber quién no pagó una cuenta o quién giró un cheque sin fondos a través de los registros de crédito, pero no se pueda saber quién fue condenado por homicidio o por violación carnal o por abuso de menores. No es posible seguir negando una información tan vital. Y aquí el término vital lleva todo el sentido de la palabra. Si queremos vivir en un Estado de Derecho, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Si queremos continuar en este Estado del delito, sigamos negando el récord policivo.